Nuevos homicidios de reporteros obliga a la 4T a velar por el gremio

La libertad de prensa en México sigue bajo asedio. Los ataques contra Fredy López y Alfredo Cardoso demuestran que la violencia es recurso habitual para ejercer censura. Sociedad y representantes de medios exigen justicia

EE.UU. aprieta las tuercas para extraditar a Assange

Dos ataques en fechas consecutivas tuvieron como resultado dos periodistas mexicanos asesinados sin que las autoridades, hasta el momento, hayan fijado alguna postura sobre el esclarecimiento de los crímenes. El primero sucedió el 28 de octubre, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde Fredy López Arévalo, editor de la revista Jovel, fue víctima de un disparo en las afueras de su domicilio y perdió la vida al instante. La segunda agresión tuvo lugar la madrugada siguiente en Acapulco, Guerrero, cuando el reportero Alfredo Cardoso Echeverría recibió cinco impactos de bala y, aunque fue internado en un hospital, falleció dos días después.

Con López y Cardoso son siete comunicadores asesinados este año en posible relación con su labor periodística —apunta Artículo 19— van 25 en el actual sexenio.

En su conferencia matutina del 3 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y aseguró que estos homicidios no quedarán impunes. «Vamos a dar respuesta a la viuda, a los huérfanos, vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad, en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal y también en el caso de Guerrero, y en todos los casos […] Es una situación muy lamentable porque el periodismo en los pueblos, en los estados, en los municipios es muy riesgoso, desgraciadamente», expresó.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) no comparte ese optimismo y ha incidido en la falta de apoyo hacia el gremio por parte del mandatario. «Se comprometió a tomar medidas concretas para poner fin a la violencia contra la prensa y a la inmunidad por el asesinato de periodistas. No obstante, este ciclo continúa inalterable», denunció en diciembre la organización (El País, 01.11.21).

Botas de siete leguas

Fredy López Arévalo regresaba de festejar el cumpleaños de su madre, acompañado por su esposa e hijos, cuando un sicario le disparó por la espalda a la entrada de la vivienda.

Periodista por más de 35 años, López ejerció el oficio en Chiapas —donde cubrió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994— así como en la capital del país en la década de los 80. Incursionó más allá de las fronteras en Costa Rica, Guatemala, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Desde este último país narró la caída de los sandinistas y el triunfo de Violeta Chamorro. Actualmente era conductor de XERA-Radio Uno y tenía a su cargo la revista Jovel.

Su viuda envió un mensaje al presidente López Obrador, donde lamentaba las circunstancias en que asesinaron al periodista y cómo él consideraba que la situación podía mejorar. «A mi esposo lo mataron de la manera más cobarde en la oscuridad y por la espalda, él no se merecía eso, es un excelente padre, es un excelente amigo, es un excelente compañero, él creía en usted en que las cosas pueden mejorar, así les enseñó a sus hijos, siempre a hacer el bien a donde quiera que fuéramos a tratar de mejorar las situaciones de la gente de las comunidades en Chiapas y a muchas partes del país».

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el ataque. «El asesinato del señor López Arévalo representa un nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de la sociedad mexicana. Es necesario seguir trabajando para fortalecer la protección de las personas periodistas, especialmente cuando desempeñan su labor en un contexto de violencia y por ende en una situación de mayor vulnerabilidad», señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

Secuestro y homicidio

Más de 48 horas permaneció el fotorreportero Alfredo Cardoso Echeverría internado en un hospital de Acapulco. A pesar de los esfuerzos médicos, el domingo 31 de octubre declararon su muerte, consecuencia de los disparos que recibió.

Ese día un grupo de hombres armados lo sacó a la fuerza de su casa en esa ciudad costera y lo mantuvo secuestrado. Horas más tarde, sus captores lo liberaron en la colonia Loma Bonita, donde encontraron al periodista en el interior de un coche, ya gravemente herido.

Cardoso fundó el portal informativo Dos costas, el cual dirigía. El 24 de octubre, cinco días antes de su secuestro, el fotorreportero había sido particularmente crítico con López Obrador: «Las mismas prácticas. Tanto criticar para hacer lo mismo. Como ganado de encierro tienes que ver pasar al “presidente de los pobres”. Detrás de la malla metálica», publicó en redes sociales.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reprobó el asesinato —primero que se comete contra un comunicador en su administración—. «Condeno de manera enérgica los hechos que arrebataron la vida a un hijo, esposo y padre de familia, así como un compañero de quienes forman parte del gremio periodístico en Guerrero», publicó en su cuenta de Facebook.

Por su parte, cerca de 40 reporteros —encabezados por el dirigente de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Luis Blancas— se reunieron en Chilpancingo para exigirle a la gobernadora morenista que el crimen no caiga en saco roto y se haga justicia. E4

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EE.UU. aprieta las tuercas para extraditar a Assange

El caso de Julian Assange vuelve a ser foco de atención luego que el Gobierno de Estados Unidos apelase, el 27 de octubre, el dictamen de la jueza británica Vanessa Baraitser que en enero bloqueó la extradición del fundador de WikiLeaks por considerar que el acusado sufre un deterioro de salud mental y existe riesgo de que atente contra su vida si se le traslada.

Las autoridades estadounidenses consideran que las evidencias psiquiátricas que sustentan esa hipótesis fueron manipuladas e insisten en que Assange, de ser declarado culpable, podrá cumplir condena en su país natal, Australia. De cualquier manera, los jueces del Tribunal Superior de Londres dijeron que se tomarán su tiempo para pronunciarse sobre el recurso.

El fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica el 11 de abril de 2019, después de que el Gobierno de Ecuador pusiera fin al asilo que le había concedido en 2012. Desde entonces se han reforzado los esfuerzos de Washington por lograr su extradición. En Estados Unidos, Assange es acusado de 18 cargos por espionaje e intrusión informática.

En ese contexto, el Centro PEN alemán —asociación de escritores que aboga por la libertad de expresión— lo nombró miembro honorario y calificó su privación de libertad como una escandalosa violación de los derechos humanos. «Pedimos a las autoridades competentes de Inglaterra que no extraditen a nuestro honorable miembro Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a hasta 175 años de prisión, sino que lo liberen inmediatamente y sin condiciones», señaló Ralf Nestmeyer, vicepresidente de PEN.

Algunas personalidades, como Mario Vargas Llosa, no comparten esta simpatía por el fundador de WikiLeaks. El Premio Nobel de Literatura lo acusa de «destruir brutalmente la privacidad de las comunicaciones en las que los diplomáticos y agregados informan a sus superiores sobre las intimidades políticas, económicas, culturales y sociales de los países donde sirven» y lo tilda de no ser más que un «exitoso entertainer o animador, el Oprah Winfrey de la información» (El País, 16.01.11). E4