El problema capital de México es la impunidad. La falta de castigo estimula las conductas ilícitas y multiplica el delito. Por eso resulta relevante que el exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam, haya sido vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso de Iguala. El embeleco de la «verdad histórica» mediante la cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió zafarse y dar carpetazo a la desaparición y asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, cayó por su propio peso.
La prensa nacional y extranjera ha informado puntual y profusamente sobre este suceso, uno de los más deleznables cometidos en nuestro país en tiempos recientes. La cobertura comprende desde la desaparición de los normalistas hasta el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, presentado el 26 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Es el primer crimen de Estado reconocido como tal por el Gobierno en virtud de la participación de un grupo criminal y de agentes de instituciones del Estado mexicano. La omisión y negligencia de las autoridades federales y estatales en la investigación ha quedado demostrada.
«La verdad histórica se diseñó en los más altos niveles, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República y la discusión de estos temas; es ahí donde habrá que ubicar no solo el diseño sino la operación e implementación de estas acciones», declaró Encinas. «La alteración de este crimen» se presume en múltiples casos «y está plenamente acreditado haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas», dijo el funcionario durante la presentación del informe en Palacio Nacional.
Las 83 órdenes de aprehensión libradas por el caso Ayotzinapa son contra 20 mandos militares, entre ellos un coronel, y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala, cinco funcionarios administrativos y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis policías de iguala, un policía municipal de Cocula, 11 estatales de Guerrero y 14 presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los cargos que enfrentan son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de la justicia.
Pese a su jerarquía como procurador, Murillo Karam, miembro de la clase política nacional y exgobernador de Hidalgo, es un eslabón de la cadena. El jefe de Estado y de Gobierno era Peña Nieto y la Comisión para la Verdad debe alcanzarlo para que en verdad haya justicia. En las matanzas de Tlatelolco (1968) y del Jueves de Corpus (1971), también contra estudiantes, la «dictadura perfecta» protegió a los responsables —políticos y militares—, localizados en los máximos puestos del Estado mexicano. El país no soporta más impunidad ni abusos de los poderosos.
El derrumbe de la verdad histórica la hicieron posible la lucha permanente de los padres de los normalistas, la presión de organizaciones internacionales, el trabajo de la prensa, la alternancia en el poder y la voluntad política. Pero, sobre todo, el hartazgo social hacia una clase gobernante rapaz, incompetente e insensible. En Coahuila, las matanzas en Allende y Piedras Negras, donde también hubo participación de un grupo criminal y de autoridades, esperan respuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Corte Penal Internacional.
