Periodismo en México, entre Escila y Caribdis

Los asesinatos de profesionales de la información no cesan en el país y llama la atención más allá de sus fronteras. Mientras medios de comunicación extranjeros se unen al clamor de justicia, la impunidad campea por sus fueros en el país

Uno de los episodios más espeluznantes de la Odisea queda descrito cuando el héroe griego atraviesa con su nave un estrecho canal, franqueado por dos monstruos: Escila y Caribdis. Salirse de la frágil línea media en el trayecto significaba muerte segura. Esta escena representa con sobrado acierto la labor de los periodistas en México, siempre en riesgo de ser devorados por el gobierno o caer en las fauces del crimen organizado.

Solo del año 2000 a la fecha, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 165 periodistas han sido asesinados. Súmese al menos 54 atentados contra instalaciones de medios de comunicación en los últimos 14 años. La responsabilidad se reparte entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno —tanto políticos como representantes de las dependencias de seguridad— y los cárteles de la droga.

Cuando un reportaje, una noticia, una foto inclusive, resulta inconveniente para la élite del poder o el narcotráfico, sobreviene el acallamiento forzado. Los métodos para ejercer censura en México suelen venir acompañados de tortura, secuestros, extorsiones, cárcel, intimidación, chantajes, hostigamiento personal o a familiares y, en los casos más graves, la desaparición o la muerte.

Esto implica que los profesionales de la comunicación vivan en un constante estado de incertidumbre y quienes no asuman una actitud nómada, que emigren de un lugar a otro para protegerse, terminan por asumir la autocensura, por evitar temas relacionados con la corrupción, el tráfico de armas, la trata de blancas, el comercio de estupefacientes o la violencia que, tratados en conjunto, representan la punta de lanza entre los flagelos que más laceran al país.

«Cuando las agresiones a los periodistas se mantienen impunes, se envía un mensaje negativo, es decir, cuando se cuentan verdades o expresan opiniones indeseadas puede poner en problemas a las personas que ejercen esta profesión, pero también a individuos que no ejercen el periodismo, quienes son víctimas por expresar sus opiniones».

UNESCO

Quienes no flaqueen y asuman el riesgo de la profesión, lo hacen conscientes de que rara vez contarán con respaldo judicial si son víctimas de una agresión. Para confirmarlo, el 28 de octubre, dentro de su Índice global de impunidad, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) ubicó a México en el sexto lugar dentro de los países con más asesinatos de comunicadores que permanecen sin ser resueltos.

«El CPJ ha descubierto que la corrupción, la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad política para llevar a cabo investigaciones sólidas son factores que explican la impunidad en estos países, que incluyen a Pakistán, México y Filipinas», publicaron en un comunicado.

«Cuando las agresiones a los periodistas se mantienen impunes, se envía un mensaje negativo, es decir, cuando se cuentan verdades o expresan opiniones indeseadas puede poner en problemas a las personas que ejercen esta profesión, pero también a individuos que no ejercen el periodismo, quienes son víctimas por expresar sus opiniones», advierte la organización.

El arribo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia no mejoró la situación. Todo parece indicar que la Cuarta Transformación no incluye en sus estatutos proteger el ejercicio periodístico. Durante su mandato, ya van 17 ataques mortales en contra de comunicadores y, en torno a ello, el CPJ hace un llamado de atención sobre la creciente laxitud con que la Fiscalía General de la República (FGR) le da seguimiento a las carpetas que se relacionan con el tema. «[La FGR] está asumiendo nuevos casos con menos firmeza desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, lo cual enturbia las perspectivas de la búsqueda de justicia en estos dos casos y en los de otros periodistas», asegura el comité.

La situación es tan grave que ha llamado la atención más allá de las fronteras nacionales. El 29 de octubre el diario español El País hizo eco de la publicación del libro Romper el silencio, que reúne historias y testimonios de 22 periodistas mexicanos, marcados por el acoso, la censura y el hostigamiento que sufren a diario. «Este libro quería escuchar las historias de los reporteros de los estados, que los teníamos o los tenemos un poco olvidados y se hizo con una carga emocional muy fuerte, con el riesgo que implicaba hacerlo todo tan rápido», confesó Emiliano Ruiz Parra, periodista que labora en la capital del país.

En el volumen no se recogen únicamente las agresiones y sus lamentables consecuencias, también se revelan las pésimas condiciones de trabajo a que están sometidos los comunicadores, los bajos salarios, la falta de recursos, de seguridad social, los retos de desigualdad de género, el cierre de medios locales y el contubernio entre las grandes empresas de la información y la élite del poder para replicar contenidos a modo.

Otro periódico extranjero, el francés Le Monde, publicó el reportaje «En México, el silencio o la muerte para los periodistas», donde se describen los lazos que se establecen entre los narcos y el gobierno para silenciar la labor periodística.

Por su parte, el equipo de Forbidden Stories, compuesto por integrantes de Reporteros sin Fronteras y Freedom Voices Network, han seguido de cerca las agresiones cometidas contra periodistas en Veracruz durante las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa —de 2004 a 2016—. La selección de este lapso y la locación responden a un motivo justificado. Acorde al CPJ, Veracruz se convirtió en la región más peligrosa para ejercer esta profesión. En ese periodo, marcado por la corrupción y la censura, se recoge la mayoría de los 28 asesinatos y ocho desapariciones contadas desde el 2000 en la entidad.

Hay que mencionar también el trabajo de investigación The Cartel Project en el cual participaron 60 periodistas de 18 países y que le prestaron especial atención al homicidio de la corresponsal Regina Martínez, ocurrido en abril de 2012. Sobre este suceso el propio AMLO ha mostrado interés. «Lo de Regina, estoy de acuerdo, es mi compromiso, que se busque reabrir el caso. Regina me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo nuestro andar en Veracruz en 1990 como reportera de Proceso, una periodista incorruptible, profesional», expresó el presidente.

Realmente escasean las buenas noticias cuando se trata de impartir justicia a favor de un periodista. La más reciente, quizás, se relaciona con nuevas órdenes de aprehensión liberadas contra el empresario José Kamel Nacif, el exgobernador de Puebla, Mario Marín y el exsubsecretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, por el delito de tortura en contra de Lydia Cacho. Sin embargo, son acontecimientos que se remontan al 2005, cuando salió a la luz el libro Los demonios del Edén, sobre una red de prostitución infantil. Los principales implicados siguen sin procesar y ya algunos personajes de menor rango, que sí recibieron sentencia por este delito, han salido de la cárcel, como el excomandante de la Policía Ministerial, José Montaño Quiroz, quien abandonó el penal, luego de purgar cinco años y tres meses. Apenas al día siguiente, como si se tratara de un recordatorio de que todo se mantenía igual, era asesinado a balazos el fotoperiodista Jaime Daniel Castaño Zacarías, tras informar el hallazgo de dos cadáveres en Zacatecas.

Las primeras investigaciones apuntan a represalias por parte del crimen organizado, pero la sociedad no descarta la mano negra del gobierno. Otra vez, Escila y Caribdis hacen de las suyas, solo que en México los Odiseos no siempre regresan a casa. E4