El sistema de justicia penal y la lucha contra la corrupción en México se empaña por el recurso injusto e innoble del encarcelamiento para investigar; quien lo padece por tiempo indefinido, además de perder su libertad es expuesto a la escarnio mediático
Características de la ¿derrota moral?
Hace dos años, el 17 de octubre se vivió uno de los episodios más bochornosos y comprometedores: cuando el joven Ovidio Guzmán fue detenido y liberado en una crisis en la que la impunidad ganó la batalla. Incidente que exhibe el penoso doble rasero de las autoridades en materia de justicia penal. Increíble que en el México de hoy día sea más fácil imputar y perseguir a científicos o a opositores que al crimen organizado.
Y tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre que en la lucha contra la corrupción y la impunidad no debe haber excepciones. Es un principio básico, la igualdad ante la ley, precisamente lo que no ocurre. En el país pervive el oprobio de la justicia inexistente en la abrumadora mayoría de los delitos, sean del fuero común o federal.
En la dimensión del caso Lozoya, nadie atiende el trágico penar del padre en busca de un acuerdo que libere o al menos contenga la acción legal contra la esposa, la hija, la nuera y sabe quién más, ellos son los «rehenes» que evitan que escape
No hay coartadas para justicia alguna, menos para la penal. Difícil y compleja tarea la del fiscal. Ante la ineficacia se opta por el peor de los caminos: la justicia selectiva. Casos emblemáticos que, en sí mismos, conllevan la desigualdad ante la ley y no sólo eso, hacen de la detención, de la privación de libertad a contrapelo de la norma —caso de Rosario Robles—, no sólo un medio para investigar, sino para sancionar sumariamente, aunque la prueba y el testimonio formal de culpabilidad lleve años.
Efectivamente, nuestro sistema de justicia penal y la lucha contra la corrupción y la impunidad se ve empañada por el recurso injusto e innoble de la detención para investigar. Quien padece la humillación de la detención prolongada, previa a la sentencia, ya perdió lo más preciado: la libertad, y también ganó la condena pública, independientemente de la valoración de pruebas y de la palabra final del juez. La detención preventiva es sentencia.
Una fotografía de un autoincriminado en el asunto más emblemático de la corrupción, asociado al caso global más representativo de corrupción entre empresa y Gobierno, Oderbrecht, dio un vuelco al proceso judicial. No fue una prueba, un señalamiento, una decisión judicial. No, no fue eso. Fue una fotografía que revelaba el acuerdo que obtuvo el acusado de parte de las autoridades al momento de la extradición y que le concedía lo que no ha sido la constante en la investigación penal de ayer, antier y ahora: el desarrollo del proceso en libertad. Libertad que muestra la fotografía, agravio no por sus razones, sino porque muestra el doble estándar a partir de la práctica generalizada de la detención para investigar.
La búsqueda de la verdad y la sanción son recursos del estado no para proteger a la sociedad de sus enemigos, sino una didáctica de control y sometimiento a los potenciales criminales que somos todos, como puede suceder en un delito imprudencial.
Obligado es pensar en el proceso penal con inculpados en libertad. No es impunidad, es civilidad, porque la presunción de inocencia es valor supremo del individuo frente al estado y a la sociedad ávida de culpables. Se entiende que las autoridades deben evitar que los presuntos responsables se sustraigan de la justicia o, incluso que puedan seguir delinquiendo si están en libertad. Las víctimas merecen atención, esto vale y mucho. Lo cierto es que la civilidad de una nación se mide con el trato a sus sentenciados, mucho más con aquellos sujetos a investigación.
En Estados Unidos, la libertad del procesado se garantiza con dinero; aquí, en los casos excepcionales, se ejerce acción penal contra la familia del acusado. Nadie atiende esta dimensión del caso Lozoya y el trágico penar del padre en la búsqueda de un acuerdo que libere o al menos contenga la acción legal contra la esposa, la hija, la nuera, la vendedora de un inmueble y quién sabe quién más. El grillete de Emilio Lozoya no es el dispositivo electrónico que alerta a las autoridades sobre su ubicación, sino lo qué ocurriría con los suyos en caso de fuga.
El otoño se regocija en el empeño de abatir la impunidad: la interminable y manipulada investigación de los jóvenes asesinados en Ayotzinapa, los responsables por el colapso de la línea 12 del Metro, la audiencia de Emilio Lozoya y sus pruebas para fundar los criterios de oportunidad, Alonso Ancira y la forzada transferencia de AHMSA, el fracaso de la acción legal contra los 31 científicos, y los odios represivos de la directora del Conacyt. ¿Y contra el crimen organizado qué se hace? ¿Cuál es la política pública contra el feminicidio y la violencia de género? ¿Hay ya orden de aprehensión contra el joven Ovidio?
Ahora es como antes: abatir a la impunidad con la coartada del espectáculo de la detención, en el intento fallido de satisfacer al respetable a partir de la discrecionalidad del estado en el ejercicio de la justicia.
La detención de Rosario
La detención para investigar es una reminiscencia del estado autoritario policiaco. Por ello el sentido común y la civilidad han impuesto la intervención del juez para valorar los elementos que justifiquen la privación de la libertad y, eventualmente, el inicio del proceso judicial. No se trata de detener, sino de investigar, de dar con la verdad, de si hubo delito y hay razones suficientes para que el imputado sea afectado en su mayor valor, su libertad y su honra.
El problema son las autoridades en busca de coartadas, no para encontrar la verdad, sino para construirla. Que el detenido confiese, aunque en la tesis no basta la autoincriminación; y que el detenido, a partir de la humillación que conlleva la cárcel, se someta, y que cobre ventaja el policía investigador. La tortura, que no deja de estar presente, es innecesaria, especialmente ante el inocente o para quien por primera vez encara el horror de la justicia penal, culpable o no.
Los policías con frecuencia son espejo de los criminales, no de los ciudadanos inocentes. Como también deben de serlo las cárceles. La búsqueda de la verdad y la sanción son recursos del estado no para proteger a la sociedad de sus enemigos, sino una didáctica de control y sometimiento a los potenciales criminales que somos todos, como puede suceder en un delito imprudencial.
La negativa del juez de distrito para que Rosario Robles desahogue el juicio bajo prisión domiciliaria es una derrota de la justicia que tutela los derechos de los ciudadanos. Es del todo cuestionable, por los antecedentes, que la señora pudiera fugarse de la justicia. Aun así, en caso de duda hay que optar por el valor supremo que es la presunción de inocencia y, por lo mismo, el derecho a llevar el juicio en condiciones menos gravosas que la cárcel, más cuando los delitos imputados no dan lugar a la prisión oficiosa.
La fotografía del autoincriminado, Emilio Lozoya, evidencia el doble criterio de la justicia penal mexicana. La diferencia es la discrecionalidad del estado y del mismo juez para quien «colabora» no con la justicia, sino con el policía y, sea dicho de paso, contribuye a fundar el argumento interesado de carácter político sobre la corrupción generalizada de quienes el régimen de Gobierno ve como enemigos. Rosario no participa de tal actitud ni de tal empresa. Aunque el delito imputado sea legalmente menor; para ella palo, para el otro pato laqueado.
En el caso particular y en la circunstancia, el problema no está en las pulsiones de venganza del presidente, o en la actitud de la Fiscalía para corresponder a tal pretensión, sino, en el peor de los escenarios, un juez que actúa oficiosamente para complacer al poder. Todo sería irrelevante si existiera una justicia que protegiera al ciudadano de las embestidas autoritarias, al invocar el principio de la presunción de inocencia. Ni siquiera se trataba de sentencia absolutoria, sino de algo más elemental y derecho de todos, evitar que la prisión preventiva sea sentencia.
Promiscuidad política
Andrés Manuel López Obrador no mide sus palabras y quizá por eso muchos mexicanos se identifican con él. Es un exceso calificar como promiscuidad política el encuentro de los aliados en el bloque opositor con integrantes de la organización «Sí por México», Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Además, no tiene sentido que lo diga un presidente que ganó con una coalición donde estuvo el PES, partido de derecha dura. Ahora se repite con la participación del PVEM, la contradicción más evidente a cualquier sentido de ética política, ya no digamos inconsistente con la prédica moralista de AMLO.
Como bien dice Jesús Zambrano, la preocupación del presidente es que se mantenga la alianza opositora y, todavía más, que el acto tuviera lugar en la casa del PRI, objetivo a cooptar y, además, con presencia de dos personas que él ve como enemigos. El presidente ve alejarse la posibilidad de romper con el bloque opositor y, consecuentemente, la aprobación de su contrarreforma eléctrica. Finalmente, Alejandro Moreno se sobrepuso a la insidia de su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, Caballo de Troya del régimen.
Para López Obrador todo acuerdo entre los adversarios será moralmente insostenible, no los suyos. Se dice que él ha sido congruente a lo largo de su trayectoria política. No es así. Si bien en 2006 rechazó la posibilidad de un acuerdo con la profesora Elba Esther Gordillo, por recomendación de Manuel Camacho, que hubiera significado la diferencia para ganar con buen margen la elección. Señaló que tal tipo de negociaciones eran inmorales y que prefería perder. Sin embargo, en la elección de 2018 recogió de todo, cascajo de todos los partidos y de todos los proyectos.
El pragmatismo de ahora y su sentido polarizado del país y de la política lo ha llevado a una doble moral que compromete el sentido de integridad que dice suscribir y que muchos mexicanos le reconocen. Con los de casa que quedan en entredicho por su integridad, en el peor de los casos despido o reacomodo; con los que se le someten, impunidad total, sean Peña Nieto, Carlos Salinas, Rubén Moreira, Alejandro Moreno o el mismo Emilio Lozoya, a quien obsequió una escandalosa condición privilegiada a pesar de ser un criminal confeso. Con los adversarios todo el peso de la justicia a modo.
El presidente ha transitado a un nuevo momento en su ciclo en el poder. Privilegia generar las condiciones para que su partido prevalezca en la elección de 2024. Sin embargo, son muchos los temas por atender y al margen de la lógica electoral que domina la visión del presidente y de su círculo cercano. El presidente requiere mantener la cohesión de su coalición, adelantar los tiempos sucesorios poco ayuda.E4
Características de la ¿derrota moral?
La debacle del régimen previo no sólo tiene que ver con la corrupción, causa del descontento y combustible para la propuesta populista que llevó al poder a AMLO, también es un tema de indolencia
Una de las expresiones recurrentes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es que los conservadores están moralmente derrotados. La expresión tiene un sentido de fatalidad, de que nada puede modificar las coordenadas de esa derrota que sucedió y quedó para siempre. No resulta claro qué es una derrota moral, pero sí que el presidente suele remitir al término moral como fundamento de su causa. Eso lo traslada a la bipolaridad del bueno o malo. Los buenos, obvio, la causa propia; los malos, la de los demás, inevitablemente los conservadores, no por serlo, sino por no estar con él.
A López Obrador le sirve plantear la disputa en términos morales, pero la batalla es de carácter político, de intereses no de ideales, como las de siempre y como cualquier otra. Así el presidente invoca la moral para hacer creer que lo suyo no es la lucha, vulgar y pueril por el poder ni por el cargo, sino por algo más trascendente: la patria. La realidad es otra.
Los adversarios, en política inevitables, no han sido derrotados en el terreno electoral. El partido gobernante puede perder la Cámara de Diputados o bastiones estratégicos, pero la obsesión de López Obrador es la popularidad, la aceptación. La cuestión es que la opinión no se reparte igualitariamente, los sectores de mayor influencia, minoritarios, seguirán alejados del decir y actuar del presidente, domiciliados, al igual que él, en el terreno del antagonismo.
Véase el ejemplo de la contrarreforma energética. AMLO y el conjunto del gobierno se han plantado con una oferta de cambio que significa un severo retroceso en planos como la competencia, la calidad de la industria y del mercado energético, el impulso de las energías limpias, la integración global y muchos más. Es un cambio de paradigma insostenible en términos de lógica y eficiencia económica y pública.
Sin embargo, los opositores —políticos y de la economía— no han podido articular una narrativa medianamente convincente para contrarrestar la avalancha propagandística del régimen. El resultado no debe sorprender: la mayoría de la población acepta los argumentos y las conclusiones que sustentan la propuesta presidencial; mientras, las cúpulas empresariales y sus representados esperan que el PRI les haga el trabajo. No les importa el hecho de que tan trascendental como el proceso legislativo es el debate mismo, y la legitimidad que ahora alcanza el despotismo burocrático que inspira la propuesta presidencial.
Ciertamente la derrota del régimen previo no sólo tiene que ver con la corrupción, causa del descontento y combustible para la propuesta populista que llevó al poder a López Obrador y a los suyos. También es un tema de indolencia. Los beneficiarios del cambio, que los hubo y en exceso, jamás se plantearon lo que AMLO sí hace día con día, que la legitimidad cuenta, que se requiere para preservar lo alcanzado. Es incomprensible su ausencia del debate público y de la «Ganaron y se echaron en la cama, como si fuera para siempre». Ahora pretenden ganar la batalla sin darla.
La derrota ellos mismos la construyeron y prohijaron para desgracia del país, más que para ellos mismos. Como siempre, camaleónicos y acomodaticios. El problema son los demás, los que no fueron ni beneficiarios, ni siquiera simpatizantes, del orden de cosas y que ahora padecen como nadie. Esa mayoría silenciosa que no alcanza a discernir la causa de sus males, mucho menos el camino adelante.
En realidad, no hay derrota ni triunfo moral. La vida y la política es un devenir ininterrumpido de sucesos y batallas. Ciclos que inician y concluyen. Hoy la política no vive su mejor momento, tampoco la democracia ni la vida pública. Al deterioro del pasado deviene el desastre presente. Lo bueno mucho se desdeña y destruye, y muy poco es lo que se logra. Los más son los que más pierden. Signo de una época que plantea la moral como sustento. E4
