La decadencia de la vieja partidocracia tiene su origen en el rechazo ciudadano hacia sus siglas. El reflejo, irrefutable, son los números de las elecciones del 2 de junio. En la presidencial y en las legislativas el triunfo de Morena y sus aliados PT y Verde es abrumador. El falso dilema surgió por el reparto de las 200 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional. ¿Cuál era la pretensión del PAN, PRI y PRD y de los grupos de poder? Obtener a través de los medios de comunicación y de campañas artificiosas lo que la ciudadanía les negó en las urnas: votos. De los 300 distritos electorales del país, Acción Nacional ganó tres, el 1%, con 372 mil sufragios; y Morena, 37, con 3.6 millones.
El PAN-PRI-PRD obtuvieron juntos 39 diputaciones; y Morena-Verde-PT, 219. El primer bloque captó 17.4 millones de votos, y el segundo 27.4 millones. Para elevar su presencia en la Cámara Baja, los partidos de la alianza Fuerza y Corazón por México demandaron distribuir los asientos plurinominales conforme a la votación global. Sin embargo, el artículo 54 de la Constitución, reformado en 1996 (durante el Gobierno de Ernesto Zedillo), es claro al respecto: los escaños deben asignarse con base en las papeletas emitidas por cada partido. El Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales se modificó en la administración de Vicente Fox para que el reparto se hiciera por coalición. La idea era restarle presencia al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, el nuevo caudillo de la izquierda. La regla se eliminó en 2008, sin haberse puesto en práctica, para favorecer al PRI, PAN y Verde, entonces su aliado.
El criterio constitucional de la reforma zedillista rige desde las elecciones intermedias del sexenio de Felipe Calderón. Mientras la distribución de diputados de representación proporcional (plurinominales) benefició al estatu quo, el PRI y el PAN estuvieron de acuerdo, pues pudieron cambiar la Constitución y aprobar las reformas de Calderón. Pero sobre todo las promovidas por Enrique Peña por requerir mayoría calificada. Aun así, para tener los votos suficientes, se recurrió al soborno. El Instituto Nacional Electoral (INE) resistió las presiones para restarle legisladores a los partidos de la coalición oficialista y concederle de más al PAN-PRI-PRD en interés de los equilibrios y de evitar una supuesta sobrerrepresentación.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, refutó la falsa disyuntiva. «La Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas (…) son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula (aplicada desde 1996) de otra manera es impensable». Los partidos defienden la norma cuando les favorece; y cuando no, la impugnan. El consejero Arturo Castillo lo ejemplifica así: «La contradicción política consiste en que quienes desde 1996 aprobaron el modelo de representación previsto en el artículo 54 constitucional, hoy exigen una nueva interpretación en aras de una representación más justa. Y quienes antes cuestionaron el modelo, hoy defienden una interpretación más estricta. Aquí está la ironía. La contradicción política».
La clave está en el artículo 54 y en su contexto. En 1996, cuando se reformó, el país venía de una elección marcada por la inequidad, el agotamiento del régimen y el trauma por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En ese proceso ningún partido se coligó y el PRI perdió, por primera vez, la mayoría absoluta en el Congreso. La reforma política de Zedillo obligó a cada partido a demostrar su fuerza real. Cuatro años después, vino la primera alternancia con el triunfo del PAN. Fox, Calderón y Peña Nieto encabezaron Gobiernos divididos, por decisión ciudadana. A la presidenta electa Claudia Sheinbaum, los electores le dieron, como a AMLO, mayoría calificada en el Congreso y absoluta en el Senado. Las oposiciones tienen la representación que merecen. Ni más ni menos.
Reforma condicionada
La población carcelaria es mayoritariamente pobre; no solo en México, sino del mundo. Bajo ese criterio podría colegirse que quienes pertenecen a ese estrato delinquen más que cualquier otro. El estereotipo, además de equivocado, resulta profundamente injusto. Si los delitos de corrupción o cuello blanco se castigaran con la misma severidad que los cometidos por necesidad, llamados también famélicos, veríamos la realidad tal cual es: la ley se aplica a quienes no tienen influencia ni dinero para defenderse en un sistema donde jueces, magistrados y ministros favorecen casi siempre a los políticos que los nombran y a los acaudalados y capos que sufragan sus servicios. Manejar los hilos de la justicia les permite ganar litigios, recuperar cientos o miles de millones del fisco, burlar los códigos y jamás pisar la cárcel.
¿Quién, sino los pobres, pagan en Coahuila el moreirazo mientras los responsables del atropello y sus secuaces —banqueros, empresarios y magistrados— comparten el botín? Los coahuilenses han pagado ya a los bancos 70 mil millones de pesos, casi dos veces el equivalente de la deuda, cuya base de 38 mmp todavía es la misma. Y aún tardarán 20 años para salir del hoyo financiero. La falta de inversión en servicios, obras e infraestructura la resiente más la población asentada en barrios y ejidos. ¿Dónde está la justicia? El vacío cuestiona los argumentos de quienes se oponen a la reforma judicial, sin desconocer la existencia de jueces íntegros y personal comprometido con sus tareas delicadas. Pero incluso ellos son víctimas de un poder donde las posiciones (nepotismo) y los beneficios son para las cúpulas.
Las leyes se endurecen contra los débiles y son laxas con los poderosos. A mediados de la década pasada alrededor de siete mil personas —la mayoría mujeres— purgaban penas de hasta 10 años «por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogur, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal» (Guadalupe Fuentes López, Sin Embargo, 14.10.15). El artículo 379 del Código Penal Federal establece desde 2016: «No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento».
El Código Nacional de Procedimientos Penales ya consideraba la excluyente del robo por necesidad (artículo 316). Empero, había una trampa permitida por la ley: «Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son los que presentan más denuncias en contra de las personas por robar alimentos, (pero) no sólo las acusan de este delito, también (…) de intento de homicidio, amenazas, lesiones y daños a sus sucursales». Sin dinero para defenderse ayer y hoy, el resultado ese el mismo: la prisión.
México es uno de los países con mayores índices de impunidad en el mundo: la cifra rebasa el 95%. También es uno de los Estados donde la justicia se ensaña más contra los desamparados. Ese solo hecho hace necesaria una reforma judicial. Para dar resultado, la condición es que sea integral y comprenda a las fiscalías —de la federación y de los estados—, a las policías locales y a las agencias nacionales. La independencia del poder judicial ha sido siempre un mito. Si no lo fuera, la ciudadanía sería la primera en salir en su defensa frente a cualquier intento para someterla. Los cambios deben ser para mejorar la procuración e impartición de justicia, no para hundir al país en una vorágine peor que la de ahora.
