En menos de 24 horas, la réplica digital del periodista Carlos Loret al ataque del presidente López Obrador llevaba más de un millón y medio de reproducciones. Una derrota total de quien califica como benditas a las redes sociales. El presidente da rienda suelta a sus pulsiones autoritarias. El INE, Roger Bartra, Artículo 19, Lorenzo Córdova, Diego Fernández de Cevallos, Ciro Murayama, Héctor Aguilar, Enrique Krauze son los objetivos recientes. No hay periodista independiente de relieve que no haya sido insultado por el presidente.
Loret ha sido actor principal, junto con Víctor Trujillo, del proyecto periodístico digital más exitoso por su impacto y revelaciones. Latinus es un actor incómodo al presidente en un momento en el que más que nunca es necesario el escrutinio al poder. Latinus ha sido una experiencia gratificante que reivindica al espacio digital como lugar para el buen periodismo.
La libertad de expresión de siempre ha sido un problema al poder. Los estándares y la ética del periodismo y de los periodistas se ven comprometidos por el poder. La corrupción o la intimidación han estado de por medio. En estos años la situación es más complicada por los ataques del crimen organizado y en este gobierno, por el uso faccioso de los instrumentos de la autoridad, del cual la revista Nexos y otros casos dan cuenta. No se requiere amedrentar a todos, bastan casos emblemáticos para lograr tal propósito. Los empresarios son los más vulnerables porque son quienes más tienen que perder.
El presidente no entiende los límites que le impone la investidura. Los ataques a la libertad de expresión son recurso para distraer la atención de las insuficiencias de la autoridad y magros resultados. Es un recurso para polarizar a la sociedad como medio para gobernar. Esto ha sido patrón de conducta y eje de las comparecencias matutinas del presidente. El protagonismo mediático le ha dado resultado en términos de opinión, pero en perspectiva histórica es una de las expresiones más oprobiosas de abuso del poder.
Carlos Loret, como él señala, continuará con su ejercicio periodístico. La valentía, talento y compromiso son su estirpe. Su tiempo trasciende por mucho al del régimen y al de López Obrador como presidente.
El país vive tiempos particularmente difíciles. Los gobernantes debieran actuar más para sumar y unir, que para dividir y confrontar. Los adherentes del régimen se refugian en las intenciones ante el fracaso en los resultados.
Más que eso, el problema se acentúa por el extravío ético de un proyecto cada vez más próximo al conservadurismo autoritario que de la reivindicación progresista que suponía suscribir. La intolerancia a la libertad de expresión y el abuso del poder son medida justa de la identidad política del proyecto en curso.
Una mancha más al tigre
El informe 2020 de la situación de derechos humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, en lo referente a Latinoamérica y a México reitera lo conocido: la impunidad ha expuesto a los mexicanos a una situación en extremo grave. La ausencia de justicia se ensaña con las mujeres, los gays, los menores, los defensores de derechos humanos y los periodistas.
El deterioro viene de atrás, pero ahora es peor. La denuncia institucional o social está en sus mínimos. Si no fuera por la respuesta del feminismo y de las víctimas de la violencia —groseramente descalificadas por el presidente López Obrador—, prácticamente no habría reclamo público. La CNDH está en su peor momento. Ahora sí es la tapadera del régimen que se autonombra humanista.
Fue un error mayor haber militarizado la seguridad pública. Es una definición global la recomendación de alejar a las fuerzas armadas de la labor que corresponde a las policías bajo mando civil. El presidente podrá instruir a los militares o a la Guardia Nacional respeto escrupuloso a los derechos humanos y hasta brazos caídas frente al crimen, lo cierto es que la naturaleza misma de las instituciones los expone y compromete la salvaguarda de los derechos humanos.
Como en muchos temas, el presidente acusa ignorancia sobre la realidad del mundo. Reclama que el gobierno norteamericano y que las mismas organizaciones civiles denuncien la grave situación en materia de derechos humanos. Como es costumbre, descalifica al emisor. Los derechos humanos no son solo asuntos nacionales a atender por el régimen legal doméstico; si algo ha significado el avance del sistema de justicia penal internacional es la posibilidad de emprender acción legal contra los abusos en la materia. Por cierto, el Dr. López-Gatell es candidato a un proceso legal penal, tarea que debe emprenderse por los expertos médicos a manera de documentar su desempeño criminal en el manejo de la pandemia. Algo semejante puede suceder con Félix Salgado Macedonio.
El país ha retrocedido en la salvaguarda de los derechos humanos. La retórica despectiva del gobierno a la denuncia social profundiza el problema y pospone soluciones. Esto apunta a la necesidad de recurrir a las instancias internacionales. La negligencia criminal está sancionada. La impunidad es la renuncia institucional para llevar a la justicia a los criminales, queda claro, no de ahora, sino de hace tiempo, por connivencia, corrupción o negligencia; el Estado mexicano es un caso inaceptable de renuncia a la legalidad y la justicia. Más temprano que tarde la situación de México habrá de atenderse por las instancias judiciales internacionales. Guste o no a quienes invocan soberanía a manera de mantener el inaceptable estado de cosas.
