La relación prensa-Gobierno siempre será complicada. José López Portillo, cual si fuese dueño del presupuesto, pontificaba: «No pago para que me peguen». Vicente Fox, el primer presidente surgido fuera de la «dictadura perfecta», recomendaba a los mexicanos seguir su ejemplo y no leer periódicos. Peña Nieto reprochaba a los medios de comunicación, en los cuales derramó carretadas de dinero: «Ningún chile les embona». Andrés Manuel López Obrador los confronta. Para el líder de la Cuarta Transformación, sectores amplios de la intelectualidad, de los massmedia y de la comentocracia forman parte de la «mafia del poder».
El trato entre el poder y la prensa se mantuvo sin variación en las primeras alternancias. Los Gobiernos de Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto siguieron la misma receta. El primero lo hizo para prolongar la euforia de un triunfo devenido en frustración; y sus predecesores, forzados por ser producto de unas elecciones fraudulentas. Calderón trataba de ocultar la sombra de la ilegitimidad; y Peña, el gasto desmesurado y su complicidad con los medios de comunicación sin los cuales quizá no habría llegado a Los Pinos. No de balde se le denominó «telepresidente».
Ernesto Zedillo, quien sentó las bases para la alternancia, también fue el primero en atreverse a romper con su predecesor (Carlos Salinas de Gortari) al encarcelar a su hermano Raúl Salinas bajo los cargos de enriquecimiento ilícito (el Gobierno de Suiza le embargó cuentas bancarias por 122 millones de dólares) y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI. Salinas estuvo preso más de 10 años. En 2005, un juez lo absolvió por falta de pruebas; y para más inri, también recuperó su fortuna. «Buena parte de la opinión pública está convencida de que su liberación ha sido posible gracias a un arreglo entre el Gobierno (encabezado por Fox), el poder judicial y la familia Salinas, aunque todos los niegan rotundamente», dice el reportaje «Sangre, dinero y poder» de Francesc Relea (El País, 26.06.05).
El mismo rotativo español informó el 13 de septiembre de 1996: «En medio de un fuerte escándalo fue detenido ayer uno de los principales magnates de la prensa mexicana, el editor Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario del influyente diario El Universal, el segundo del país. (…) era acusado por el Gobierno de evadir al fisco alrededor de 5,4 millones de dólares (675 millones de pesetas). El editor permaneció unas horas detenido, ya que el juez decidió su libertad provisional previo pago de una fianza de casi dos millones de dólares (300 millones de pesetas). La reacción del periódico no se hizo esperar, y ayer, desde su primera página, negaba las imputaciones contra su editor y acusaba con virulencia al Gobierno de Ernesto Zedillo de atacar con “represión y terrorismo fiscal” la libertad de expresión en México».
En la política, como en el periodismo y en cualquier actividad, hay buenos y malos, canallas y honorables, cínicos y gente comprometida con su tarea. La polémica entre el presidente López Obrador y Carlos Loret de Mola ha dividido a la opinión pública y a los sectores que ven en ella la oportunidad de denigrar a uno y a otro, y, por extensión, a sus respectivos oficios. La libertad de expresión no debe servir de pretexto para atizar el encono ni transgredir los límites de la civilidad y el respeto. En este caso, los responsables de preservarlos son el Gobierno y los medios.
