Los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y las instituciones en general deben ser juzgados por sus méritos y resultados, no por simpatías o por inquinas; tampoco por los poderes fácticos y los grupos de interés. Desde esta perspectiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso (las dos cámaras) y el sistema de justicia están reprobados. El primero, por incumplir su promesa de entregar un país pacificado, un sistema de salud a la altura de los mejores del mundo y una educación de calidad. El segundo, por obedecer ciegamente a las cúpulas partidistas y dar la espalda a la ciudadanía a la cual jamás consulta sobre las reformas que aprueban. Y el tercero, por la impunidad: de cada diez delitos, al menos nueve no son castigados.
Los poderes Ejecutivo y Judicial se confrontan de nuevo en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, ahora por la extinción de 13 fideicomisos, aprobada por los diputados y senadores de Morena y los partidos Verde y del Trabajo. La medida le permitirá a la Tesorería de la Federación disponer de más de 15 mil millones de pesos para programas del Plan Nacional de Desarrollo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tenía reservas por 4 mil 722 millones de pesos para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; 4 mil 308 millones para infraestructura por las reformas constitucionales en materia de justicia federal; 76.5 millones para mantenimiento de vivienda de magistrados y jueces y 69 millones para apoyos médicos complementarios. El fondo de pensiones adicionales para los mandos superiores de la Suprema Corte de la Nación (SCN) sumaba 832.8 millones de pesos y para los niveles medios y personal operativo, 2 mil 972 millones.
El CJF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el sindicato de trabajadores del Poder Judicial respondieron con paros, marchas y prendieron fuego a monigotes con la imagen del presidente López Obrador. Envuelta en la bandera de la autonomía, la SCJ defendió privilegios; y el gremio, derechos supuestamente violados. Ciudadanos de distintas capitales apoyaron las protestas, como antes lo hicieron para solidarizarse con el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque ahora sin el mismo vigor y participación. Una de las razones es que al INE lo sienten suyo y al Poder Judicial ajeno y distante. Al final nada valió, pues imperó la decisión de la mayoría oficialista en el Congreso.
El repentino interés de los partidos de oposición y de otros sectores por la Corte se inscribe en la lucha por el poder, propia de toda democracia, como igual lo es el disenso entre instituciones. La guerra Israel-Hamás, nada menos, fue precedida por un conflicto político y social causado por la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu, autorizada en julio pasado por el Knéset (Cámara de Diputados), donde el Partido Likud y sus aliados tienen mayoría. El plan provocó una ola de protestas por atar las manos al Tribunal para revertir las decisiones del Gobierno. El temor del Servicio de Inteligencia y Operaciones Especiales (Mosad), en el sentido de que limitar a la Corte pondría en riesgo la seguridad, se cumplió el 7 de octubre.
Una de las reformas pendientes del presidente López Obrador es, por cierto, la judicial, tendente a elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas y no en el Senado, como condición para erradicar vicios y abatir la impunidad. Sus críticos ven una trampa para apoderarse del Poder Judicial, tema discutible. La falta de tiempo y de mayoría calificada en el Congreso impidieron llevarla a cabo, pero la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido retomarla en caso de ganar la presidencia, lo cual es altamente probable.
Presupuesto y elecciones
Durante los 89 años previos a la alternancia de 2018, el PRI y el PAN repartieron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de acuerdo con las prioridades e intereses del presidente de turno y de las fracciones parlamentarias de cada partido. Pudieron hacerlo —juntos o por separado, según la época— porque controlaban las principales comisiones del Congreso y tenían los votos suficientes. Para afrontar la crisis económica por el «error de diciembre» de 1994, incubada en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los diputados del PRI aprobaron un aumento del 50% al IVA. La gota colmó el vaso y el partido gobernante perdió por primera vez la mayoría en la Cámara Baja, situación que inauguró un periodo de 21 años de Gobiernos divididos.
El país volvió al Gobierno unificado cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y la coalición Morena-PVEM-PT se hizo con la mayoría en ambas cámaras. A partir de entonces, el PRI y el PAN perdieron influencia en la distribución del gasto y en otras áreas estratégicas. Hoy la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la componen 31 diputados del bloque oficialista y 12 del frente PRI-PAN-PRD. Las jerarquías de estos partidos buscan, antes incluso que obtener la presidencia, dominar el Congreso. Así podrían recuperar prebendas y presionar a Claudia Sheinbaum, la favorita para suceder a AMLO en Palacio Nacional.
La falta de un presidente fuerte (Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto nunca lo fueron) permitió a los gobernadores lograr ventajas y recibir mayores presupuestos de la federación, no siempre bien invertidos, pues los diputados y los senadores eran subordinados suyos. López Obrador rompió ese círculo y puso a los estados a dieta rigurosa. La Ley de Ingresos de 2024, aprobada por los legisladores de Morena y sus satélites, prevé captar 9.6 billones de pesos, de los cuales casi dos billones serán deuda interna para completar la meta proyectada.
El PRI y el PAN se escandalizan por el endeudamiento —disparado también en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto— como Morena lo hizo cuando era oposición; ese es su papel. El argumento técnico lo brinda Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda. Según el funcionario, en 2018 la deuda interna del país con respecto al PIB rondaba el 45% y ahora representa el 43%. El nivel subió al 52% debido a la pandemia y a la depreciación del peso que llegó a cotizarse casi a 25 unidades por dólar. El objetivo, dice Yorio, consiste en cerrar en 48.8%, punto y medio por debajo del 50% establecido en la política financiera de la 4T. Si la Ley de Ingresos pasó los filtros sin cambios mayores, lo mismo puede esperarse del PEF 2024, cuya aprobación corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados. El 15 de noviembre es la fecha límite.
El presupuesto de egresos es el instrumento de la política pública del Gobierno para distribuir, de acuerdo con la Constitución (y con la ideología de cada partido), los recursos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos. Asimismo, asigna las transferencias a los Gobiernos estatales y municipales. Su impacto político, económico y social es enorme. Sin embargo, quien reparte el pastel no siempre gana las elecciones. Así sucedió a partir de 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia. Si la estrategia de AMLO, de darle al gasto un sentido social y que impulse la infraestructura, funciona en términos electorales, se verá el 2 de junio entrante, cuando los mexicanos acudan a las urnas.
