Obispos piden balazos, no abrazos; el Papa y Solalinde optan por la paz

El asesinato de dos jesuitas y de un guía turístico en Chihuahua sacude al país y provoca reacciones de condena alrededor del mundo. Opositores de la 4T exigen al presidente cambiar la estrategia de seguridad. López Obrador defiende su postura. ¿Vamos a apostar a la guerra?, cuestiona

El Chueco: el costo de la impunidad

Otra vez se enciende la polémica en torno a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador —sustentada por el eslogan «Abrazos, no balazos»— que busca diferenciarse de las políticas desarrolladas por sus dos antecesores inmediatos, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Ambos, partidarios del ataque frontal a las bandas del crimen organizado con el fin de atrapar o abatir a sus líderes, a riesgo de poner en peligro la vida de inocentes que suelen quedar atrapados en el fuego cruzado.

Desde el inicio de su mandato, el líder de Morena ha defendido la idea de un cambio radical en la forma de enfrentar a los cárteles. En lugar de incrementar el número de operativos militares y policiacos para atacarlos, impulsa la idea de ahondar en sus causas e implementar programas sociales que alejen a los jóvenes de las bandas del narcotráfico. A su juicio, mayores oportunidades de estudio, empleo y mejores condiciones en estos rubros, evitarán que el proceso de reclutamiento sea fácil para los delincuentes.

«Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social. Para eso tiene el poder y el uso legítimo de la fuerza. Abrazos, no balazos es demagogia y hasta cierto punto complicidad».

Ramón Castro, obispo de Cuernavaca

«Me dicen que está mal el que yo hable de abrazos y no balazos. Yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo, de que hay que atender las causas, que hay que atender a los jóvenes. ¿Ustedes creen que solo deteniendo a capos se va a resolver el problema? ¡No! Claro que si los encontramos, los detenemos, pero el propósito es atender las causas, y un propósito es quitarles a los jóvenes. Esa es la batalla: dejarlos sin ejército de reserva; quitarles los jóvenes a los capos si los jóvenes tienen opciones de estudio, opciones de trabajo», explicó durante un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro —que junto a Sembrando Vida forman parte de este sistema de desarrollo— en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (El Economista, 24.09.21).

«¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Sin embargo, el asesinato el 20 de junio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, en el municipio de Urique, Chihuahua, ha levantado críticas y protestas en contra de la estrategia morenista.

«El presidente está muy claro, no es la violencia con más violencia como se va a solucionar. Lo conozco, sé su pensamiento, lo entiendo porque en el fondo, lo que piensa el presidente es como pensaba Jesús».

Padre Alejandro Solalinde

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Felipe Calderón, que publicó el 22 de junio en su cuenta de Twitter: «El no enfrentar a la delincuencia implica dejar a las comunidades abandonadas a su suerte, en manos de los criminales, sin la fuerza del Estado que las proteja. En ese contexto se da el homicidio de los jesuitas. Quien delinque, sabe que le espera el abrazo y no el castigo».

No deja de resultar irónico el mensaje, a sabiendas de que fue precisamente Calderón quien desató la cruzada contra el narcotráfico con el objetivo de legitimar su Gobierno frente a las acusaciones de haber cometido fraude en las elecciones presidenciales de 2006, sostenidas por AMLO. Como resultado, según el informe «La guerra en números», elaborado por TResearch International, se superaron los 120 mil homicidios dolosos en su sexenio, el doble de los registrados por su predecesor, el también panista Vicente Fox.

El gremio religioso ha sido particularmente incisivo en sus señalamientos contra la iniciativa obradorista, acaso motivado por el reciente asesinato de sus dos representantes.

Durante la Marcha por La Paz, que se llevó a cabo el 2 de julio en Cuernavaca, Morelos, el obispo de la Diócesis en la capital morelense, Ramón Castro Castro, lamentó el estado de inseguridad que sufre México y le reprochó al presidente no haber cambiado la política de seguridad.

«Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social. Para eso tiene el poder y el uso legítimo de la fuerza. «Abrazos, no balazos» es demagogia y hasta cierto punto complicidad. Autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la paz», expresó.

Por su parte, López Obrador defiende su posición y advierte que se trata de un plan a largo plazo, pero que ya empieza a dar resultados gracias a los programas sociales implementados. En cuanto al número de homicidios cometidos en lo que va de sexenio y que ya supera al de Felipe Calderón —uno de los datos más expuestos por sus opositores— señaló que en realidad este delito disminuyó 7.8% en la actual administración, pues cuando inició su mandato, en 2018, se registraron 36 mil 685 asesinatos y en 2021 hubo 33 mil 316. En cambio, en el Gobierno de Felipe Calderón aumentaron 140%, —de 10 mil 462, en 2006, a 25 mil 967, en 2012.

Sobre los reclamos de la Iglesia Católica, incluido el del jesuita Javier Ávila, que manifestara que «ya no alcanzan los abrazos», calificó de hipócritas a aquellos sacerdotes que piden volver a la violencia cuando no fueron capaces de denunciar a tiempo los atropellos en la Sierra Tarahumara ni los abusos cometidos en sexenios anteriores.

«Y esas expresiones de que “ya no nos alcanzan los abrazos”. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron, cuando Calderón, de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el “mátalos en caliente”, cuando se decía a los altos mandos del Ejército: “Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos”? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad», replicó el mandatario en su conferencia matutina del 30 de junio.

No todos están en contra de la fórmula que promueve abrazos en lugar de balazos. El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos y fundador del Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, apoya el nuevo método que evita combatir la violencia con más violencia, e incluso llegó a comparar a López Obrador con Jesús.

«El presidente está muy claro, no es la violencia con más violencia como se va a solucionar. Lo conozco, sé su pensamiento, lo entiendo porque en el fondo, lo que piensa el presidente es como pensaba Jesús». Agregó que se trata de crear conciencia, no de detener la mano ni golpearla, sino convencerla, pues se necesita rescatar a la humanidad de los victimarios, para reintegrarlos a la sociedad.

Sin embargo, el mayor espaldarazo a la estrategia de seguridad desplegada por la Cuarta Transformación vino del Papa Francisco, quien el 22 de junio, dos días después del asesinato de los jesuitas, dejó en claro su dolor por la tragedia a la par que su postura pacifista.

«Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios», publicó el sumo pontífice en su cuenta de Twitter.

Tierra sin control

La presencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara no representa ninguna primicia. La gravedad del problema radica en que, con el paso de los años, lejos de mitigarse esta presencia, se acentúa. Las vastas extensiones de territorio ocupadas, principalmente, por ramificaciones locales del Cártel de Sinaloa y que son utilizadas para el cultivo de mariguana y amapola ya no son la única fuente ilícita de ingreso para las bandas. Al margen del trasiego de drogas, también incursionan en la tala clandestina de árboles, comercio de bebidas alcohólicas, extorsión y control de los ejidos.

Una de las situaciones más difíciles que enfrentan los habitantes de la sierra es el desplazamiento forzado. Los enfrentamientos armados, el atentado contra defensores ambientalistas y las amenazas a las familias para arrebatarles sus tierras, obligan a los pobladores a dejar sus hogares y probar suerte en otras latitudes.

La novena edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), presentado el 16 de junio, reveló que en 2021 se habrían registrado 44 mil 905 desplazados.

Tan elevados niveles de violencia no son posibles sin el contubernio de las autoridades y el Gobierno local, que ya sea por la obtención de beneficios económicos o por miedo al Cártel de Sinaloa, hacen la vista gorda.

«Hay un problema severo en la Sierra Tarahumara de impunidad y seguramente de corrupción y colusión de las autoridades con los integrantes del crimen organizado, porque no se explica de otra manera este control que ejercen sobre sobre las actividades económicas», asegura Diana Villalobos, directora de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y defensora de los derechos humanos, (sinembargo.mx, 30.06.22).

El asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos dejó al descubierto ante la opinión pública nacional e internacional la completa libertad de que gozan los criminales en la zona. Pero no solo eso. Para Hernán Quezada, integrante del equipo de Gobierno de la comunidad jesuita, este hecho demuestra que la violencia sobrepasó límites que se creían inviolables, como el asesinato de sacerdotes conocidos, respetados y queridos dentro de la comunidad.

«No es problema únicamente el asesinato, sino es resultado de muchos años de deterioro de la vida de las personas, de la seguridad en la sierra Tarahumara, es una exacerbación de la violencia que hoy la vemos expresada en esta situación, no al punto de que fueron asesinados dos sacerdotes solamente, sino que eran Joaquín y Javier dos jesuitas que tenían décadas en la Sierra Tarahumara, que tenían una autoridad moral entre la gente, que hablaban la lengua, sumamente amados, respetados por toda la gente de la región y el ser alcanzados por la violencia cruza una línea que nos muestra esta exacerbación de la violencia, este rompimiento de ciertos límites que a lo mejor imaginábamos, pero que hoy nos queda muy claro que se desdibujaron».

El hecho de que se trataran de dos clérigos ampliamente reconocidos no constituyó un impedimento para que José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, los asesinara dentro del propio templo y luego, además, se llevara los cadáveres, a pesar de las súplicas del sacerdote sobreviviente que intentó evitarlo. E4

Escalada de violencia

Homicidios dolosos por sexenio

Presidente	Cantidad
Ernesto Zedillo	80,671
Vicente Fox	60,280
Felipe Calderón	120,463
Enrique Peña	156,066
AMLO*	125,143

---

El Chueco: el costo de la impunidad

Con varias órdenes de aprehensión en su contra desde 2017, José Noriel Portillo se paseaba con total libertad por poblados de la Sierra Tarahumara; hoy la Fiscalía de Chihuahua ofrece 5 millones de pesos por su captura

Con apenas 30 años, José Noriel Portillo Gil, alias «El Chueco», es líder del grupo armado Gente Nueva, al servicio de Los Salazar, de la plaza de Urique —asociado al Cártel de Sinaloa en Chihuahua— e importante criminal en la Sierra Tarahumara. Frecuenta las regiones de Bahuichivo, Porochi, Poblado Rodeo y Cerocahui —donde incluso presume ser patrocinador de un equipo de beisbol local—. Desde 2017, cuenta con varias órdenes de aprehensión en su contra, a pesar de lo cual, jamás ha sido detenido.

La manera en que se pasea impunemente por la localidad e interactúa con sus habitantes pone en duda la versión oficial de que lleva años escondido, y llamó la atención del presidente López Obrador, quien no descarta complicidad por parte de las autoridades.

«Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales, a fondo, porque ¿Cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de beisbol y que todo mundo supiera a que se dedicaba y no lo tocaran?, ¿por qué?, ¿cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades», aseguró el mandatario en su conferencia matutina del 29 de junio.

La reciente muerte de los dos jesuitas y el guía turístico local puso sobre él los reflectores, pero estos asesinatos distan mucho de ser los únicos en su haber.

Su primer delito de envergadura tuvo lugar en 2017, cuando ejecutó un ataque contra la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones en Urique, la madrugada del 6 de septiembre de ese mismo año, donde dos agentes de la Policía Ministerial resultaron lesionados. Los operativos de búsqueda que se implementaron no dieron con él.

Al año siguiente se le acusó de ser el autor material del homicidio de Patrick Braxton-Andrew, turista estadounidense y profesor de español. Según la versión de los pobladores de Urique, el gran dominio del idioma español y su insaciable curiosidad por la cultura —que lo hacía preguntar constantemente sobre pormenores de la región— fueron claves para que la banda criminal al mando del Chueco tomara a Braxton-Andrew por un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y lo asesinara el 28 de octubre 2018, en un lugar conocido como La Playita.

Trascendió que el joven estadounidense coincidió en una fiesta con El Chueco quien, presuntamente, le disparó en la cabeza para luego ocultar su cuerpo en una fosa. Acorde a la investigación del equipo forense, Braxton-Andrew estaba de rodillas cuando lo asesinaron. El entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, prometió aprehenderlo y ofrecer un «castigo ejemplar». Nunca sucedió.

En 2019, el nombre de José Noriel Portillo vuelve a ser vinculado con otro homicidio. En esa ocasión, por la desaparición y muerte del activista Cruz Soto Caraveo, quien además era representante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzosamente en la Sierra Tarahumara.

Caraveo había recibido amenazas de civiles armados, luego de que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de mariguana y amapola. Posteriormente, el 13 de septiembre, fue secuestrado por hombres armados que lo interceptaron en la localidad de Témoris, en el municipio de Guazapares. Una semana más tarde, la Fiscalía de Chihuahua encontró su cadáver. En las investigaciones posteriores trascendió que dos policías municipales apoyaron en el atentado, haciendo labores de «halconeo».

Desde el homicidio de los padres jesuitas, fuerzas militares y policiacas mantienen un intenso operativo de búsqueda en el municipio de Urique para capturarlo. Aunque no han dado con su paradero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó la detención de 11 personas ligadas a José Noriel Portillo, tres de ellas familiares suyos. A todos se les incautaron armas largas, cortas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y vehículos.

La Fiscalía de Chihuahua ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que lleve a la aprehensión de El Chueco. E4