En sus memorias Una Vida Americana, Ronald Reagan cuenta que, una vez electo como gobernador de California y presidente de Estados Unidos, dos veces en cada caso, llamaba a empresarios, banqueros, profesionistas e investigadores prestigiosos para incitarlos a formar parte de su Administración. El argumento, irrefutable, era que así podían regresar al pueblo mucho de lo que les había dado. También les advertía que no ganarían lo mismo que en el sector privado ni tendrían los mismos lujos, bonos, premios y vacaciones pagadas, como ocurría en sus negocios u ocupaciones actuales. La mayoría aceptaba de buen grado por el privilegio de servir a su país.
La tesis de Reagan, uno de los mayores estadistas del siglo XX y promotor del neoliberalismo, conectaba y acaso se desprendía del discurso inaugural de John F. Kennedy, según el cual los estadounidenses no debían preguntarse qué podía hacer su país por ellos, sino qué podían hacer ellos por su país. Reagan empezó su carrera política en el Partido Demócrata y después cambió al Republicano. La mayor licencia que se concedió como presidente consistió en autorizar la comunicación de un marino en alta mar con sus padres.
En México sucede lo contrario. Al poder se accede para fabricar fortunas y resolver el futuro de una o varias generaciones. No se invita a los mejor calificados, sino a los amigos, cómplices y secuaces. El país, los estados y los municipios están plagados de ejemplos. Desempeñar cargos en el Gobierno es la forma más segura de robar sin recibir castigo. En Coahuila desaparecieron los 40 mil millones de pesos de la deuda, se desviaron miles de millones más a empresas fachada, y nadie dice esta boca es mía. El servicio del moreirazo costará 5 mil millones de pesos este año y el capital se mantiene en los niveles de hace 11 años.
Históricamente los presidentes —populistas y neoliberales— han pedido a los mexicanos apretarse el cinturón sin ofrecer nada a cambio. Había «Gobierno rico y pueblo pobre». Ingresos precarios e incrementos anuales insuficientes para los trabajadores, y sueldos estratosféricos para los gobernantes, los políticos y la alta burocracia. Sin embargo, no les bastaba. La codicia dio como resultado una de las clases políticas más predadoras y corruptas. Para saciar el afán de riquezas llegó al extremo de establecer alianzas con la oligarquía y la delincuencia organizada. En el sexenio de Peña Nieto se rompieron las escasas contenciones.
La «austeridad republicana» aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera mitad de su Gobierno y la «pobreza franciscana» con la cual piensa cerrar su Administración busca romper no sólo el círculo vicioso de funcionarios con ingresos fabulosos, sino también combatir la venalidad en la distribución y el ejercicio de fondos federales, desviados a campañas electorales (Operación Safiro) o cuentas personales. La idea es plausible a condición de no afectar la inversión social ni sacrificar a la base trabajadora —mal pagada— en aras de la economía. La reacción de las oposiciones es normal, pues las medidas para reducir el gasto corriente afectan intereses. Pero además porque las exhibe y les resta votos, pues cuando ostentaron el poder fueron dispendiosas. Más allá del juicio de la mayoría sobre los recortes, lo que importan son los resultados. Y no puede haber más Gobierno rico y pueblo pobre.
