Riquelme, cuatro años de gobernar en la tormenta sin perder el timón

Apertura y reacción oportuna frente a la pandemia de coronavirus, los episodios de violencia en la frontera y otros acontecimientos, claves para mantener la estabilidad. Sin embargo, las causas de la crisis —«moreirazo» e impunidad— persisten y pueden reflejarse en las próximas elecciones estatales

Mantener unido al PRI en el 23, la última prueba

El poder se ejerce, aunque la rama cruja

Las manifestaciones en Saltillo y las principales cabeceras municipales del estado contra el «fraude» electoral del 4 de junio de 2017, en las cuales participaron decenas de miles de personas; la huelga de hambre frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demandar la anulación del proceso; la presión mediática nacional; el repudio social al «moreirato» y la validación de los comicios el 24 de noviembre, una semana antes del relevo gubernamental, anticipaban un sexenio ríspido y preñado de conflictos para Miguel Riquelme. Sin embargo, el lagunero sorteó la crisis con una política basada en la apertura, la conciliación y el restañamiento de agravios y rencores acumulados en el docenio de Humberto y Rubén Moreira.

Riquelme asumió la gubernatura con una deuda bancaria y con proveedores por 40 mil millones de pesos, más la demanda ciudadana de investigar el quebranto y castigar a los responsables, la cual no ha tenido respuesta. Con un Gobierno política y financieramente frágil, Riquelme se vio obligado a templar su carácter, a reagrupar al PRI, también dividido por el clan, y a tender puentes con las oposiciones, los liderazgos y los sectores perseguidos por sus predecesores. El cambio de estilo —el de Moreira I era frívolo y pendenciero; y el de Moreira II, arrogante y megalómano— ayudó a distender el ambiente en el estado.

La impunidad solapada por el Sistema Estatal Anticorrupción —compuesto por la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras instancias— y la justicia negada en los tribunales se castigaron en las urnas. Riquelme ganó las elecciones con el menor margen (2.5%) en toda la historia del PRI. La cortedad de miras y el protagonismo de los candidatos de oposición frustraron la alternancia en Coahuila. Por primera vez en 78 años, el PRI obtuvo menos votos (482 mil) que las demás fuerzas políticas (PAN, Morena, PRD, PT y los candidatos independientes sumaron 759 mil) a pesar de tener el apoyo de otros seis partidos.

El PRI perdió en el mismo proceso la mayoría en el Congreso, lo cual tampoco había sucedido, y las principales alcaldías, excepto Saltillo. La tendencia se mantuvo en 2018: Morena arrasó en las elecciones presidenciales, ganó las senadurías de mayoría relativa y, junto con el PAN, cinco de siete diputaciones federales. Para atraerse a los grupos de presión, Riquelme entregó secretarías clave (Gobierno, Finanzas y Economía) a saltillenses avalados por el sector privado (José María Fraustro, José Blas Flores, exrectores de la UAdeC y excolaboradores de Rubén Moreira, y Jaime Guerra, expresidente de la Canacintra), pero no el control total. Pues en segundas posiciones colocó a operadores suyos, como Javier Herrera, subsecretario de Egresos y Administración. El resto de las carteras importantes (Infraestructura, Fiscalía y Salud) las entregó a laguneros de su círculo.

Adoptar un perfil bajo, evitar ser piedra de escándalo —como sí lo fueron Humberto y Rubén Moreira—, abrir el Gobierno a las corrientes del PRI excluidas y acosadas por el clan, conservar los fundamentos del grupo en el poder desde hace 16 años, negociar con las oposiciones —en particular con el PAN— y ser aquiescente con el sector privado le ha permitido a Riquelme gobernar sin conflictos mayores. Asimismo, recuperó la mayoría en el Congreso y afianzó su control sobre la UAdeC, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y los órganos «autónomos». También tiene de su lado al sector privado, siempre en pugna con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a escala federal, ha logrado separar a las oligarquías de las decisiones políticas, cosa que aún sucede en la mayoría de los estados.

Como anillo al dedo

En su toma de posesión Miguel Riquelme ofreció «entregar buenas cuentas» y no defraudar a los coahuilenses. También se comprometió a investigar y sancionar los actos de corrupción y proteger los derechos humanos. Han pasado cuatro años desde entonces y si bien el estado se diferencia de otros por sus niveles de seguridad y crecimiento económico, el «moreirazo» permanece impune. El Sistema Estatal Anticorrupción es una entelequia burocrática, un pozo sin fondo, cuyos resultados son nulos. En el tema de derechos humanos, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios cuestiona el trato a los migrantes y la reforma para eliminar la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado.

Ejercer el poder sin estridencia ni confrontaciones con los sectores antagónicos distingue a Riquelme de sus predecesores Humberto y Rubén Moreira, quienes se dedicaron a hostilizar a las oposiciones y a los críticos, pero carga con todos los lastres de la marca. Entre 2018 y este año, su Gobierno dejó de invertir alrededor de 16 mil millones de pesos en obra, infraestructura y servicios para destinarlos al pago de intereses por la megadeuda, la cual ronda los 40 mil millones. La eliminación de fondos federales a los estados y la reducción de participaciones, por parte de la Secretaría de Hacienda, asfixian aún más las finanzas de Coahuila. Lo mismo sucede en el resto de las entidades.

El Gobierno ha afrontado la precariedad financiera con menos gasto, créditos a corto plazo y malabarismos financieros, pero aun así no alcanza. Subir impuestos es impopular y políticamente suicida, máxime en la tesitura de una contracción. La deuda anula cualquier esfuerzo y regresa siempre al punto de partida. Concentrar el poder y tener buena prensa le ha permitido a Riquelme sortear la crisis. Sin embargo, la falta de inversión en sectores prioritarios tarde o temprano pasará factura y afectará la competitividad.

La pandemia de COVID-19 representó otro golpe para los estados. El impacto fue mayor en Coahuila por el abandono del sector salud en los dos últimos sexenios. Lo mismo que en la crisis por el asalto del Cartel del Noreste en Villa Unión el 30 de noviembre de 2019, mientras presentaba su segundo informe ante el Congreso; el asesinato de una maestra en el Colegio Cervantes de Torreón (2019) a manos de un alumno; el colapso de una mina de carbón en Múzquiz (2021) donde murieron siete trabajadores; y la irrupción de la delincuencia organizada en la frontera, la reacción del gobernador en la emergencia sanitaria y en las fases de contención y vacunación dividió las críticas. «La pandemia también le cayó como anillo al dedo a Riquelme, pues desvió la atención de otros problemas», me dijo un líder de oposición.

El gobernador ganó reflectores como iniciador de la Alianza Federalista creada para demandar apoyo económico del Gobierno federal a los estados y revisar el pacto fiscal. Sin embargo, el frente adoleció de dependencia y no fue respaldado por la mayoría de los gobernadores. La intención de fondo era debilitar al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones intermedias. El objetivo tampoco se logró, pues Morena y sus aliados conservaron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; además le ganaron al PRI, PAN y PRD 11 gubernaturas.

Consulta Mitofsky ubica a Riquelme entre los mandatarios mejor calificados del país por su gestión y su posicionamiento en temas de la agenda nacional. Humberto Moreira era el gobernador mejor evaluado de México en el cuarto año de su gestión, muy por encima de Peña Nieto (Estado de México). ¿De qué le valió, si la revista Forbes lo incluye en la lista de los «10 mexicanos más corruptos de 2013»? Aquí se cumple la sentencia de Víctor Hugo según la cual «la popularidad es gloria en calderilla».

Sucesión en ciernes

El Gobierno de Miguel Riquelme pudo haber sido políticamente un infierno como lo fue el casi medio año comprendido entre su elección y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la ratificó, una semana antes de rendir protesta. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), liderado por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero (independiente) movilizó a legiones en ciudades grandes, medianas y pequeñas e incluso acudió a la Organización de Estados Americanos para denunciar el «fraude» y pedir la anulación del proceso ganado por el PRI por un margen estrecho. El Instituto Electoral de Coahuila confirmó su papel de marioneta del poder.

Coahuila y Estado de México eligen gobernador antes de las presidenciales. El PRI había arrasado siempre, pero en 2017 ganó por los pelos. El FDC impugnó el triunfo de Riquelme, y Delfina Gómez, candidata de Morena, el de Alfredo del Mazo. Tras meses de marchas y protestas en ambas entidades, el presidente Peña Nieto recibió a Del Mazo en Los Pinos el 15 de agosto. El mensaje parecía obvio: «Estado de México para el PRI y Coahuila para el PAN», fue la lectura de la reunión de los primos Peña y Del Mazo.

Catorce días después —eternos para los protagonistas— las puertas de la residencia oficial se abrieron para el gobernador electo de Coahuila. Las oposiciones protestaron en uno y otro caso, pues las elecciones estaban impugnadas. El TEPJF le dio al final gusto al presidente y confirmó las victorias del PRI. Sin embargo, la alternancia frustrada hace cuatro años podrían conseguirse en 2023. Delfina Gómez, con toda seguridad, volverá a ser postulada por Morena. En Coahuila, la derrota del senador Armando Guadiana, quien compitió por la alcaldía de Saltillo abrió la baraja. La gubernatura se decidirá entre los partidos guinda y tricolor.

¿Qué salvó a Riquelme —próximo a rendir su cuarto informe— del infierno? Reconocer la fragilidad financiera y política de su Gobierno. Sin dinero, y corto de legitimidad, no podía echar las campanas al vuelo ni anunciar grandes proyectos. Tampoco debía buscar culpables —fuera de los Moreira y sus secuaces— por haberlo expuesto a la derrota, emprender purgas ni enfrentarse a quienes lo desconocieron. «La sociedad no se alimenta del enojo y del encono. La sociedad demanda resultados. Mi Gobierno se centrará en conseguirlos», declaró en su toma de posesión en un Congreso acordonado por policías y militares.

De haberse mantenido el FDC en actitud de protesta y denuncia permanente, igual que Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, el margen de maniobra de Riquelme habría sido aún más estrecho. El FDC también estaba agotado y sus líderes se embarcaron en nuevas aventuras: Guillermo Anaya y Armando Guadiana fueron postulados para el Senado, pero solo ganó el segundo. Javier Guerrero, quien ya había renunciado al PRI por el «secuestro del PRI» y el acoso de Rubén Moreira, se afilió a Morena. Siempre una elección cerrada y con visos de fraude repercute en la siguiente. Coahuila retornará a las urnas en 2023 para nombrar al sucesor de Riquelme. Si la ciudadanía vuelve a votar por la alternancia, como lo hizo hace cuatro años, quizá está vez la consiga. Mucho dependerá la trayectoria, antecedentes y alcance de los candidatos. No hay nada escrito sobre el resultado. E4

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Mantener unido al PRI en el 23, la última prueba

La candidatura no la decidirán los afectos, los regionalismos, los intereses ni las gratitudes por favores ya pagados, sino las circunstancias

¿Qué mantiene unidas a las distintas corrientes del PRI en torno del gobernador Miguel Riquelme? En la mayoría de los casos, el presupuesto, como ocurre sexenio tras sexenio —para no «vivir en el error», decía César Garizurieta, el Tlacuache—. En otros, la expectativa de sucederle en el cargo. Humberto y Rubén Moreira fueron excluyentes. Como parte de ese juego, tuvieron gabinetes inestables, no dejaron crecer a nadie; dieron patente de corso a un puñado de secuaces y castigaron a los rebeldes. De otra manera, no hubieran podido dejar sucesor. Riquelme ha dado muestras de ser de otro estilo y no parece tener telarañas en los ojos.

Algunos de los cuadros marginados por el «moreirato» emigraron a Ciudad de México y otros estados. Los hermanos se atrajeron con prebendas y cargos —la mayoría de segundo o tercer nivel— a militantes del PAN, PRD y del Partido Verde. También embaucaron a peones como Jorge Torres López, quien pagó con descrédito y prisión haber servido ciegamente al clan y compartir su afición por la rapiña. El exgobernador Rogelio Montemayor renunció al PRI después de varias promesas políticas incumplidas y de la obscena imposición de Alejandro Moreno en la dirigencia nacional.

El terror en el estado por las masacres en Allende y Piedras Negras y las desapariciones forzadas, también lo vivieron los adversarios del tándem, reales o ficticios, e incluso los aliados. Noé Garza, exlíder del PRI estatal y exsecretario de Desarrollo Rural, fantaseó con la idea de suceder a Rubén Moreira supuestamente por haber convencido a Humberto Moreira de heredarle el puesto. Cuando quiso cobrar el favor, encarcelaron a uno de sus hijos por posesión y tráfico de drogas. Garza dimitió al PRI y amagó con postularse como candidato independiente.

De haber jugado las mismas cartas, el Gobierno de Riquelme hubiera naufragado y el PRI se habría terminado de hundir. Sin embargo, arrió las banderas del revanchismo, levantó vedas y sumó a quienes compitieron con él por la candidatura, como Jericó Abramo e Hilda Flores. El exalcalde de Saltillo fue amenazado por Rubén Moreira y la exsenadora también sintió su inquina. Por otra parte, reconcilió al Gobierno con líderes y excandidatos de oposición a los cuales el clan les había declarado la guerra. Riquelme ha podido llevar así el timón sin sobresaltos, sortear tormentas, recuperar espacios políticos y mantener con vida al PRI de Coahuila «el mejor de México», dicen los panegiristas. Otros factores a su favor son la atonía del PAN y la desarticulación de Morena.

Riquelme tiene —a diferencia de los Moreira— cartas suficientes para manejar la sucesión. La candidatura no la decidirán los afectos, los regionalismos, los intereses ni las gratitudes por favores ya pagados, sino las circunstancias. La elección pasada estuvo a punto de perderse con el PAN, pero la del 23 ofrece riesgos aún mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta ya con 17 gobernadores de Morena; la cifra podría aumentar a 22 el año próximo. Después seguirán Coahuila y Estado de México. Un desatino, un error de cálculo, una intromisión, podrían ponerle en bandeja de plata dos estados más. El reto de Riquelme consiste en mantener unido al PRI después de tomar su decisión. Con tantos egos en competencia, ¿cómo conformar a quienes no obtengan la candidatura de un partido en extinción? ¿Qué se les puede ofrecer para aceptar el sacrificio y no subirse a la aplanadora guinda? E4

Estados que gobierna Morena

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El poder se ejerce, aunque la rama cruja

Si los primeros tercios de la administración fueron difíciles, el último será aún más complicado, pues cada sucesión desata fuerzas e intereses

Miguel Riquelme gobierna, aunque la rama cruja, pues cuando no le llueve, le llovizna. Después del «moreirato», le tocó «bailar con la más fea». Confiado en sus alas y en un talante conciliador, el lagunero iniciará este 1 de diciembre su quinto año de Gobierno. Para efectos prácticos el último, pues en 2023 será la sucesión, cuando las fuerzas y las lealtades flaquean. Las campañas iniciarán en el segundo semestre y en junio se conocerá el nombre del gobernador electo. La candidatura del PRI la decidirá el mandatario con un paisano de La Laguna o un saltillense. Los aspirantes están a la vista, ya no hay tapados, pero en caso de pleito y defecciones el resultado es previsible: la derrota.

Antes de elegir Coahuila y Estado de México a sus próximos gobernadores (en el 23), Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas acudirán a las urnas con el mismo propósito el 5 de junio próximo. Si la intención de voto se sostiene, Morena haría casi carro completo, pues solo tiene desventaja en Aguascalientes. Así lo admite Marko Cortés, líder del PAN, en un audio filtrado a la prensa que le costó la censura de tirios y troyanos. «Lo mejor que puede hacer al panismo es renunciar. Marko no tiene el tamaño para liderar al partido, no tiene el perfil que se necesita», acusó Gerardo Priego, quien le disputó a Cortés la presidencia de Acción Nacional (Reforma, 05.11.21).

Riquelme no solo ha lidiado con el «moreirazo», al cual se destinan cuatro mil millones de pesos anuales para el pago de intereses. También con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene a los gobernadores en un puño, les recorta participaciones y les suprime fondos federales como una forma de atacar la corrupción. La pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 puso de relieve la debilidad de las finanzas y del sistema de salud. Los índices de violencia se mantienen bajos, pero los carteles tratan de recuperar la influencia que tuvieron entre los sexenios de Humberto y Rubén Moreira. El 2 de noviembre, un comando emboscó en la frontera a policías estatales; asesinaron a uno e hirieron a seis.

Pocos gobernadores han estado sometidos a tanta presión y desgaste. Sin la deuda, la situación sería más llevadera. Riquelme no ha investigado a los Moreira, como exigen los diputados de Morena y el PAN en el Congreso. Pero tampoco ha dividido al estado ni hostigado a las oposiciones ni a sus críticos como lo hicieron ellos. Esa actitud, su aplicación a las responsabilidades del cargo y no asemejarse a los Moreira le han granjeado simpatías… y votos. En las elecciones pasadas recuperó el control del Congreso y alcaldías simbólicas como las de Torreón, San Pedro y Piedras Negras.

Sin embargo, a Riquelme le esperan todavía dos años difíciles. En términos políticos los peores, pues sin recursos para emprender obras relevantes que trasciendan su Gobierno; maniatado —también por la deuda— para satisfacer demandas económicas y sociales como las de la Coalición de Trabajadores de la Educación; sin apoyo federal para paliar la crisis financiera; bajo el asedio de la delincuencia organizada y con unas elecciones cuyo resultado podría ser la alternancia, el escenario se oscurece aún más. Si las alas del gobernador resisten y logra contener las fuerzas e intereses desatados al final de cada sexenio, podrá irse tranquilo. Es lo más conveniente para el estado al margen de quien le suceda. E4