AMLO encomienda la recomposición de su equipo al secretario Adán Augusto López. El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera —clave contra el lavado de dinero— afectó a empresas y particulares y violó la presunción de inocencia
La recuperación de la Fiscalía en marcha
El relevo de Santiago Nieto se veía venir. Quien ocupa una responsabilidad tan delicada no puede tener otra agenda que la del presidente. No fue el caso de Santiago Nieto. Actuaba para complacer al presidente, pero prevalecía su interés personal. La actuación del titular de la UIF debe estar al margen del protagonismo mediático. No fue así. De hecho, el pecado mayor de la pareja que decidió unir sus vidas en ceremonia religiosa en Antigua, Guatemala, ha sido la desbordada visibilidad mediática, la boda lo revela. La consejera tiene cargo para ello, aunque comprometa el sentido de cuerpo que debe prevalecer en el INE, pero él no.
Santiago Nieto fue ostensible en su deseo de reemplazar al fiscal Gertz Manero. Los interesados y oportunistas de siempre le alentaron en su empeño. Un error grave y más que eso deslealtad al presidente. La consejera Carla Humphrey trabajó con él en la UIF. Como consejera ha tenido un encomiable desempeño en el INE abanderando la causa de la equidad de género, en no pocas ocasiones con buenas razones y sumando su voto a acertadas decisiones, aunque también con un protagonismo.
«A la UIF llega un hombre con acreditadas e indiscutibles credenciales en la izquierda mexicana y en el Congreso. Pablo Gómez es un político que habrá de reinventarse en una responsabilidad de Estado que exige lealtad al presidente y también al país, que no siempre es lo mismo».
A la UIF llega un hombre con indiscutibles credenciales en la izquierda mexicana y en el Congreso. Pablo Gómez es un político que habrá de reinventarse en una responsabilidad de estado que exige lealtad al presidente y también al país, que no siempre es lo mismo. No es una agencia política, sino una ventana privilegiada a una parte muy sensible de los gobernados. Su antecesor incurrió en delitos al hacer públicos datos, nombres, cuentas y transacciones financieras protegidas por el secreto bancario y el derecho a la privacidad. Provocó mucho daño a particulares inocentes y a empresas al margen de sospecha; comprometió severamente la presunción de inocencia, sobre todo en los primeros meses de su actuación. La inteligencia y el rigor de Pablo Gómez anticipa que tendrá el cuidado que tal responsabilidad exige.
Muy revelador que el nombramiento se diera vía la Secretaría de Gobernación, más aún con imagen del titular de la dependencia. El mensaje es evidente. Hay una recomposición del equipo de Gobierno. Lo más cercano al presidente, Adán Augusto, toma control para evitar el desorden derivado de la ambición desbordada o del descuido. No habrá complacencia. Con la salida de Santiago Nieto no sólo concluye una forma facciosa de ejercicio de esa responsabilidad, también el desencuentro y enfrentamiento con la FGR y su titular Gertz Manero, precisamente por el descuido en la integración de investigaciones turnadas a dicha dependencia, reclamo hecho público por el fiscal ante legisladores.
La Cámara de Diputados deberá ratificar el nombramiento de Pablo Gómez. Será ocasión de reiterar la necesidad de recuperar a la UIF como institución de Estado para coadyuvar en la lucha contra el lavado de dinero asociado a crímenes. Mucho puede y debe hacerse para contener la ola delictiva, principalmente, aunque no exclusivamente, la relacionada con el crimen organizado. El alto perfil del funcionario designado lleva implícita la importancia que el presidente concede a dicha responsabilidad.
La revancha de los diputados
La crónica y la opinión coinciden en la exitosa comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no así de la mayoría legislativa, que lo acogió con arrogancia, soberbia y majadería. Las buenas formas no han sido la marca del parlamento mexicano desde el arribo de la pluralidad. Ahora se destaca que lo peor viene de la mayoría, dicho sea de paso, la que gobierna en el nivel nacional y en la mayoría de las entidades del país. La humildad no está en su diccionario, tampoco el sentido de decencia. Lo que sí está en letras mayúsculas es el sentimiento de revancha: reducen al INE 4.9 mil millones de lo solicitado, y comprometen de este modo la consulta para la ratificación de mandato.
La degradación de la vida pública queda confirmada. También, el vigor del INE. Los diputados tienen derecho de llamar a comparecer a los jefes de los órganos autónomos. La polémica sobre el gasto ameritaba la explicación del consejero presidente. Las respuestas se hicieron de manera puntual, clara y convincente. No así la lamentable conducta ni los disparatados argumentos de la mayoría.
Efectivamente, la vida política vive un proceso de muy preocupante degradación. El insulto, la descalificación y la revancha, divisa de estos tiempos, vienen desde la más alta tribuna de la nación; y se han mimetizado de mala forma en la mayoría.
El INE requiere de escrutinio y de una nueva generación de reformas para cumplir mejor su responsabilidad. Debe preocupar el desencuentro político y la polarización. También se requieren respuestas ante el financiamiento ilegal y la presencia política abierta y sin medida del crimen organizado en los amplios territorios bajo su control.
La consulta requiere presupuesto. Aún así será difícil una participación superior a 40 por ciento; se prevé una votación arrolladora por la ratificación al presidente López Obrador, volviéndose un ejercicio innecesario para efectos de una revocación. Eso sí, muy útil para el presidente y, eventualmente, para su partido con referencia a los desafíos electorales de los próximos años.
La mayoría ha puesto en riesgo la organización de la consulta, una apuesta política para el presidente. Reducir la solicitud de gasto en casi 5 mil millones de pesos compromete la organización del proceso comicial asociado a la revocación de mandato, presupuestado en 3 mil 800 millones.
Lorenzo Córdova con la consulta de revocación y las elecciones de junio prácticamente concluye con su responsabilidad como consejero del INE; su relevo habrá de ocurrir en abril de 2023. Seguramente, desde hace años, en la proximidad con José Woldenberg consejero presidente, quien condujo con éxito al IFE en la elección de la primera alternancia, avisoró en algún momento de su trayectoria estar a la altura de la institución más relevante de la democracia mexicana. A pesar de la descomposición de la vida pública y de la polarización, con satisfacción puede considerar tal anhelo cumplido. Contraste para los diputados de la mayoría, un episodio vergonzoso y de triste memoria. La revancha por la vía presupuestal muestra que la democracia mexicana no parió hijos dignos de su madre.
Inmunes al error
Nada envilece más a una persona, a un oficio, a una tarea o a un proyecto, que volverse inmune al error. Esta es la realidad del país. La actividad económica revela las buenas o malas cuentas en la hoja periódica de resultados, casi en tiempo real. No así la gestión gubernamental o la política, hay que esperar los comicios para la prueba ingrata de los votos. Además de tardía es un examen imperfecto; son muchas las consideraciones que influyen en los resultados. El dinero bien o mal habido, pero bien aplicado es una de estas. El voto no es infalible, pero es lo mejor que existe para cambiar o ratificar Gobiernos.
La fascinación por los sondeos de opinión es una fantasiosa pócima del gobernante para evaluarse. Si el voto es imperfecto mucho más es la medición aritmética de la veleidosa opinión pública, que hasta engañosa y ficticia puede ser. Por ejemplo, el supuesto apoyo mayoritario a la contrarreforma eléctrica tiene por fundamento el desconocimiento de su contenido, no la adhesión a una propuesta, sino al promotor, quien cada mañana con malas artes y aprovechando su ascendiente popular promueve el error, el equívoco.
Cierto, si el error se presenta y no se enmienda o al menos se reconoce, difícilmente habrá remedio. Desde luego, requiere de un fino diagnóstico, al menos para no confundir efectos con causas, una de las fallas frecuentes en los políticos; tampoco perderse en las causas profundas, remotas para incidir en ellas. Por ejemplo, si la pobreza es la razón de la delincuencia, como parece suscribir el actual Gobierno, tendríamos que esperar décadas, en el mejor de los casos para abatirla. Mejor pensemos en que la impunidad propicia la delincuencia y actuemos, todos, para que el gran pacto nacional sea el de la lucha contra la impunidad en todas sus expresiones.
Hoy, como nunca, nuestras autoridades son inmunes al error. La práctica de descalificar a la crítica o verla como expresión de los perversos históricos, hace del error santuario del incompetente. Pero ellos se van y el país sigue. Las consecuencias de no actuar bien, del mal, van más allá del momento en el que se vive o actúa.
Aunque la perseverancia o la terquedad puede ser una virtud, requiere de validación permanente, de sensibilidad y honestidad para corregir, ajustar y, en su caso, suspender. Pero no todo es culpa del Gobierno. La oposición, la sociedad y los medios tienen una tarea importante. Si el gobernante yerra y los demás callan por miedo, complacencia o comodidad, dejan a la sociedad indefensa, expuesta al abuso y sin otra esperanza de ajuste que esperar la renovación democrática de quienes ahora detentan el poder, con la amenaza de un futuro no mejor o ni siquiera razonable respuesta a su presente.
Por eso la democracia no debe limitarse a su expresión comicial; es tarea de todo el tiempo, diaria, de un ejercicio permanente de examen, adhesión, crítica y propuesta frente al poder. No a todos se puede pedir su empeño, pero sí a quienes tienen el mandato formal de conformar la oposición. También para todo aquel que se advierte vulnerado en sus derechos o que estima que hay mejores derroteros para responder a los problemas de siempre y a los recientes.
La democracia es deliberación permanente. Y el presidente ha estado practicando esta última, con buenas, malas y muy malas formas. Pero la Presidencia de la República, por lo que es y los poderes que acumula es el espacio de representación de todos. No ha sido el caso, y el diálogo público se ha pervertido por la ausencia de quienes deciden callar, en espera de que otros o el tiempo les hagan la tarea. Efectivamente, tenemos un régimen político y de Gobierno inmune al error. E4
La recuperación de la Fiscalía en marcha
Finalmente ocurrió lo que muchos descartaban: la prisión de Emilio Lozoya. En este espacio hemos señalado que la prisión preventiva es un recurso excepcional, por la sencilla razón de la presunción de inocencia. Para el caso concreto de Lozoya, el privilegio de mantener la libertad se asociaba al compromiso del detenido, confeso, de aportar los elementos incriminatorios a autoridades superiores, presuntamente el expresidente Peña Nieto y los exsecretarios de Hacienda, y pruebas sobre delitos más graves que los de la acusación original. También se pensaba que los términos de la extradición establecían el compromiso de que Lozoya llevara su caso en libertad, como testigo colaborador.
La solicitud de la Fiscalía al juez de declarar la prisión preventiva descarta cualquier idea de pacto de un privilegio indebido. Como en su momento lo señaló el fiscal Gertz Manero, se harían las investigaciones del caso, y se valorarían los elementos de prueba de Emilio Lozoya para verificar si se cumplía con los llamados criterios de oportunidad. La insuficiencia de pruebas obligó a la Fiscalía a modificar su postura y solicitar la prisión preventiva.
Los hechos se dan en el contexto de varios casos sumamente polémicos que han desgastado la credibilidad de la Fiscalía. Ciertamente, la acción penal a partir de la denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en contra de un grupo de científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC vinculados con el Conacyt. Así como la divulgación de la fotografía en la que aparecía Lozoya departiendo con amigos en un restaurante de privilegio, al momento en que el juez determinaba que Rosario Robles debería continuar bajo prisión preventiva, lo que comprometía gravemente a la Fiscalía; y, en opinión de muchos, al Gobierno federal y a López Obrador mismo.
La prisión preventiva es una medida extraordinaria, cualquiera que sea el caso. Se detiene porque se investigó, no se detiene para investigar. Por eso, el legislador ha debido determinar la prisión oficiosa para ciertos delitos considerados muy graves. Más aún, recientemente la Corte resolvió que no aplicaba para delitos fiscales, siendo indispensable la resolución del juez. La prisión de Emilio Lozoya no valida a la prisión preventiva como un recurso normal o regular de la investigación judicial. Corresponde a la valoración del juez y a los elementos que aporte la FGR para determinar su procedencia en el caso particular.
Es previsible que la opinión pública respalde la decisión de la detención y, consecuentemente, que la FGR y su titular recuperen terreno. Los desencuentros no deben llevar a perder perspectiva sobre la relevancia de esta institución del estado mexicano y su fortalecimiento. El irresponsable descuido de Lozoya deja a la Fiscalía en el mejor de los mundos, él preso, pero todavía como testigo colaborador. E4
