En la cultura política del mexicano subyace la idea de unanimidad y a su vez el caudillismo. El PRI, la estructura política más relevante en la formación política del país, no nació para representar, sino para resolver por la vía política la competencia interna por el poder, singularmente al momento de la sucesión presidencial. Se logró el cometido: un avance, la renovación pacífica y periódica de la Presidencia, pero a partir de un partido que se confundía con la nación y el Estado. Esto remitía a la ilegitimidad de cualquier forma de oposición.
Algo semejante sucede con López Obrador. Por una parte, demanda lealtad incondicional, por la otra, toda diferencia se considera ilegítima, no aceptable, de los conservadores de siempre, que han estado contra el país y las mejores causas de la nación. Esto se arraiga en los valores y actitudes de los mexicanos. De allí el ascendiente popular del presidente, a pesar de su intolerancia y autoritarismo.
El tema pasa al espacio de la pluralidad; esto es, el Congreso, a la Cámara de Diputados. El partido con fuerza legislativa mayoritaria, antes el PRI, ahora en Morena ha pretendido eliminar o reducir la representación proporcional bajo por el costo o lo numeroso de los legisladores, tema que también tiene aval popular. Sin embargo, disminuyo los diputados de representación afecta a la pluralidad, al sobrerrepresentar a las minorías mayores, tal como sucedió en el pasado con el PRI y ahora con el partido gobernante.
La experiencia muestra que abrirse a la coexistencia de la pluralidad plantea más virtudes que insuficiencias, aunque esto vaya a contrapelo de la cultura política de los mexicanos. La democracia implica que la política sea materia de ciudadanos, no de políticos o gobernantes. Como tal, es necesario emprender dos reformas fundamentales para que l coexistencia de la pluralidad no derive en partidocracia.
Por una parte, igualar el número de diputados de representación con los de mayoría. Establecer fórmula de asignación para que el porcentaje de votos sea equiparable a la proporción de cada fuerza política. Las listas de diputados de representación deben estar abiertas al voto, para que sea el ciudadano el que decida quien llega al cargo y no los partidos. Por la otra, una reforma para hacer obligatoria la democracia al interior de los partidos para seleccionar candidatos, para reducir el peso de las direcciones partidarias y aumentar las vías para que el ciudadano pueda acceder al cargo.
Llegará el momento en el que habrá de discutirse la reforma política que el país requiere. Lo que inició con los diputados de partido en el lejano 1963, deberá ser correspondido con el ajuste al sistema mixto de representación ampliando las bases para la coexistencia de la pluralidad.
Ricardo Anaya
Uno de los mayores retrocesos de la política nacional fue la persecución del candidato presidencial Ricardo Anaya por la PGR, por consigna del presidente Enrique Peña Nieto. Utilizar la procuración de la justicia con una evidente motivación electoral es propio del autoritarismo. Algo semejante aconteció hizo Vicente Fox contra López Obrador.
La acción penal contra Ricardo Anaya es reedición de lo mismo. La información disponible evidencia un caso judicial para sacarlo de la competencia. A un gobierno que no ha dado muestra de castigar la corrupción, de momento le nace el interés de presentar cargos contra un adversario en la disputa por la Presidencia de la República.
Es grave que un presidente persiga a sus adversarios y, todavía más, que lo haga para anular el derecho político fundamental a ser votado. Todavía más serio es que la maquinaria opere oficiosamente para dar curso a las pulsiones autoritarias del presidente y exonerar a sus cercanos. Esto implica pérdida de sentido de legalidad de las áreas de investigación, como ocurre repetidamente con la UIF, dependencia del gobierno, la que primero bloquea cuentas sin permiso judicial, con todo lo que eso implica reputacionalmente para un negocio o persona, y luego investiga.
¿Por qué si para López Obrador el Poder Judicial está podrido, exige a Ricardo Anaya que sí confíe, comparezca y se someta? Es evidente que lo que quiere, sea o no el instigador de la persecución, es acomodarse con lo que ocurre para anular a Ricardo de su derecho a ser votado, amén de lo que implica para él y su familia el ser detenido y sometido a proceso criminal. Para AMLO la presunción de inocencia no existe. Está claro que se integró la investigación a modo. El confeso Emilio Lozoya, para el presidente y las autoridades, tiene toda la credibilidad por la simple razón que les dice lo que quieren escuchar a cambio de impunidad.
Lo que ocurre con Anaya no es contra una persona, proyecto político o partido, es contra la legalidad y, por lo mismo, un agravio al sistema democrático y a los derechos fundamentales. Ayer salimos muchos a las calles a exigir del presidente Fox el respeto a los derechos políticos de AMLO. En 2018 reclamamos a Peña usar a la PGR para sacar de la competencia a Ricardo Anaya, con la connivencia —vergonzosa y oportunista— de muchos de sus correligionarios. Casi cuatro años después acontece exactamente lo mismo. Una pena que el perseguido de ayer, ahora se vuelva el azuzador de una acción franca y evidentemente autoritaria. El poder envilece y corrompe si no existe sentido ético de la responsabilidad pública. Un presidente que presume de lo que carece.
