Moreirazo: Crónica de una ignominia; faltan 19 años para amortizar la deuda

El pasivo de los estados aumentó casi al doble en el Gobierno de Peña Nieto, quien le toleró todo a los gobernadores. El endeudamiento de Coahuila se disparó 1,638% en un tiempo récord de tres años. Cada coahuilense debe 11 mil 444 pesos, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso

Fondos recuperados pagarían solo un mes de intereses

Semáforo de alertas: Tlaxcala y Coahuila, en las antípodas

El endeudamiento de los estados generó un auge efímero, y en algunos casos artificial, pagado con sacrificios por la población más pobre. La propaganda y las campañas mediáticas suplantaron la realidad con fantasías y encubrieron el manejo irregular de las finanzas como sucedió en el Gobierno de Humberto y Rubén Moreira. Coahuila, Veracruz, Chihuahua, CDMX, Estado de México y Nuevo León son, en orden ascendente, las entidades más endeudadas del país. A diciembre pasado acumulaban pasivos por 410 mil millones de pesos, casi el 60% de la deuda subnacional (698 mmdp) de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, publicado el 11 de marzo pasado. La fuente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La deuda de los estados empezó a escalar de manera sostenida a principios del Gobierno de Felipe Calderón (PAN). En 2008 debían 203 mmdp. Tres años después, la cifra alcanzó los 390 mmdp, el mayor incremento en el periodo analizado por el CEFP. El dato es relevante si se toma en cuenta que en el lapso intermedio los gobernadores del PRI apoyaron financieramente la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y de otros candidatos. Coahuila llama la atención porque, a diferencia del resto de las entidades, donde los pasivos crecieron gradualmente en varios sexenios, el moreirazo se gestó en un tiempo récord de tres años (2008-2010). Humberto Moreira recibió deudas por 300 millones de pesos; al final de su Gobierno ya rondaban los 40 mmdp. De ese monto, solo se había reportado ante la SHCP una quinta parte (8 mmdp).

«“(…) ellos van a recibir sus apoyos porque por primera vez Estados Unidos, el Departamento de Justicia, nos está devolviendo un dinero que se le confiscó a un político de Coahuila” acusado de corrupción».

(Andrés Manuel López Obrador, Forbes, 23.07.24)

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, soltó la bomba en La Laguna a mediados de 2011 durante una reunión con empresarios. Tarde, pues para entonces los Moreira ya estaban acorazados. Humberto era presidente del PRI, apadrinado por Peña Nieto; y Rubén candidato a gobernador, impuesto por su hermano. Coahuila quedó, así, en la indefensión total. Somos el estado con la cuarta deuda per cápita más alta del país: 11 mil 444 pesos, solo superados por Nuevo León (17 mil 428), Chihuahua (13 mil 295) y Quintana Roo (11 mil 854). En el otro extremo están Tlaxcala, con cero deuda por persona; Querétaro (647 pesos), Puebla (809), Hidalgo (mil 009) y Guerrero (mil 345).

Coahuila está en todos los indicadores por debajo del promedio. Como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) la deuda equivale al 3.3% (lugar 26). Con respecto a los ingresos totales, el 55.9% (31); y en relación con las participaciones federales, el 127% (30). Frente a la tasa de interés del 11.1%, Coahuila paga el 11.8 (CEFP). Nuestro estado será el que más tiempo tarde en saldar sus pasivos (19 años), después de Sonora (20) Nuevo León (21.6). El periodo comprende el sexenio del gobernador Manolo Jiménez y dos más. La megadeuda se amortizaría en 2043. Una eternidad. Tal es el legado de los hermanos Moreira.

La contratación de deuda a espaldas del Congreso, el uso de documentos falsos, el ocultamiento de información a la SHCP y el saqueo de las arcas, llevó el moreirazo a la Cámara de Diputados. La presión política y la exigencia de evitar casos futuros devino en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios, promulgada en 2016. La norma facultó a la SHCP para supervisar y regular la deuda, evaluar la capacidad de pago y vigilar el cumplimiento de las obligaciones inscritas en el Registro Público Único. También se creó un sistema de alertas. Desde entonces los gobernadores quedaron maniatados para hipotecar a los estados.

Cómplices por omisión

El moreirazo evidenció al Congreso y a la Secretaría de Hacienda. Ninguno detectó —o fingió ignorar— el acelerado e irregular endeudamiento de estados como Coahuila. Una vez descubierto, la Auditoría Superior de la Federación (ASE) propuso analizar el «entorno y la dinámica de la deuda subnacional». Le sorprendía el aumento de 187 mil millones de pesos (92.4% en términos reales) registrado entre 2008 y 2011. El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados advierte en el «Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios» (2012): «Uno de los problemas a resolver es dar plena transparencia al total de la deuda, de los pasivos contingentes y de las obligaciones financieras a cargo de los Gobiernos subnacionales, a fin de medir la capacidad de pago de las finanzas públicas (…)».

Campeche y Coahuila mostraron las variaciones de adeudos más elevadas en el mismo lapso, de acuerdo con la ASE: 2,420 y 1,639% respectivamente. Al cierre del primer trimestre de 2011, las obligaciones registradas y las reales de los estados mostraron una discrepancia por 48 mil 994 millones de pesos; después subió a 56 mmdp. Coahuila fue el estado con la mayor deuda no declarada: 23 mil 643 mmdp, cifra 7.7 veces superior a la omitida por Estado de México, cuyo gobernador era entonces Enrique Peña Nieto. Junto con el crecimiento vertiginoso de la deuda subnacional la cartera vencida se disparó a 200 mil 765 mmdp, lo cual encendió las alarmas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En octubre de 2011, la CNBV dictó medidas para incrementar el monto de las reservas preventivas y garantizar la recuperación de créditos. Las cosas no pararon allí. El 17 de febrero, el mismo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda ordenó a las agencias calificadoras establecer elementos mínimos para estudiar, evaluar y dictaminar la calidad crediticia de valores y clientes con información actualizada, relevante, oportuna y clara. El saldo acumulado de los pasivos estatales se ignoraba, debido a que solo se registraban ante Hacienda los garantizados con participaciones. La Ley de Deuda Pública concedía ventajas adicionales a los Gobiernos locales, pues tampoco los obligaba a reportar la deuda de corto plazo ni compromisos financieros como los proyectos de inversión en el esquema de asociaciones Público Privadas, las cuales se contabilizaban como gasto corriente y no como deuda pública directa.

Coahuila es una de las referencias del estudio. De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución general, «los estados y los municipios podrán contraer obligaciones o empréstitos sólo cuando se destinen a inversiones públicas productivas». En teoría, los congresos locales deberían autorizar la deuda y los gobernadores informar sobre su aplicación. En la administración de Humberto Moreira el tema financiero fue un tabú. Después se sabría la razón: ocultar la deuda. Solo cuando el escándalo afloró se supo que la legislatura no había aprobado una parte significativa del pasivo, pero en vez de ejercer sus facultades y demandar al Gobierno por violar la Constitución local usar decretos falsos, legalizó el atraco. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda y las empresas fantasma en la gestión de Rubén Moreira duermen en los archivos de la Fiscalía General del Estado, arrulladas por un Sistema Estatal Anticorrupción inútil y al servicio del clan.

Fortafin, la caja chica

La megadeuda impuso a las finanzas del estado una camisa de fuerza, sometió el presupuesto a un régimen estricto y obligó a los Gobiernos sucesivos a hacer juegos malabares para mantenerse a flote. El moreirato creó una bonanza ficticia, maquillada con deuda y créditos contratados sin autorización del Congreso. Los tiempos de vacas flacas en Coahuila durarán mucho más que los siete narrados en el libro del Génesis. Este año se cumplen 14 y todavía faltan 19 para dejar de ser rehenes de los bancos. El recorte de personal y los ahorros administrativos son apenas un respiro frente al 10% del presupuesto destinado anualmente al servicio de la deuda. La subida del Impuesto Sobre Nóminas, del 2 al 3%, fue anulada por la reducción de fondos federales.

Rubén Moreira coptó a los diputados de oposición para que la deuda por 38 mil millones de pesos, herencia del Gobierno de su hermano Humberto, no fuera investigada. Los gobernadores capearon la crisis financiera por su influencia en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en la Cámara de Diputados, donde controlaban la Comisión de Presupuesto. La Secretaría de Hacienda canalizó a los estados recursos adicionales para obras. Sin embargo, una parte significativa de esos caudales se utilizó en gasto corriente y en financiar campañas políticas mediante operaciones como la «Safiro» en Chihuahua o su equivalente en Coahuila.

El Programa de Contingencias Económicas es un ejemplo. Creado en 2014, se incorporó al ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) sin aparente lógica, pues su propósito era apoyar el desarrollo regional con infraestructura y equipamiento. Dos años más tarde, el plan fue rebautizado como Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) con una bolsa de 62 mil 258 millones de pesos. Un festín para los gobernadores, pues pudieron disponer de los recursos a su antojo. La Auditoría Superior de la Federación (ASE) acusó en el Fortafin ausencia de normas y lineamientos de operación. México Evalúa advirtió que sin la regulación de la Ley de Coordinación Fiscal a que están sujetos los ramos 28 y 33, «existe el riesgo de que haya un uso político del dinero, así como actos de corrupción» (Sin Embargo, 23.11.20).

En 2017 el Fortafin asignó a los Gobiernos estatales 3 mil 243 millones de pesos, pero terminó por repartirles 55 mmdp (18 veces más). El 65% se dedicó a corriente y el resto al pago capital de obra pública (ASE, 2018). Los fondos se utilizan «para premiar o castigar» a las administraciones locales; «es decir, para el control político» (México Evalúa, “La Arquitectura del Ramo 23”, Reporte Índigo, 26.02.19). En la cuenta pública de 2017, la ASE detectó irregularidades por 7 mil 422 millones de pesos, la mayoría en Michoacán, Tlaxcala, Coahuila y Puebla.

En junio de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Ismael Ramos Flores, secretario de Finanzas de Rubén Moreira, por el presunto desvío de 475 millones de pesos del Fortafin hacia campañas electorales del PRI en 2016 y 2017. La FGR investigó también a Antonio Zerón Puga, exdirector general de la Secretaría de Finanzas; a Nazario Salvador Iga Torre, exdirector de Adquisiciones; y a Édgar Julián Montoya de la Rosa, exsubsecretario de Egresos, fallecido en 2018. Finalmente, la FGR le hizo un favor a Ramos Flores: lo imputó solo por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, no por peculado. Así libró de prisión al exfuncionario. El Fortafin dejó de ser una fuente de corrupción, pues ya no existe. El presidente López Obrador lo desapareció junto con otros fondos, entre ellos el Metropolitano, que dejó obras inconclusas como el Metrobus Laguna. La vuelta de tuerca canceló la fuga de recursos federales y debilitó políticamente a los gobernadores. E4

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Fondos recuperados pagarían solo un mes de intereses

Este año se destinarán más de 6,800 millones de pesos al servicio de la deuda. La cifra representa el 10% del presupuesto anual; un lastre para las finanzas

Los 580 millones de pesos del moreirazo que México recuperó de Estados Unidos armaron una cantera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso premiar con ellos a los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de París. En Coahuila algunas voces reclamaron su devolución al Gobierno, no al pueblo. El caso revivió el escándalo que puso al estado bajo los reflectores, cuando se descubrió que la administración de Humberto Moreira había endeudado al estado en un tiempo récord de tres años (2008-2010). Si el expresidente del PRI, Roberto Madrazo, hizo trampa en un maratón de Alemania al tomar un atajo, el moreirato y sus secuaces utilizaron decretos y documentos falsos para obviar trámites ante los bancos. La medalla de oro del descrédito se la colgaron a Coahuila.

El dinero incautado por el Departamento de Justicia norteamericano a Javier Villarreal, operador financiero del exgobernador Moreira, no es una bicoca, pero apenas alcanzaría para pagar un mes del servicio de la deuda. El presupuesto de este año (68,429 millones de pesos) dedica 6,872 mmdp a ese rubro: 2,051 mmdp para intereses, 4,596 millones para comisiones y el resto para otros conceptos. De ese tamaño es el agujero en las finanzas del estado. Al término de la administración de Moreira (2005-2011) el endeudamiento financiero se cifró en 38 mil millones de pesos; y los pasivos con proveedores, en más de cinco mmdp.

En los 13 últimos años, Coahuila ha pagado alrededor de 70 mmdp de deuda, de acuerdo con los presupuestos autorizados por el Congreso en ese periodo. La mayor parte se ha esfumado en intereses. Al cierre del primer trimestre del ejercicio en curso, el moreirazo asciende todavía a 36 mmdp (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados). El asunto está fuera del discurso oficial y del debate político, pero no lo suprime. El lastre ha impedido a tres administraciones responder las demandas de uno de los estados con desarrollo industrial alto. Las reestructuras han dado oxígeno y ampliado los plazos de amortización (Nuevo León, con una deuda tres veces superior a la de Coahuila, terminará de pagar solo dos años después), pero no reducen la presión sobre las finanzas estatales.

La inversión pública se desplomó en los Gobiernos de Rubén Moreira, Miguel Riquelme y Manolo Jiménez. El primero tendió cortinas de humo para cubrirle las espaldas a su hermano Humberto y protegerse a sí mismo. Los sucesores mantuvieron el status quo. El moreirazo es tema en las campañas para gobernador, pero como no ha habido alternancia, una vez pasadas las elecciones se enfría de nuevo. Las denuncias de los exsenadores Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar ante la Procuraduría General de la República contra Humberto y Rubén Moreira por la deuda irregular, enriquecimiento y otros supuestos delitos, resultaron infructuosas. El blindaje fue para ellos; y para los exsecretarios de Finanzas, Jorge Torres López e Ismael Ramos Flores, el foso de los tiburones.

Salazar demandó también a Estados Unidos la restitución a Coahuila de los fondos confiscados a Javier Villarreal, pero fracasó por no corresponder a él la gestión, sino al Gobierno estatal como afectado. Rubén Moreira adoptó la táctica de avestruz. Reclamar el dinero era ponerse la soga al cuello y reconocer el saqueo como política de estado durante el moreirato. El presidente Andrés Manuel López Obrador logró recuperar una parte de los caudales sustraídos, y por esa razón decidió recompensar a los medallistas olímpicos. E4

Dinero confiscado a Javier Villarreal

• $580 millones

Servicio anual de la deuda estatal

• $6,872 millones

Presupuesto 2014

• $68,420 millones

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Semáforo de alertas: Tlaxcala y Coahuila, en las antípodas

La megadeuda puso al estado en el ojo del huracán al exhibir el abuso de poder y el caos financiero. Expira la reserva sobre la información de pasivos

En el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda sobresalen dos estados: uno por ausencia y otro por ser el único con luz roja. Tlaxcala no aparece por ser la única entidad del país con deuda cero. No por circunstancias políticas, sino porque la Constitución local impide al Gobierno de turno endeudarse más allá del sexenio respectivo. La señal de alto corresponde a Coahuila por el elevado nivel de sus pasivos. Hacienda publicó en junio el informe del cuarto trimestre de 2023. El semáforo de alertas mide el nivel de endeudamiento inscrito en el Registro Público Único, cuyas garantías sean la recaudación local propia, las participaciones federales y los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de libre disposición.

La Auditoría Superior de la Federación (ASE) informó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es una contribución involuntaria de Coahuila al país. El Congreso la aprobó en 2015 para prevenir moreirazos futuros (deuda a discreción, sin soporte legal, obra que la respalde y destino incierto), pero el daño ya estaba hecho. Las variaciones reales de deuda más altas entre 2008 y 2011 se presentaron en 11 estados. La lista la encabezan Campeche (2,420%) y Coahuila (1,639%). La megadeuda puso a Coahuila en el ojo del huracán político y mediático. Exhibió el abuso de poder y el caos financiero, pero en términos de justicia no produjo resultados. Por ahora, nadie ha sido procesado en México. Los principales responsables del quebranto gozan de impunidad, viven de las rentas e incluso algunos tienen fuero parlamentario.

Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en febrero de 2014. Siete meses después se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero y para transportar dinero robado (El Economista, 17.09.14). En 2019, el exgobernador interino, Jorge Torres López, fue detenido en México y extraditado a Texas, donde era acusado de soborno, apropiación indebida, malversación de fondos públicos y fraude bancario y electrónico. En junio de 2020 admitió ante una corte federal «haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que recibió aquí a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila», declaró Ryan Patrick, fiscal federal del Distrito Sur de Texas (Infobae, 17.06.20).

Villarreal y Torres entregaron dinero y propiedades al Gobierno de Estados Unidos. Parte de los fondos hurtados por Villarreal regresaron a México, pero no los de Torres. Ambos colaboraron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a cambio de sentencias cortas. El exgobernador ya está libre y el exsecretario espera condena, pero también será leve y acaso no vuelva a prisión. En Coahuila no se les persigue. Villarreal y Torres no actuaron por su propia cuenta. Bastaría seguir la ruta del dinero para llegar a los peces gordos.

La información del moreirazo se reservó para «no poner en riesgo la estabilidad del estado». El plazo para abrirla vence este año. Tocará al Gobierno de Manolo Jiménez manejar la situación. Sin embargo, algunos de los delitos ya han prescrito. La falta de voluntad política convirtió uno de los mayores escándalos de corrupción en un monumento a la impunidad. El PAN combatió la megadeuda, pero su alianza con el PRI, en las elecciones para gobernador de 2023, acabó con su ya de por sí escasa credibilidad. En Coahuila la oposición la representa hoy Morena. ¿Demandará la apertura total del moreirazo o también pasará página? E4

Entidad federativa	Resultados del sistema de alertas	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3
Aguascalientes	verde	verde	25.7%	verde	4.0%	verde	-3.2%
Baja California	verde	verde	47.3%	verde	6.0%	verde	1.4%
Baja California Sur	verde	verde	16.0%	verde	3.3%	verde	-9.1%
Campeche	verde	verde	19.8%	verde	3.0%	verde	-16.0%
Coahuila	amarillo	rojo	120.0%	amarillo	15.2%	verde	0.3%