Tras la estatización del cristianismo como religión del Imperio Romano (313) se acabaron persecuciones y penurias de la clerecía y surgieron entonces dos grupos del mismo cuerpo, pero divididos por diferencias de condiciones socioeconómicas y políticas: el bajo clero y el alto clero.
El «alto clero» poseía cargos jerárquicos de gran dominio; formado por cardenales, obispos y abades, ocupaban las principales dignidades de la Iglesia; regenteaban sus patrimonios y regían los poderes terrenales y divinos. Poseían opulencia en bienes suntuarios, catedrales y palacios. Recibían riquezas vía diezmos, donaciones, limosnas; atendían exclusivamente los sacramentos a los ricos y poderosos. En ese ambiente surgieron Papas como Alejandro Borgia que utilizó el pontificado para beneficio propio, de su familia y allegados políticos.
Realizando una labor más evangélica estaba el «bajo clero», integrado por sacerdotes, monjes y frailes descendientes de campesinos y artesanos urbanos; sus deberes eran mundanos, humildes y sin esperanzas patrimoniales. Su labor era evangelizar a los pobres y transmitir el mensaje de Cristo en penurias eclesiásticas, también impartían eucaristía y extremaunciones.
Me hubiese gustado tener datos de cuánto valía una comunión otorgada por el alto clero y cuanto la del bajo clero, convencido con honestidad que ambas tienen el mismo valor espiritual y salvífico.
En los últimos meses nuestro país ha vivido una convulsión política por la intención del Ejecutivo federal de reducir los costos del órgano electoral nacional; de acuerdo con estudios serios, uno de los más caro del mundo: cada voto individual mexicano costó 314.87 pesos en 2021; mientras que en Estados Unidos fue de 171.31; en España de 105.28 y en Alemania de 31.46.
Una «casta divina» conformada por consejeros; secretarios y cientos de asesores, gozan de sueldos multimillonarios que resultan ofensivos en un país con millones de pobres. Este año, en el que no hay elecciones federales, el INE manejará un presupuesto de 20 mil 221 millones de pesos. Solamente en los dos distritos de Torreón erogará 61 millones 751 mil 352 pesos, más 33 millones 623 mil 541 pesos para San Pedro, Coahuila; destacando que las elecciones locales serán cubiertas por el Instituto Electoral del Estado.
La gran deuda está al interior del INE; en un humilde sector explotado con jornadas excesivas, verdaderos esclavos de la democracia y prácticamente carentes de los más elementales derechos laborales. Les llaman «Capacitadores Auxiliares Electorales» (CAEs).
Los CAEs son esas personas que tocan nuestra puerta indicándonos que hemos sido insaculados para ser funcionarios de casilla en la siguiente elección. Cargan una mochila llena de material, visten obligatoriamente un chaleco color guinda y están dispuestos a dialogar con designados a cualquier hora y cualquier día de la semana para capacitarles; sus obligaciones son «24/7», llueva, truene o bajo un sol inclemente.
Para ocupar ese cargo tuvieron que pasar un examen y una entrevista. Sus sueldos, prestaciones y derechos son muy escuetos; salarios bajísimos: entre 8 a 11 mil pesos mensuales, no se otorga pago extra por trabajar sábado y domingo; cuentan con un seguro de gastos médicos colectivo que únicamente cubre accidentes menores, no suman para pensiones. La duración de su contratación es otro atentado a su dignidad; para este año 2023 solamente del 15 de enero al 15 de junio; exclusivamente cinco meses; pasadas las elecciones se despiden sin indemnización. El fastuoso último viaje de Lorenzo Córdova costó más que el ingreso mensual de todos los CAEs de Coahuila.
Entre los problemas que enfrentan es la indisposición de ciudadanos que les acusan de los pecados del alto INE; les cierran las puertas, en otras ocasiones hay acoso sexual y en muchas ocasiones les asaltan. Ellos son los verdaderos impulsores de la democracia. Cada CAE debe asegurar contar con funcionarios de casilla, instruyéndolos a profundidad; entregarles los materiales de la jornada electoral, cuidar sus casillas durante el proceso y estar atentos a cualquier eventualidad.
Ojalá el consejo general del INE, con su nueva conformación, atienda esta injusta situación laboral, se sumerja en ese bajo INE y corrija este mal que daña a los más humildes. La actitud de la nueva presidenta de bajarse el sueldo es excelente indicio, significa respetar la ley; aunque corre peligro que lo frenen sus pares de la SCJN con su característica ultra corrupción liberadora de saqueadores.
