Una vez decidida la elección de gobernador vendrá la resaca de cada seis años por un resultado que alienta a unos y decepciona a otros. Más de medio millón de ciudadanos votó por los candidatos de oposición, pero casi tres cuartos de millón lo hicieron por el oficialista Manolo Jiménez. El abstencionismo rozó esta vez el 54% (un millón desairó las urnas). Quizá lo hicieron porque los aspirantes no cubrieron sus expectativas o por la náusea provocada por los partidos. Rara vez se nombra a los mejores y quienes acceden al poder casi siempre abusan y defraudan la confianza ciudadana. «Si en la república de las plantas existiera el voto universal, las ortigas desterrarían a las rosas y a los lirios», advierte el filósofo francés Jean Lucien Arreat.
A pesar del activismo de organismos civiles —algunos claramente oficialistas, otros embozados y algunos de buena fe— para promover el voto, la historia volvió a repetirse. No hay nada nuevo bajo el sol. Las campañas son un juego en el cual los pretendientes ofrecen todo (por ejemplo: «Construir un puente incluso donde no hay río», Nikita Kruschev, dixit) y los votantes fingen tragarse el anzuelo. Los partidos dependen de sus estructuras. El voto libre les asusta y por tal razón lo evaden. Sin embargo, cuando la ciudadanía decide participar y recordarles a los políticos quién manda realmente, no hay maquinaria ni Gobierno capaces de contenerla. Las alternancias de 2000 y 2018, sin duda las más relevantes, son prueba irrefutable. Al final, como advierte el poeta y diplomático estadounidense James R. Lowell, «La democracia da a cada uno el derecho de ser su propio opresor».
«Prometer no empobrece». El lema, favorito de los políticos en campaña y en el Gobierno, es una licencia para mentir. Para darle formalidad a sus embustes, llegan a firmarlos ante notario. Si ni ellos mismos se los creen, la ciudadanía, menos. Peña Nieto faltó a la mayoría de las 266 promesas que suscribió a bombo y platillo, pero la propaganda oficial las dio por «hechas». En Coahuila, el Centro Oncológico de la Región Sureste, una de las escasas inversiones federales, se reportó «en proceso». Rubén Moreira lo inauguró para inflar su último informe… con aire, pues era un cascarón vacío. La obra la puso en servicio Miguel Riquelme ya bien entrado su sexenio. El Metrobús Laguna se abandonó sin haber iniciado operaciones.
Salvo algunas propuestas novedosas, las campañas para gobernador adolecieron de los vicios de siempre. La misma guerra de lodo y la misma cortedad de miras. Frente al desarrollo incesante de la vecina potencia industrial, de negocios y servicios (Nuevo León) y los desafíos de la expansión industrial con sus múltiples efectos —positivos y negativos— se ofrecieron paliativos, «mejoralitos». El gobernador Óscar Flores Tapia, con mayor visión que los tecnócratas, advertía desde hace 45 años la necesidad de un tren ligero de Saltillo a Ramos Arizpe y otro entre las capitales de Coahuila y Nuevo León. El tema es recurrente y la llegada de Tesla a la región volvió a insertarlo en la agenda mediática.
El estado necesita obras de alto impacto para mantenerse a la altura de sus competidores del norte, el centro y el Bajío. Un tren entre Coahuila y Nuevo León costaría, según especialistas, alrededor de 10 mil millones de pesos. ¿Se dispone de esos caudales? La respuesta salta a los ojos. Sin embargo, solo con los intereses de la megadeuda, pagados en los doce últimos años, se habrían construido cuatro. De ese tamaño es el daño causado a los coahuilenses. Sumas ingentes del erario se desviaron hacia campañas políticas del PRI, para insuflar egos, comprar candidaturas, votos y fabricar fortunas. El precio ha sido enorme. Imposible pasar página ante tamaña infamia.
Reforma fiscal inaplazable
La federación y los estados cojean financieramente del mismo pie: no disponen de recursos suficientes para emprender obras de infraestructura mayor ni para satisfacer la demanda de equipamiento y servicios públicos. México tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con respecto al PIB. Incluso está por debajo de Cuba, Barbados, Brasil, Argentina, Jamaica y Uruguay. Las tasas del IVA y del ISR no ha subido en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El incremento de los ingresos federales (1.6% en el periodo 2019-2020) se ha basado en inspecciones orientadas a la evasión y la elusión, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022» (El Economista, 27.04.22).
El Gobierno de la 4T también ha recurrido a ahorros y recortes presupuestarios, así como a la eliminación de fondos federales (la controvertida austeridad republicana) para financiar sus programas sociales. De otro lado es reacio a utilizar los esquemas de inversión de largo plazo denominados Asociaciones Público Privadas (APP), los cuales se establecieron en la administración de Felipe Calderón. Enrique Peña les sacó provecho para suplir, con capital privado, la insuficiencia de recursos para construir hospitales, vivienda y cárceles de máxima seguridad. El modelo, según AMLO, es un mal negocio para los estados y para la federación.
«Un hospital que puede construir el Estado en 500 millones, lo tenían que pagar en cinco mil millones, aunque les parezca increíble. Yo cuando hablo tengo pruebas. Cuando fui jefe de Gobierno construí un hospital de 120 camas con 350 millones de pesos e hicieron luego otro hospital con la fórmula de APP y gastaron cinco mil millones y luego hicieron otro con siete mil millones, le descuentan de participaciones al Estado de México cada año 500 millones de pesos por estos hospitales», declaró en rueda de prensa (Infobae, 26.011.21).
Coahuila adoptó el esquema de las APP en 2021 debido a las limitaciones impuestas por la deuda, cuyo servicio costará más de 6 mil 700 millones de pesos este año. Es una forma de reducir rezagos y de no exponer al estado a mayores presiones por la falta de obra. El presupuesto de 2023, por 64.2 mil millones de pesos, está comprometido y la administración no puede contratar créditos a largo plazo ni elevar impuestos. En parte para no asumir los costos políticos, pero también por la oposición a gravar más a los coahuilenses. Ya bastante tienen con la megadeuda.
El país y el estado necesitan una reforma fiscal integral que les permita cubrir el máximo de necesidades sociales y de infraestructura. Los grandes proyectos de la 4T (Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería de Dos Bocas y Corredor Interoceánico- Istmo de Tehuantepec) han consumido enormes cantidades de dinero, desbalanceado el presupuesto y afectado a los estados y a sectores estratégicos, precisamente por no contar con ingresos adicionales para hacerlos posible. Las reformas hacendarias de los últimos sexenios no resolvieron el problema, pues se centraron en la base de contribuyentes de siempre y conservaron el régimen de exenciones y privilegios tan dañino para la república.
El futuro Gobierno de Coahuila deberá tomar en cuenta estos temas a la hora de planear, pues toda promesa de campaña, para su realización, necesita un soporte financiero. El primer año de la administración 2023-2029 coincidirá con los 10 últimos meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien, para no desentonar con su política de austeridad, apretará aún más el cinturón. Es preciso, entonces, buscar alternativas para afrontar la situación. Una de ellas consiste en revisar la deuda —negocio de banqueros voraces y políticos venales— para liberar recursos y elevar la inversión. Lo dicho: después de la elección viene la resaca.
