El Gobierno brasileño bloquea la plataforma por negarse a suspender cuentas que divulgan fake news. El incidente reaviva el debate sobre el equilibrio entre la libertad digital y el cumplimiento de leyes
En una decisión sin precedentes, el Gobierno de Brasil bloqueó el acceso a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, después de que su propietario, Elon Musk, se negara a cumplir con las órdenes del juez brasileño Alexandre de Moraes. La medida, puesta en marcha el 30 de agosto, marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes plataformas digitales y los Gobiernos nacionales, destacando la creciente tensión entre la libertad de expresión en internet y la obligación de cumplir con las leyes locales.
El conflicto surgió cuando De Moraes ordenó a X suspender varias cuentas que, según las autoridades, estaban involucradas en la difusión de información falsa y discursos de odio. Las cuentas en cuestión fueron identificadas por promover contenidos que violan la legislación brasileña, incluidas incitaciones a la violencia y la propagación de desinformación durante un período de alta polarización política en el país. Sin embargo, Musk, en su carácter de propietario de la plataforma, se negó a acatar la orden judicial, argumentando que la acción sería una violación de la libertad de expresión.
«La libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos».
Elon Musk, CEO de X
La negativa de Musk provocó una rápida respuesta del Gobierno brasileño, que consideró la inacción de X como un desafío directo a la autoridad judicial del país. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó el bloqueo de la red social en todo el territorio nacional, una medida que entró en vigor casi de inmediato. Según los informes, el bloqueo se implementó para garantizar el cumplimiento de la ley brasileña y proteger a los ciudadanos de contenidos potencialmente dañinos.
Símbolo de la defensa de la democracia en Brasil, el juez brasileño Alexandre de Moraes —autor del dictamen— fue también el principal investigador del intento de golpe bolsonarista en 2023 y se mantiene como un ferviente cruzado contra la desinformación. Para garantizar que se cumpla su orden, el juez anunció que impondrá una multa de 50 mil reales (alrededor de 9 mil dólares) para quien intente acceder a la plataforma vetada a través un VPN, que camufla el país donde está el usuario y es un sistema muy usado por disidentes en dictaduras.
«El hecho de que un hombre tenga mucho dinero no significa que pueda faltarle el respeto (a la ley)».
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
El cese de X ha generado un debate intenso en Brasil y a nivel internacional. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que las plataformas digitales deben estar sujetas a las leyes de los países en los que operan, y que permitir la difusión sin control de información falsa puede tener graves consecuencias en la estabilidad social y política. Por otro lado, los críticos de la decisión sostienen que el bloqueo constituye una forma de censura que limita la libertad de expresión y el acceso a la información.
En medio de esta controversia, Musk ha mantenido su postura, insistiendo en que la misión de X es permitir un flujo libre y abierto de ideas, incluso si eso significa entrar en conflicto con las leyes locales. Sin embargo, este incidente subraya un problema mayor que enfrentan las plataformas globales: cómo equilibrar los principios de libertad de expresión con las responsabilidades legales en diferentes jurisdicciones.
La situación en Brasil es un recordatorio de que la relación entre las grandes tecnológicas y los Gobiernos sigue siendo compleja y está llena de desafíos. A medida que las plataformas como X continúan expandiendo su influencia global, es probable que sucedan más conflictos de este tipo en el futuro, lo que plantea preguntas fundamentales sobre el papel de la tecnología en la sociedad y la forma en que debería ser regulada.
Momento crítico
La decisión de bloquear la red social X en Brasil ocurre en un contexto gubernamental delicado. En los últimos años, el gigante sudamericano ha experimentado una creciente polarización política, con enfrentamientos entre partidarios de diferentes ideologías y un aumento en la difusión de noticias falsas, especialmente en redes sociales. Las elecciones recientes y las tensiones resultantes han intensificado el escrutinio sobre el papel de las plataformas digitales en la diseminación de información que puede influir en la opinión pública y, potencialmente, desestabilizar el proceso democrático.
El caso podría sentar un precedente para futuras interacciones entre Gobiernos y plataformas de redes sociales. Si bien las empresas tecnológicas operan en múltiples jurisdicciones, este incidente subraya la necesidad de cumplir con las leyes locales o enfrentar consecuencias severas, como el bloqueo completo del servicio en un país. Además, la negativa de X a cumplir con las órdenes judiciales brasileñas podría resultar en sanciones adicionales, incluidas multas significativas y posibles restricciones legales para sus operaciones en la nación.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido que todas las empresas que operan en el país deben cumplir con sus obligaciones legales. «El hecho de que un hombre tenga mucho dinero no significa que pueda faltarle el respeto (a la ley)», comentó.
Sin embargo, no se debe pasar por alto que la medida implementada afecta directamente a millones de usuarios que utilizan la plataforma para comunicarse, informarse y expresar sus opiniones. Desde 2022, Brasil ocupa el cuarto lugar mundial con más de 25 millones de descargas de X, según Appfigures, una empresa de datos sobre aplicaciones. Aunque el objetivo del Gobierno es detener la propagación de contenidos ilegales, el bloqueo también restringe el acceso a un canal importante de expresión y comunicación para muchos brasileños.
La decisión ha generado reacciones mixtas a nivel internacional. Algunos países y organizaciones expresaron su apoyo a las autoridades brasileñas, afirmando que las plataformas tecnológicas deben respetar los estatutos de las administraciones locales. Sin embargo, otros han tildado la medida de violación a los derechos fundamentales. Además, organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa han manifestado su preocupación por el precedente que este bloqueo podría establecer para otros países, especialmente aquellos con regímenes menos democráticos. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.