La nueva versión del dedazo presidencial

En el viejo régimen de partido hegemónico, cada seis años, llegados los tiempos, el presidente, de la República decidía quién habría de sucederlo. Esto todos lo sabían, aunque el mundillo oficial simulaba desconocer que así fuera. Se trataba de fingir que el proceso del relevo presidencial se ajustaba a cánones democráticos, porque concluía en una multitudinaria asamblea que por unanimidad, siempre por conmovedora  unanimidad, aprobaba al ungido.

El engaño, la simulación y la mentira eran el sustento de aquellas farsas sexenales, conocidas como «El Tapadismo», las cuales tenían su desenlace en el Dedazo.

Una farsa no similar sino peor —por aquello de «no somos iguales»—  es la que ha construido el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Peor por más grotesca, ridícula y bufonesca. Pero el dedazo será el mismo. Y como en el pasado, sólo engañará a quienes acepten ser engañados. Por eso, con ingeniosa ironía, Héctor Aguilar Camín ha teorizado al respecto y dicho del corcholatismo que «es la fase superior del Tapadismo».

Imposible abordar este asunto y toda su parafernalia en un solo texto, necesariamente breve. Ya algunos analistas, con acierto aunque de manera insuficiente, han señalado que este innominado proceso es clara, abierta y flagrantemente violatorio del marco jurídico electoral.

Y que lo anterior, a la luz de los precedentes establecidos el año antepasado por la autoridad electoral en los comicios para gobernador de Michoacán y Guerrero, deberá tener las mismas consecuencias de estos casos. El autor de esta farsa, es decir, el presidente, no puede ignorar estos precedentes y otros similares. Por lo que se ha de entender que el reto que López Obrador lanza a la vigencia del orden jurídico puede tener otros propósitos. Que no sería remoto que incluso sean golpistas.

Queriéndose pasar de listo, para justificar su maniobra, López Obrador ha declarado que el recién iniciado proceso partidista no es para seleccionar al candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024, sino de nombrar al coordinador nacional de defensa del movimiento de la cuarta transformación.

Para ello, en reunión nocturna que el propio López Obrador sostuvo con las llamadas corcholatas, dirigentes de Morena y varios gobernadores, el pasado 5 de junio, con puntualidad y detalle les expuso las condiciones, requisitos, tiempos y modos que habrá de tener el proceso para simular que su candidata presidencial será designada «democráticamente».  Y los interesados, con sumisa obediencia y sin chistar, firmaron estar de acuerdo en todo.

Luego, al más puro y rancio estilo priista, el consejo nacional de Morena aprobó el domingo siguiente, 11 de junio, lo que seis días antes ya había dictado el autócrata. Informó la prensa que ni una hora de duración tuvo esa encerrona de los consejeros morenistas. Por cierto, en otra ocasión bien vale la pena analizar ese documento partidista de once cuartillas que contiene los «acuerdos», por tratarse de un monumento a la ignominia política, testimonio de intolerancia y manual de la antidemocracia.

Pues bien, resulta que los Estatutos de Morena, en ninguno de sus artículos, establecen la existencia de una «coordinación de defensa de la cuarta transformación». No funciona, o no debe funcionar esta coordinación porque no existe en la realidad ni en el mundo jurídico interno de Morena. Es una fantasía, una mera ficción para justificar la farsa de la nueva versión del dedazo.

El artículo 14 de los Estatutos de Morena es el que establece la estructura orgánica de ese partido. Su texto es un verdadero galimatías, algo tan incoherente e ininteligible que seguramente la dirigencia morenista vio la necesidad de adicionarle un artículo 14 Bis para tratar de explicar el artículo previo. Dicho artículo 14 Bis enumera los órganos de Morena, que clasifica en 8 diferentes tipos (a saber: órganos constitutivo, de conducción, de dirección, de ejecución, electorales, consultivos, jurisdiccional y de formación), los que a su vez se desdoblan en 21 órganos específicos en los ámbitos geográficos y jerárquicos, según su naturaleza. Pero no se enuncia absolutamente ninguno que se denomine Coordinación de  la defensa de la 4T o algo parecido.

¿Cómo entonces se justifica que un órgano de Morena, como es su consejo nacional, determine las reglas para una «Coordinación» estatutariamente inexistente? ¿Cómo justificará ese partido ante la autoridad electoral el otorgamiento de recursos, que finalmente son públicos, para la realización de tal proceso, que en realidad es una farsa? Veremos.