Regularizar autos chocolate, el cuento de nunca acabar

El proyecto evidencia que el Gobierno federal es incapaz de hacer cumplir el marco legal, dice Coparmex. Preocupan las políticas populistas que dañan a sectores y no miden el impacto sobre una industria que en Coahuila genera 150 mil empleos, replica Riquelme

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Desde junio pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que firmaría un decreto para regularizar los vehículos extranjeros que han ingresado al país sin documentos ni permiso de importación —conocidos como «chocolates»—, el tema encontró el rechazo del sector empresarial.

Con la industria automotriz nacional convertida en uno de los principales canales de captación de divisas, gran impulsora del Producto Interno Bruto (PIB) y generadora de empleo formal, la reacción de organismos del ramo no se hizo esperar. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calificó la propuesta como «un premio a la ilegalidad en plena crisis».

«Los autos “chocolate” se podrán regularizar con un pago de alrededor de 2 mil 500 pesos, dinero que se quedará en cada estado y se usará para mejorar las vialidades».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El «Acuerdo para regularización de vehículos usados de procedencia extranjera» fue firmado por López Obrador el 16 de octubre, en Baja California. Dos días después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo difundió en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual formalizó la iniciativa y la preparó para su entrada en vigor.

«Con la regularización de vehículos fronterizos, el presidente de México actúa para atender el tema de la seguridad y los problemas sociales», afirmó durante la firma del decreto la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Vázquez.

«Han sido múltiples los intentos gubernamentales por poner orden. Ya las leyes se han adecuado para agilizar la importación de autos; el problema radica en la introducción ilegal, delito que beneficia a organizaciones criminales».

Coparmex

Por su parte, López Obrador precisó que «los autos “chocolate” se podrán regularizar con un pago de alrededor de 2 mil 500 pesos —que incluirá el cobro por legalizar la unidad y lo que corresponda a derechos estatales de control vehicular y laminado—, dinero que se quedará en cada estado y se usará para mejorar las vialidades». Es decir, será dinero etiquetado, no administrable a libre arbitrio por los Gobiernos estatales. Mencionó como ejemplo que en Baja California circulan 500 mil vehículos irregulares, y si se legalizan todos ellos se recaudarían cerca de mil 300 millones de pesos.

Entre las limitantes se estableció que, si bien el trámite abarcará unidades de todo tipo y de cualquier gama de lujo y año-modelo, solo aplicará para las que ya estaban en territorio nacional al día en que se firmó el decreto, y en estados de la frontera norte y Baja California Sur. Al trámite se vincularán las secretarías de Gobierno, Economía, Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana, para darles rostro, nombre y domicilio a estas unidades a través del Registro Público Vehicular (Repuve).

Rechazo

Además del empresariado, la propuesta no fue bien recibida por autoridades en Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme reprochó en Torreón «que se tomen decisiones unilaterales sin medir el impacto ni explicar cómo quieren regularizar los vehículos, por lo que ahora habrá que “entrarle al desmadre”, pues preocupan estas políticas populistas que dañan sectores y no miden el impacto real sobre una industria que en Coahuila genera 150 mil empleos» (El Universal, 18.10.21).

En esta entidad, el Congreso local hizo en 2014 una adición al Código Civil para penalizar a quienes fabrican, venden, distribuyen y entregan placas, engomados y documentos no oficiales para identificar vehículos, como hacen las organizaciones que afilian a los dueños de unidades extranjeras irregulares.

El entonces gobernador Rubén Moreira apuntó que «la ley no va contra quien tiene el vehículo, pero se le decomisa porque no se deben suplir las acciones de la autoridad oficial, que es la única facultada para emitir documentos de identificación vehicular. Si alguien más lo hace comete un delito» (La Jornada, 03.10.14).

Desde entonces, con ese argumento se han justificado los esporádicos pero recurrentes retenes y otras medidas aplicadas para detectar y decomisar unidades «irregulares», de las cuales, al paso del tiempo sin ser reclamadas, se desconoce su destino.

Apenas en agosto, tras un accidente ocurrido sobre el bulevar Venustiano Carranza, en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe, donde murieron cuatro personas y otras cuatro resultaron heridas, se comunicó que se investigarían las razones por las cuales la camioneta conducida por el policía estatal Erik Javier «N», causante del accidente, era un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos y con registro de «recuperado» (decomisado) por la Fiscalía General del Estado (FGE). El tema sigue en el limbo.

Riquelme agregó que «no es que no queramos que se regularicen, pero queremos que se hagan las cosas bien. Si se hace de manera paulatina puedes pactar con la industria. Somos un estado metido en la seguridad. Me interesa tenerlos empadronados pero no por eso voy a desmadrar la industria automotriz».

Otro que también manifestó su rechazo fue el expresidente Vicente Fox, quien descalificó el proyecto y en una publicación vía Twitter aseguró que habría un impacto económico negativo en la industria automotriz de México. «Por más que trates de endulzarlo es una regada más. Se perderán muchos empleos en la industria automotriz mexicana. Corrige!!» (17.10.21), comentó en mensaje al presidente. El posicionamiento de Fox es político, no económico, porque también él, durante su mandato presidencial, permitió en 2006 la legalización de más de un millón de autos irregulares.

Respecto al amago de AMDA sobre impugnar el decreto, AMLO refirió en la mañanera del 20 de octubre que «están en su derecho de combatir, aunque nuestra decisión se justifica porque darles un registro formal evitará que sean usados para cometer ilícitos. Además, son una opción para las familias que no pueden acceder a un automóvil nuevo y lo requieren para acudir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela». Apuntó que «no se considera que regularizarlos perjudicará a los distribuidores de unidades nuevas, puesto que hay mercado para todos, porque México está en crecimiento».

Anticipo de aprobación

La madrugada del 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación 2022, en la cual consideran que los recursos para el siguiente año serán de 7.88 billones de pesos; en el proyecto incorporaron, además, un artículo transitorio para etiquetar los recursos que se obtengan por la regulación de autos «chocolate». Con 267 votos a favor y 210 en contra de los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), fue avalado el dictamen y remitido al Senado.

En el documento se establece que los recursos que se obtengan por la regularización en la frontera serán considerados ingresos excedentes. «Los recursos a que se refiere se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados», menciona la minuta.

Importación sin freno

En el comercio de autos que cruzan ilegalmente la frontera, la diferencia de precios al público es la clave. Según datos de la AMDA, mientras una camioneta usada en el mercado formal puede costar más de 200 mil pesos, una ilegal de modelo similar se obtiene hasta por 50% menos, pero con la desventaja de lo complicado que será conseguir refacciones o talleres locales para mantenimiento.

La AMDA indica que, tan pronto como se anticipó que se legalizarían los autos, el número de unidades que cruzaron la frontera creció 36% en agosto de este año en comparación con el año anterior y 85% si se le compara con el mes previo. Se calcula que, durante los primeros ocho meses de 2021, 106 mil 502 vehículos «chocolate» fueron comercializados en mercados públicos en México, principalmente en la frontera.

Frente a eso, el sector empresarial advierte pérdidas por diferentes vías. Primero, el respaldo del Gobierno representa competencia desleal. La AMDA estima que el valor de mercado de los vehículos legales en circulación puede devaluarse de 20 a 30%, y eso afecta al patrimonio de quienes han seguido las reglas. «Es un pésimo mensaje para quienes sí cumplen con la ley», apunta, y sostiene que la medida premia a las mafias y a la burocracia que las tolera. El Gobierno también pierde al no recibir impuestos (IVA e ISR).

Crisis sectorial

Frente a un contexto económico afectado también por la pandemia de COVID-19, con descenso de ventas formales de vehículos nuevos y seminuevos en el último año, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó en un comunicado su respaldo a la industria automotriz nacional y llamó al Poder Legislativo para detener «la regularización de autos producto del contrabando y tráfico ilegal».

Señala que son contrabando, perjudican al medio ambiente, favorecen a células criminales de tráfico de vehículos, blanquean el delito de adquisición de bienes con recursos de procedencia ilícita, afectan la generación de empleos en el sector automotriz, y merma las ventas de autos nuevos.

En contraparte, propone al Poder Legislativo establecer condiciones para que cada vez más mexicanos se desarrollen en la legalidad, en un contexto económico, político y social que mejore su calidad de vida, no solo en sus necesidades primarias, sino también para adquirir bienes duraderos. Insta a crear incentivos para la compra de vehículos nuevos con programas financieros, eliminar duplicidad de impuestos, establecer un programa de entrega para destrucción de vehículos irregulares a cambio de la condonación de impuestos en la compra de uno nuevo, y generar certidumbre para el desarrollo y crecimiento de la industria automotriz mexicana.

Para la Coparmex, concretar la legalización convertirá a nuestro país en el «basurero automotriz» del mercado estadounidense, en depósito de vehículos obsoletos que ya incumplen las regulaciones en el país vecino. Refiere que en el proceso de regularización impulsado en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la comercialización de automóviles legales en México disminuyó 30%, porque enfrentaron competencia desleal con el mercado formal de automóviles, y además se transfieren recursos al exterior, sin dejar impacto positivo en nuestra economía.

Esa medida no favorece la tendencia mundial de transitar hacia alternativas de transporte amigable con el medio ambiente, enfatiza la Coparmex y aclara que «la afectación más grave es al Estado de derecho, pues con ese tipo de políticas se lanza una nueva señal de incapacidad del Gobierno federal para hacer cumplir el marco legal del país». E4

15 millones  de unidades ilegales han ingresado al país desde la última regularización en 2006, según el Gobierno federal.

Efectos negativos de la legalización de autos «chocolate»:

• No genera impuestos en ningún orden de gobierno.
• Fomenta el contrabando rodante.
• Perjudica al medio ambiente.
• Beneficia a las células criminales de tráfico de vehículos.
• Blanquea el delito de adquisición de bienes con recursos de procedencia ilícita al impedir conocer el origen de los mismos.
• Afecta la generación de empleos en el sector automotriz.
• Disminuye las ventas de autos nuevos.

Número de vehículos usados importados (de enero a agosto de cada año) desde la frontera norte de México:

• 2021  106,502
• 2020  78,494
• 2019  103,063
• 2018  91,583
• 2017  76,238

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (octubre 2021).

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Onappafa vuelve a pescar en río revuelto

Sin pérdida de tiempo, en la Región Lagunera ha dado inicio el proceso para la integración de expedientes encaminado a la regularización de autos «chocolate». Mediante comunicados y redes sociales, el fundador y dirigente del Consejo Nacional de la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar, (Onappafa), José Guadalupe Barrios, con oficinas en Gómez Palacio, Durango, convocó a los propietarios de este tipo de unidades a informarse.

Indica que piden el Shipper Export, un formato estadounidense que incluye documentación, historial del vehículo y dónde se fabricó, para contrarrestar argumentos de que son vehículos robados o chatarra, porque el Shipper Export no los acepta.

En La Laguna, la información y recepción de documentos en Onappafa se dirige a los usuarios de vehículos de procedencia extranjera que ya circulan en Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco I. Madero, municipios donde se estima que existen alrededor de 300 mil unidades.

El organismo señala que tienen conocimiento del tema porque antes de la pandemia ya estaban presentes en las reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la Secretaría de Economía (SE) para establecer mecanismos y requisitos.

Indica que la documentación necesaria para la conformación del expediente consiste en dos copias del título (de propiedad), dos copias de la credencial de elector, dos copias de la licencia de manejar actualizada, dos copias de comprobante de domicilio, dos copias de la póliza de seguro y daños a terceros, ante lo cual Onappafa pone a disposición el convenio que hicieron con seguros ABC.

También requieren el Shipper Export Declaration, documento que no se había pedido en los procesos de regularización anteriores. Este lo deberá expedir Estados Unidos pero la organización lo tramitará en paquetes directamente a la Unión Americana y representa un similar a la baja del vehículo, que contiene datos del lugar de origen de fabricación, las condiciones en las que se encuentra y si no está involucrado en alguna situación ilícita en el vecino país del norte.

De cara a los señalamientos de líderes políticos regionales, Barrios enfatiza que «dejarán de entrar vehículos irregulares al país cuando consigan que haya empleos con buenos sueldos», y llamó a los empresarios a mejorar las condiciones salariales de sus empleados.

José Guadalupe Barrios señaló que alrededor del 98% de los automóviles de procedencia extranjera que circulan por el país de manera irregular, se utilizan como herramienta de trabajo.

En esta regularización —séptima que realiza la organización desde hace 30 años y la menos costosa para los usuarios— se espera que participen más de 15 millones de vehículos a nivel nacional. E4