Recuperar cuota eléctrica, cuestión de soberanía: 4T

En junio pasado, la oferta de ser contrapeso del Gobierno y el respaldo de la alianza opositora permitieron al PRI aumentar de 40 a 71 su cantidad de diputados en el Congreso, si ahora apoya la iniciativa de AMLO perdería todo crédito para procesos futuros; parte de quienes son vulnerables frente a la acción judicial tienen fuero, como Rubén Moreira

Cabildeo en proceso; el pueblo apoya, políticos dudan

El Gobierno de Enrique Peña Nieto promovió su proyecto de reforma energética —concretada en 2013 con la finalidad de abrir ese sector a la iniciativa privada—, sobre el argumento de que la competencia ayudaría a bajar los precios del gas, electricidad, gasolinas y fertilizantes. En 2018, cuando Peña dejó la presidencia, ya habían transcurrido cuatro años de operar bajo ese esquema, con nuevos participantes en el mercado y el prometido descenso de precios no se cumplió.

En 2014, el primer año en que la reforma ya aprobada se implementó, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la gasolina magna tenía un costo promedio de 12 pesos por litro; cuatro años después, hacia noviembre de 2018, cuando Peña deja el Gobierno, ya había escalado a 20.02 pesos, un incremento de 67%. La gasolina premium y el diesel registraron alza similar, que equivale a más de cuatro veces la inflación.

«Con la reforma que se propone, los precios de la electricidad, en el mejor de los casos, bajarán; en el peor, no rebasarán el nivel de la inflación».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

En el caso de la electricidad, datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indican que en el periodo de aplicación de la reforma energética el precio del megawatt/hr no ha bajado, al contrario, ha registrado un alza de 35%. Aunque en diferentes proporciones, tampoco los precios del gas LP o del gas natural registraron descenso.

Apoyado en estos datos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en la mañanera del 11 de octubre la iniciativa de reforma para el sector eléctrico que había enviado a la Cámara de Diputados. Su promesa: «Los precios de la electricidad, en el mejor de los casos, bajarán; en el peor, no rebasarán el nivel de la inflación».

Cuestión de soberanía

Para respaldar lo dicho por el presidente, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), indicó que «la principal motivación de esta reforma es la soberanía nacional» y recordó un evento: «Cuando en febrero de este año se sufrieron en Texas los estragos de una onda gélida que afectó los ductos de gas natural que conducen el energético hacia México, evento que disparó su precio a niveles en extremo altos, mientras en los hogares texanos las facturas pasaron de un promedio de 200 dólares a más de 6 mil dólares al mes, en México lo que se resintió fueron algunos apagones, pero las facturas de los consumidores no se vieron alteradas, gracias a que el Gobierno absorbió el altísimo costo financiero. “Que la CFE asuma la mitad y el resto la Secretaría de Hacienda, porque para eso son los impuestos”, ordenó el presidente».

«Queda claro que lo que se hizo con la reforma de Peña fue establecer un mecanismo de saqueo que atenta contra la existencia de la CFE».

Manuel Bartlett, director general de la CFE

La referencia indica que el mercado energético texano rebasa los sueños hasta de los neoliberales más dogmáticos. En ese estado del sur de Estados Unidos existen más de 200 proveedores privados de electricidad que supuestamente compiten entre sí en un mercado «libre» de compra y venta de energía. Los consumidores tienen el derecho a elegir y a cambiar constantemente entre las diferentes empresas, y los precios varían de acuerdo con la llamada ley de la oferta y la demanda, misma que hasta ahora mantiene a las familias pagando el adeudo que la onda gélida les dejó.

Nahle agregó que, en una circunstancia como la de febrero pasado es precisamente cuando más se necesitaba del soporte de las plantas generadoras de electricidad del sector privado. «Fue repentino el hecho de que la CFE tuviera que asumir prácticamente la cobertura total del servicio al país, pues una gran cantidad de los 190 generadores privados existentes, al advertir que podrían incurrir en pérdidas, simplemente apagaron sus turbinas», precisó.

El 14 de octubre, en Veracruz, Nahle comentó que en este momento los generadores privados de electricidad cubren el 62% del mercado mexicano y dejan a la CFE solo el 38%. «Si esa tendencia de cobertura ascendente se sostiene, hacia el final de este sexenio los particulares ya se habrán apoderado de más del 90% del mercado, y no pararán hasta tomarlo todo. En 2012, antes de la reforma energética, la proporción era 54% la CFE y 46% el sector privado. A eso es a lo que pretendemos regresar con la reforma eléctrica, cuya finalidad es fortalecer la soberanía nacional, muchos países así se administran», comentó.

«Con la cancelación de contratos de compraventa y autoabasto se estaría abandonando la transición hacia un escenario de energías limpias y eso generará pérdidas millonarias para quienes hayan invertido en ellas».

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial

La secretaria puntualiza que el 46% del mercado mexicano equivale a todo el argentino o a todo el venezolano. «Un mercado de esa dimensión no es “poca cosa”, y no debe malinterpretarse la intención, pues la propuesta es negociar para reestructurar las concesiones, no expropiar, por eso mismo no hay intención de indemnizar a nadie».

En el mundo, el caso de España es emblemático, «y eso es a lo que no queremos caer», comentó la funcionaria. Tras vender Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA) —equivalente de la CFE de México—, todo el sector eléctrico del país ibérico quedó, desde 2009, en manos de particulares como Iberdrola, Repsol y Naturgy, mismas que operan en México junto a una larga lista de generadores más pequeños. Para conseguir la privatización, como en toda política neoliberal, la promesa fue que «bajarán los precios», pero eso no sucedió.

En 2010, el megawatt/hora costaba 45.83 euros en España; en octubre de 2021 alcanzó los 209.78 euros, un incremento de 358%. Grosso modo, el problema es tal que, en estas semanas, ante la imposibilidad de hacer frente a sus facturas de electricidad y por temores a un «apagón europeo» para el invierno que se avecina, los españoles agotan en las tiendas de deportes y de enseres para acampar, todo lo relacionado con equipo de supervivencia, como bolsas de dormir y lámparas de keroseno, entre otros.

A pagar

Por su parte, Manuel Bartlett, director general de la CFE, comentó en el programa «De buena fe», de Canal Once (01.11.21), que con la finalidad de que la empresa estatal recupere su preponderancia económica, otras de las intenciones de la iniciativa de reforma de López Obrador apunta a exigir que los privados paguen lo que les corresponde por el servicio de despacho —costo por hacer uso de la red de distribución de CFE—, porque desde 2013 se les autorizó a abonar solamente un «timbrado», que es una cantidad simbólica.

Indicó que también deberá cambiar la preferencia de los productores privados en el orden de despacho diario. Hoy, a la hora de abastecer a los usuarios, la electricidad generada por empresas particulares tiene prioridad. Así se estableció en la reforma de Peña Nieto como una forma de incentivar la inversión, pero justamente eso es lo que ha permitido que la cobertura de mercado sea de 62% para privados y 38% para la CFE, obligada a frenar su propia capacidad productiva para hacerlo posible, porque así lo establece la ley que apuntala los cambios constitucionales de la reforma de 2013.

«Por esa ley, en este momento no hay manera de obligar a que los particulares paguen el despacho, además de que impide cambiar la preferencia que tienen en el orden de distribución, porque tan pronto como intentamos hacerlo, de inmediato se ampararon. Bajo esa circunstancia, queda claro que lo que se hizo con la reforma de Peña fue establecer un mecanismo de saqueo que atenta contra la existencia de la CFE», comentó Bartlett, e instó a leer la carta abierta que Adolfo López Mateos dirigió al pueblo mexicano después de reformar el Artículo 27 para nacionalizar el sistema eléctrico que prevalecía. La carta señala:

«Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación; pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.

»Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros» (Adolfo López Mateos, 27.09.60).

Interés neoliberal

Para Ángel Balderas, catedrático de la Universidad de Querétaro y analista del sector energético, «aunque con paciencia de tortuga, los preparativos para llegar a la reforma energética de 2013 incluyeron 495 modificaciones a artículos constitucionales a lo largo del periodo neoliberal, que comprende desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. El mayor número de modificaciones se realizaron con Felipe Calderón (110) y Peña (155)».

En lo que respecta al sector energético, los artículos constitucionales que lo regulan son el 25, con cinco modificaciones; el 27, que ha sido cambiado seis veces, y el 28, modificado ocho veces. En los cambios al 27 se establece la posibilidad de contratos y proveeduría de electricidad para la CFE con particulares, cuyas empresas podrán generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para el servicio público, y a través del 28 se abrió la posibilidad de otorgar concesiones o permisos en esta actividad.

«No obstante, ya desde 2008 y en flagrante violación a la Constitución, que lo prohibía, había 110 Gigawatts/hr en el mercado generados por particulares», apunta el especialista, referencia que explica por qué en 2021 está tan consolidada la presencia de las españolas Repsol, Iberdrola, Naturgy y Unión Fenosa en nuestro país, las cuales generan 77 de esos 110 Gigawatts.

Repsol, por ejemplo, se ubica como uno de los más importantes abastecedores de gas para plantas de ciclo combinado. Según datos de la CRE, actualmente genera el 70% de la producción particular de energía eléctrica en México. Debido a que España no es productor de gas, queda claro que Repsol solo actúa como intermediario, pues trae el combustible desde Perú, algo que Pemex podría hacer directamente.

Otra compañía española con gran presencia es Acciona Energy, además de la italiana Enel. A final de cuentas, la reforma energética dejó a México 190 contratos de la CFE con empresas privadas, la mayor parte de ellas extranjeras.

Balderas comenta otro asunto a detallar: Acorde a la Constitución, la CFE solo está autorizada a vender electricidad a los usuarios finales, pero los particulares, cuya concesión les autoriza autoabasto, venden su excedente bajo un esquema fraudulento, donde establecen un falaz contrato de asociación —que al asociado no le cuesta más de un dólar— para justificar el abastecimiento directo del generador privado.

Es a través de un mecanismo como ese que, por ejemplo, Fomento Económico Mexicano, S.A. (FEMSA) afilia a todos sus Oxxos, lo cual les permite ser abastecidos directamente con la electricidad que FEMSA genera. A este mecanismo se atribuye el hecho de que los recibos de luz de un Oxxo sean por pagos inferiores a los de una «tiendita de la esquina».

Oposición

De acuerdo con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), todos los cuestionamientos sobre la operación actual del sector eléctrico nacional tendrían que ser señalados y corregidos por la CRE, porque para eso se creó como ente de supervisión autónomo e independiente. Rechaza que las funciones de esa dependencia o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), —como se pretende en la iniciativa de AMLO— sean asumidas por la Secretaría de Energía.

En un comunicado de prensa (02.11.21), señala que los reguladores juegan un papel de mediar entre el interés público y privado y evitar cualquier situación irregular. La cúpula empresarial añade que «con la cancelación de contratos de compraventa y autoabasto se estaría abandonando la transición hacia un escenario de energías limpias y eso generará pérdidas millonarias para quienes hayan invertido en ellas». Salazar Lomelín comenta que las inversiones comprometidas ya en el sector eléctrico ascienden a 44 mil millones de dólares y que de ese tamaño sería el golpe inicial al sector privado.

A decir de José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la Constitución se establece que no debe haber retroactividad y que, por lo tanto, esas inversiones que se han hecho por parte de empresas para la generación de energía limpia deben respetarse.

Respecto a la afectación al medio ambiente, Medina Mora recuerda que «tenemos compromisos internacionales de que para el 2024 el 35% de la energía que produzcamos sea energía limpia». La CFE responde que tan pronto como se implemente esta iniciativa de reforma, podrá echar a andar al 100% la capacidad instalada de sus hidroeléctricas, su termoeléctrica y de la planta nuclear instalada en Laguna Verde, Veracruz. Tan solo eso llevaría la generación de energías limpias del país en torno a 20%, lo cual es muy superior a lo que las empresas privadas aportan.

Para Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del CCE, en el rol de comercialización la más beneficiada es la CFE, que vende el 80%, pero su costo de generación (mil 403 pesos por megawatt/hr) es mucho más alto que los de particulares (406 pesos).

Otro vaticinio de los opositores a la reforma es que, dada una supuesta incapacidad de CFE para cubrir la demanda y su falta de competitividad, habrá desabasto y un incremento de precios. Nahle responde a eso que ya en febrero pasado se dio muestra de que la CFE está en capacidad de afrontar las necesidades del mercado por sí sola, pero la reforma le comprometería a abastecer solo el 54%, lo cual le deja un holgado margen de operación.

Pese a todo, Medina Mora reitera que solo la libre competencia garantiza un punto medio conveniente de avance de precios. Rocío Nahle, quien además de ser secretaria de Energía es ingeniera química con especialidad en Petroquímica, señala que lo injustificable es que las empresas pretendan beneficios económicos simplemente a partir de alzas de precios. «Si quieren aumentar ganancias, que lo hagan a través de fortalecer sus eficiencias, tal como hacemos en CFE». E4

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en cuanto al mercado del sector eléctrico mexicano…

• 62 % lo cubre el sector privado, el resto la CFE.
• 54% es lo que se propone que retome la CFE.
• 46% del mercado eléctrico mexicano equivale a todo el argentino.
• 44 mil mdd es la inversión vigente del sector privado en generación de electricidad.
• 35% aumentó el precio de la electricidad en México desde 2013.
• 358% aumentó el precio de la electricidad en España desde su privatización.

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Cabildeo en proceso; el pueblo apoya, políticos dudan

El 63.8% de los mexicanos está a favor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pendiente de aprobación en el Legislativo, según una encuesta divulgada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, resultado que surge de sumar dos rubros, el 28.1% de los mexicanos está «muy de acuerdo» con esta reforma constitucional, mientras que el 35.7% está «algo de acuerdo» Asimismo, un 13.6% está «algo en desacuerdo» y un 17.3% está muy en desacuerdo, mientras que un 1.3% no está «ni de acuerdo, ni en desacuerdo».

Según los resultados de la encuesta, 38.5% de los consultados consideró que los precios de la luz bajarán, mientras que un 27.1% opinó que estos seguirán igual y un 27.8% que aumentarán. Sobresale también que el 45.8% de las personas consideran que pagan más por la luz que las empresas, frente a un 21.2% que estima que paga igual y un 22% que cree que pagan menos.

El 36.7% de los mexicanos estima que la inversión privada aumentará con la reforma eléctrica, frente al 6.4% que opina que esta inversión seguirá igual y un 39.6% que, por el contrario, asume que disminuirá.

Preguntados sobre la energía renovable, el 85.8% de los encuestados considera que la reforma energética debe contemplar un «mayor uso de energías limpias», mientras que el 8.7% dijo que «no es necesario» y el porcentaje restante no supo responder.

La reforma eléctrica de López Obrador causa controversia porque entrega un mínimo de 54% de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, y desaparece los reguladores autónomos de la energía, la CRE y la CNH. También nacionaliza el litio y cambia el criterio del despacho de electricidad para priorizar siempre las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las eólicas y solares de privados.

En la discusión, a diferencia de iniciativas anteriores, el presidente se ha mostrado abierto a analizar cambios que el Congreso proponga, pues su alianza de partidos perdió en los comicios intermedios de junio la mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una reforma constitucional. Bajo esa circunstancia las cosas no pintan bien para la propuesta obradorista, hasta el momento Morena no ha conseguido la cantidad de votos que la iniciativa del presidente requiere —334; dos tercios de la Cámara—. En votación de febrero pasado consiguió 304 votos, y mientras el cabildeo continúa con los diputados del PRI como fiel de la balanza, analistas políticos ya advierten la posibilidad de que, incluso, algunos legisladores del Partido Verde (PVEM) se retracten y voten en contra.

Además, la dirigencia del PRI sabe que un voto a favor de la reforma energética es también un voto para hacer añicos la reputación endeble del partido. Una razón de la recuperación modesta que tuvo el PRI en las elecciones de junio pasado (pasó de 40 a 71 diputados) fue la oferta de ser contrapeso del Gobierno a través de una coalición opositora. Traicionar esa oferta le haría perder atractivo para las siguientes elecciones.

Mientras la incertidumbre persiste, según el analista Luis Carlos Ugalde (El Financiero, 12.10.21) «aunque la amenaza de procesos penales es real, buena parte de quienes son vulnerables frente a la acción judicial tienen fuero, como es el caso de Rubén Moreira. Asimismo, la “política de la zanahoria” es menos potente ahora porque el PRI tiene menos gobernadores —quienes a cambio de más presupuesto podrían garantizar la disciplina de los diputados de sus entidades—. Hoy solo hay cuatro gobernadores del PRI: uno de ellos ya se pronunció en contra (Miguel Riquelme, de Coahuila; siete diputados) y otro a favor (Oaxaca, solo dos). La moneda sigue en el aire. E4