En todo hay política, incluso en corporaciones cerradas como la milicia o las iglesias. Hay política porque en cualquier espacio de poder se dan disputas, interpretación y visiones más o menos encontradas. En la judicatura también, pero se diferencia respecto a los espacios convencionales de la política, porque el poder judicial se distingue por sus reglas y el método, que imponen restricciones que no existen en otros espacios.
Por ejemplo, para que una ley tenga que ser anulada debe pasar por un proceso, una deliberación rigurosa a partir de una ponencia razonada con espacio a las interpretaciones diversas y hasta encontradas para que finalmente venga una votación calificada. Para el caso del Pleno ocho de once ministros deben votar en el mismo sentido para invalidar una ley. La política en el Poder Judicial también se da en el nombramiento y la promoción, siempre privilegiando el rigor de juicio, la independencia y la experiencia. Aunque se pretenda, es suicida que prevalezca lealtad sobre capacidad.
La Constitución hace de la Corte una institución muy poderosa. Tan es así que puede revertir actos de autoridad de cualquiera, incluso del presidente de la República; también puede revisar la constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso, bien sea porque interfieran en las responsabilidades de otros poderes, órdenes de Gobierno o ámbito de competencia de órganos autónomos o porque son contrarias al texto constitucional. El Tribunal Electoral acompaña a la Corte en la salvaguarda de la constitucionalidad en materia político electoral.
No debe sorprender el desencuentro de poderes. Desde que la Corte cobró independencia del Ejecutivo con la reforma promovida por el presidente Zedillo a finales de 1994, la molestia o reclamo de los presidentes, de una o de otra forma, se ha hecho presente, más ahora con los nuevos términos del estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Ahora se exacerba el conflicto por la promulgación de leyes inconstitucionales redactadas con el deliberado cálculo de que no se alcanzarán los ocho votos para declararlas como tales. Eso ocurrió con la de la industria eléctrica y se volvió incentivo; en el último periodo de sesiones el Congreso quedó prácticamente anulado por el presidente. Lo que ahora está de por medio es la ausencia de un debido proceso legislativo para aprobar leyes y sus reformas. La situación no guarda precedente y es inevitable el desencuentro, no a partir del ánimo de la Corte de confrontar, simplemente como resultado de hacer valer la constitucionalidad de todo acto de autoridad, incluyendo, desde luego, el proceso legislativo.
Recientemente, la Corte resolvió sobre la primera parte del Plan B. La ponencia del ministro Pérez Dayán consideró innecesario ir al fondo de las reformas aprobadas por el Congreso. En su argumentación la violación al proceso legislativo estaba claramente acreditada y viciaba todo lo aprobado. Ocho de once ministros concurrieron con la ponencia, por lo que la primera parte de la reforma electoral quedó anulada. Significante y significativo el voto del ministro Zaldívar.
El abuso del Ejecutivo y su falta de rigor constitucional en la forma y el fondo, así como la complacencia de la mayoría del Legislativo ha producido múltiples reformas sobre las que será necesario la Corte se pronuncie sobre su inconstitucionalidad. El precedente que establece el Pleno anticipa que habrán de revertirse una diversidad de normas. Es previsible que se acentúe no sólo la inconformidad, sino la confrontación abierta del presidente sobre los integrantes de la Corte, actitud deplorable y ajena a las normas básicas de la civilidad política, especialmente porque la diferencia no está acompañada de razonamientos, sino de insultos a partir de la ignorancia y del interés político.
La política lleva mano en el sentido de que corresponderá a los comicios de 2024 los términos del mandato democrático para transformar a las instituciones y a los poderes de la República. Para el presidente López Obrador, contrariamente a la lógica de la reforma política, en el Congreso sólo deben estar las fuerzas principales con una sobre representación de las mayores; en el Poder Judicial Federal, los cargos de más jerarquía y los integrantes del INE deberán ser electos por voto popular, además de abrir espacio a la militarización formal de la seguridad pública. El voto ciudadano tendrá la última palabra, una decisión democrática y propia de la política.
La batalla del 2025
Si los votantes tuvieran idea de lo que vendrá en 2025 seguramente procesarían de manera diferente la realidad y con ésta las preferencias políticas. La batalla no será entre partidos ni proyectos, se tratará de salir adelante ante un escenario sumamente complejo que demandará una actitud de unidad de la diversidad y un ánimo de inclusión.
Viene una resaca de horrores en el marco de un país profundamente dividido con expectativas y hábitos perniciosos en extremo respecto de las autoridades como es el recibir dinero a cambio de nada. Por ello se ha deteriorado el aparato público en todos sus órdenes; en lugar de apoyar con generosidad a los necesitados se ha dilapidado dinero público con un propósito de evidente clientelismo político.
Los frentes abiertos son múltiples; el liderazgo de López Obrador y su prédica de condena del pasado y esperanza sobre el porvenir ha servido para amortiguar el deterioro social. Obligado es pensar cómo atenuar el descontento extremo, incluso el que habrá de surgir por la inevitable necesidad de reducir o racionalizar los subsidios a la población. Decisiones pospuestas, recursos distraídos de sus objetivos, afectación del aparato público y la necesidad de continuar con las obras en proceso, así como revertir el abandono de la infraestructura pública obligan a una profunda reforma hacendaria, que a su vez provocará inconformidad y rechazo de los pocos poderosos y de los muchos afectados.
Los militares por mandato constitucional y por elemental responsabilidad deberán disminuir el protagonismo que no pidieron y que los ha distraído de su tarea fundamental e insustituible. Su presencia en labores de seguridad pública no debe servir para que los mandos civiles dejen de cumplir con la encomienda constitucional que les corresponde. La expresión civil de la seguridad pública y de la investigación judicial deberá estar en el centro de las prioridades, esfuerzo que obliga al acuerdo plural, a la participación social y al entendimiento entre poderes públicos y órdenes de Gobierno.
Efectivamente, abatir la impunidad en todas sus expresiones debe considerarse la tarea fundamental para un mejor tránsito al futuro. Es tarea de todos y primero que nadie de las autoridades y de los poderosos. La transparencia y rendición de cuentas deberán ser la cotidianidad. Los desplantes de abuso de poder que denuesta a otros poderes, autoridades, particulares y adversarios deberán quedar en el repudio popular. La libertad de expresión habría de alcanzar su máximo esplendor a partir del rechazo al pasado inmediato.
Los problemas que el país deberá encarar en el 25 no se limitan a la política, la economía y al bienestar social. También está presente la lucha contra el crimen organizado. Hay prueba suficiente que las baladronadas no aportan, pero tampoco el pasado inmediato donde se asocian dos inercias incompatibles: complacencia y militarización. El tema deberá abordarse en todas sus aristas y el objetivo inmediato es recuperar territorios abandonados a la delincuencia. Una de las tareas institucionales de urgente inicio será adecuar el sistema de justicia, la promoción de un programa de largo aliento de fortalecimiento institucional de policías y el desarrollo de las capacidades institucionales en materia de procuración de justicia y de investigación de los delitos. Los funcionarios judiciales que realicen tareas en materia penal deberán contar con un régimen particular que les garantice la protección para ellos y sus familias.
En este Gobierno, México ha disminuido la esperanza de vida de 75 a 71 años. El promedio en los países de la OCDE es de 81 años. En parte se explica por la política criminal para enfrentar la pandemia, pero no es todo. Se destruyó lo deficiente para que prevaleciera lo inexistente. Ahora se le asigna a quien no corresponde la política de salud. Es elemental reconocer la magnitud del desastre y reemprender el camino para que el Estado cumpla con su responsabilidad de proveer salud a los mexicanos.
México en su conjunto deberá unirse para enfrentar la titánica tarea de reconstruir lo que ocasionó en el Gobierno la pretendida regeneración nacional. El desafío mayor en la batalla de 2025 será conciliar eficacia con consenso social.
