INE: más leña al fuego

En un país polarizado, sin liderazgos sociales, con oposiciones raquíticas y elecciones en puertas, se buscan salvadores de la patria hasta por debajo de las piedras para plantarle cara a un presidente cuyo poder lo abarca todo. A río revuelto, muchos quieren trepar al pedestal de la historia, pero la mayoría tiene pies de barro. El expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lanza misiles retóricos desde su escritorio y emplea conceptos fuera de propósito como el de «guerra total», sobre el cual incluso expertos en el tema, de la talla del militar e historiador Carl von Clausewitz y el general Erich Ludendorff, prusianos ambos, tuvieron puntos de vista divergentes. En vez de teorizar, De Hoyos debería bregar en la arena de la política. El ejemplo lo tiene en Manuel J. Clouthier.

Si los ídolos de ayer fueron, en algunos sectores, un juez, por conceder suspensiones contra los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica; y un exministro de la Corte, por defender al Poder Judicial de los embates presidenciales, hoy son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por anular las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, postulados por Morena para los gobiernos de Guerrero y Michoacán. La falta —no comprobar gastos de precampaña— puede considerarse «menor» y la sanción «desmedida», pero si responden a la norma, deben aplicarse por igual a todos los partidos. Sin embargo, no siempre ocurre así.

Envuelto en el lábaro patrio, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se ha amparado para impugnar el presupuesto de egresos 2021 y el manual de remuneraciones de los servidores públicos para no sujetar su salario al del ejecutivo federal. La remuneración mensual neta de los consejeros del instituto es de 178 mil 324 pesos, y el de AMLO de 112 mil 122. La diferencia es de 66 mil 202 pesos. El órgano electoral, como otras entidades constitucionales autónomas, está en el punto de mira de la 4T. Su nombre y estructura actuales son resultado de dos elecciones presidenciales cuestionadas: las de Felipe Calderón y de Peña Nieto. La primera, debido al supuesto fraude contra AMLO; y la segunda, por haber sido el dinero al margen de ley, proveniente de distintas fuentes, quien la decidió.

Antes de cancelar las candidaturas de Salgado —acusado de acoso y violación sexual—, Morón y más de 40 aspirantes de Morena a diputados federales y alcaldes, y del pacto por la democracia firmado por AMLO y los gobernadores, al cual no fue invitado, el INE había aprobado nuevos criterios para asignar las diputaciones plurinominales con el argumento de evitar, bajo el paraguas de las coaliciones, la sobrerrepresentación del partido mayoritario. La decisión, celebrada por la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) echó más leña al fuego de la polarización. No por improcedente, sino por extemporánea. El acuerdo pudo haberse tomado hace uno o dos años y no con las elecciones encima.

Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se resolverán las impugnaciones por las candidaturas canceladas a Morena, están sujetos a presiones políticas. En 2017, el presidente Peña Nieto inclinó la balanza por el PRI para impedir la anulación de los comicios para gobernador en Coahuila y Estado de México por haber excedido el tope de gastos de campaña. La mayoría de los consejeros del INE se nombró en legislaturas dominadas por el PRI, PAN y PRD; y cuatro de los once, por la actual, controlada por Morena y sus aliados. En la clasificación de las instituciones más confiables del país de 2020, el presidente López Obrador tiene 7.1 puntos y el INE 6.7 (Consulta Mitofsky). El choque entre ambas no le augura nada bueno al país ni a la democracia.

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