El laberinto de violencia que atrapa al país obedece a políticas fallidas y a una trama de intereses políticos, económicos, castrenses y de organizaciones criminales urdida desde mediados del siglo pasado, e incluso desde antes, a partir del contrabando armas y mercancías de Estados Unidos a México. El fenómeno permaneció bajo control mientras el Gobierno federal dominó a los demás actores. La barbarie empezó cuando el PRI perdió la presidencia y los gobernadores trataron directamente con los narcos. La paz previa se basaba, en palabras del exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en arreglos con los carteles para convenir las rutas de la droga, seguramente a cambio de grandes tajadas. Una de las condiciones consistía en dirimir las diferencias entre ellos, sin llamar demasiado la atención en las calles ni en los medios de comunicación.
Autoridades estadounidenses acusaron a los exgobernadores Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo), Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas) y Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit) de vínculos con el narcotráfico. Los dos primeros fueron sentenciados tras declararse culpables. El tercero permanece detenido por la Fiscalía General de la República. Villanueva, uno de los preferidos del presidente Carlos Salinas, «recibía alrededor de USD 500,000 por cada cargamento que le permitía realizar al Cartel de Juárez. A cambio de esa suma, Villanueva consentía almacenar la droga en ranchos de la entidad para después ser trasladados vía terrestre o aérea a EE. UU.» (Infobae, 29.10.19).
Al igual que a los capos de Colombia la justicia de su país les tenía sin cuidado, los políticos de México tiemblan cuando Estados Unidos los reclama. En el caso de Yarrington, por tráfico de drogas, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y colaboración con carteles de la droga desde que era alcalde de Matamoros. El tamaulipeco huyó a Italia en 2012. Cinco años después, la policía lo detuvo en Florencia con base en una notificación roja de la Interpol. Para evitar su arresto presentó una identidad falsa.
Sigal Mandelker, exsubsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, denunció a Sandoval y colaboradores de su administración por enriquecerse «cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas. Éstos y otros funcionarios corruptos se enfrentarían a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de Estados Unidos» (El Financiero, 17.05.19). La supuesta relación de Sandoval era con el Cartel Jalisco Nueva Generación, al cual se atribuye el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en 2000.
Dos años antes (el 27 de marzo de 2017), el FBI había prendido a Édgar «el Diablo» Veytia, fiscal del Gobierno de Nayarit, en la frontera Tijuana-San Diego, California. Se le acusó de pertenecer a una red de narcotráfico y de conspirar para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos. El gobernador Sandoval se hizo el sorprendido y evadió el tema con retóricas. Para evitar una sentencia de por vida, Veytia se declaró culpable y colaboró con la justicia de Estados Unidos. Recibió una condena de 20 años, pero también abrió las cloacas. En la audiencia del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Veytia dijo que las órdenes de proteger al cartel del Chapo Guzmán las recibió del funcionario calderonista y de los gobernadores Ney González y Roberto Sandoval.
El mismo año de la detención de Veytia, la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el informe «Control… sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río Texas», donde se denuncian «sobornos de millones de dólares pagados (…) a cambio del control total del estado». Menciona también las masacres en Piedras Negras y Allende. El expediente sigue abierto. La justicia en Estados Unidos puede tardar, pero no olvida.
Fenómeno estructural
La violencia en México no llegó con Felipe Calderón ni se irá con Andrés Manuel López Obrador. Tampoco con quien le suceda en el cargo a partir del 1 de octubre de 2024. Las cabezas de la hidra son tantas y cada cual responde a causas tan profundas y diversas, que arrancarlas de cuajo, como Hércules lo hizo con la de Lerna, resulta imposible. La tesis según la cual Calderón le declaró la guerra al narco para legitimar su elección cuestionada tiene sustento, pues ha sido costumbre recurrir a golpes de efecto para desviar la atención de los escándalos. Salinas encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia para enviar un mensaje de fuerza; y Peña Nieto, a la cacique magisterial Elba Esther Gordillo para apretarle las clavijas.
La estrategia de ambos fue la misma e igualmente devino fracaso, pues no atacó una de las raíces más perniciosas: la injusticia social, solo sus efectos. López Obrador prometió acabar con la violencia, consciente de que no cumpliría. La política de «abrazos, no balazos» se tomó de manera literal, cuando en realidad busca abandonar la táctica de exterminio aplicada en los Gobiernos previos, apoyada por la derecha. La Guardia Nacional es lo único novedoso de la 4T. En lo demás, las intervención de las fuerzas armadas en temas de seguridad no solo se amplió, también se extendió a otras funciones, ajenas a las que le asigna la Constitución.
Movidos por enconos personales y agendas políticas, algunos detractores de AMLO presentan un país en llamas, pero no lo está. La violencia preocupa, más no es generalizada. Al mes de abril pasado, los estados más peligrosos según el número de homicidios dolosos fueron: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán y Nuevo León (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del primer trimestre de 2023 arrojó los siguientes datos: en marzo el 62.1% de la población de 18 años de 75 ciudades de interés dijo sentirse inseguro. El Inegi registra «un cambio estadísticamente significativo», pues en diciembre y marzo de 2022 los porcentajes eran de 64.2 y 66.2% respectivamente.
Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan de Juárez, Ciudad Obregón, Uruapan y Colima fueron las ciudades consideradas por la misma población como las más inseguras. En San Pedro Garza García, Benito Juárez, Piedras Negras, Los Cabos, Saltillo y Tampico la percepción de inseguridad es menor. En cuanto al desempeño («muy bueno o efectivo») de las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia, la Marina ocupa el primer lugar (85.6%), seguido por el Ejército (82.5%), la Guardia Nacional (73.6%), las policías estatales (53.2%) y las policías preventivas (45.6%).
Con respecto a los niveles de confianza en los actores de la administración pública, medido en una escala de 0 (nada) y 10 (completamente), el presidente obtuvo en marzo el 50.9%, los gobernadores el 31.8% y los alcaldes el 29.2%. Junio fue el mes más violento de la primera mitad del año con 2 mil 303 homicidios dolosos (76.7 diarios). La mayoría se cometió en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Guerrero. Lavarse las manos por la violencia resulta ocioso. Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la ciudadanía deben asumir sus responsabilidades en vez de culparse entre sí.
