Primera consulta ciudadana

La primera Consulta popular basada en la Constitución, la que se realizó el domingo 1 de agosto de acuerdo al artículo 35 (VIII) ha sido evaluada por numerosos políticos y analistas como un fracaso a causa de la baja participación ciudadana que acudió a votar, la que, según el primer conteo del INE estuvo entre una mínima de 6 millones 622 mil y una máxima de 7 millones 250 mil personas, cuando la ley establece que para darle validez y que resulte vinculante debe de llegar al menos al 40% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral.

Hay que enfatizar que una de las causas de la baja participación fue la escasa difusión que se le dio; partidos de oposición al Gobierno actual, callaron, guardaron silencio y ni la prensa escrita, tampoco los medios electrónicos, la destacaron, con algunas excepciones, hubo un debate oculto y los que la rechazaban la ridiculizaron. La ley no se consulta, se cumple, se convirtió en el mantra, ¿cuántos decenios tenemos esperando su cumplimiento?

El INE realizó las actividades para efectuar la consulta en el marco de una ley elaborada por el Congreso de la Unión, a la escasa difusión se agregaron las insuficientes mesas de recepción que fueron sólo 57 mil atendidas por tres funcionarios cada una, en ellas se conjuntaron varias secciones electorales, por lo que, a los ciudadanos, sobre todo a los de las zonas populares, se les dificultaba caminar o gastar en taxis o autobús para llegar a sus mesas.

Las carencias obedecieron a que no se asignó presupuesto para la realización de la consulta, alegó el INE además, informó que los funcionarios que recibieron el «Sí» o el «No», a quienes se les dio una capacitación adicional, fueron solo una tercera parte de los que estuvieron en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Conviene aclarar que entre 89% y 96% de los participantes votó de manera afirmativa, en tanto que menos de 2% se inclinó por el «No» y de 2% a 9% optaron por anular su voto, lo que le da un valor sobresaliente al «Sí» y casi anula el «No», ese es un logro, una victoria contundente, pero ni el triunfalismo ni el derrotismo ayudan.

La cuestión es, como ya dije, la ley establece que la votación debía ser al menos del 40% de los incluidos en el padrón electoral, el predominio del «Sí» deja ver que los participantes están a favor del enjuiciamiento de los cinco últimos expresidentes por las masacres corrupción y tragedias que impusieron a la población mexicana; el Fobaproa, la masacre de Acteal, la de Aguas Blancas, Ayotzinapa, la venta de los bienes nacionales y el enriquecimiento de los cuates de Salinas, los fraudes de Fox, la guerra de Calderón con los miles de desaparecidos y la venta de los bienes nacionales por parte de Peña, entre otros muchos crímenes cobijados por los cinco expresidentes, son agravios que no se olvidan y por los que se exige justicia.

Carlos Peniche Baqueiro, cofundador de Justicia Transicional Mx, argumenta que la prescripción de los delitos no es un obstáculo para iniciar un posible juicio contra los cinco últimos expresidentes ya que las penas de las imputaciones son altas y no es probable su prescripción, que se pueden encontrar crímenes que no hayan prescrito, lo cual depende de la creatividad y capacidad de investigación de los fiscales y de los jueces.

Genaro Madrigal, abogado internacionalista, afirma que enjuiciar a un expresidente diría mucho políticamente del grado de democracia y del Estado de derecho de un país, porque la ley no hace distinciones y con ello se demostraría que no existe selectividad en cuanto a la impartición de justicia y se abrirá la puerta para realizar estas acciones en mayor medida.

Otros especialistas opinan que los problemas para juzgar a los expresidentes son obtener las pruebas vinculatorias, para adjudicar responsabilidad penal a algún expresidente por delitos asociados con la corrupción se requiere comprobar su participación directa.

Por lo que se puede observar, someter a proceso a los expresidentes es harto difícil y controvertido, pero ¿qué tan poderosa es esa imagen de cinco expresidentes sentados en el banquillo? Es poderosísima afirma el jurista Peniche Baqueiro, gracias a ella se despertó la conciencia del combate a la impunidad. Por eso mi decisión fue votar «Sí».

Indignados

El domingo 25 de julio, mientras los maestros jubilados que realizan el plantón en protesta por la violación de sus derechos a su seguridad social, en una manifestación pública frente al Casino de Saltillo, en donde el gobernador Riquelme y el presidente municipal entregaban la Presea Saltillo, un policía municipal (otras versiones inculpan a un empleado del área de comunicación del municipio) agredió con violenta crueldad a la maestra Juana Esthela Guerrero, representante de los maestros jubilados de la UAAAN, quien resultó lastimada y hubo de ser hospitalizada para ser diagnosticada, por fortuna no hubo fractura de cadera como se creyó al presentarse el incidente, pero si sufrió golpes dolorosos.

El hecho causó indignación entre los participantes que protestaban ante la presencia del gobernador exigiendo la realización de un encuentro para deliberar a través de una mesa técnica acerca de los enormes adeudos de las instituciones gubernamentales y las universidades públicas.

Se está pidiendo justicia para la maestra Guerrero, nos consta su integridad y su compromiso con los jubilados y pensionados, es por eso que el agresor debe ser sancionado como la ley lo indica en ataques a inocentes, ¿o es que acaso la presidencia municipal no cuenta con reglamentos para la regulación de las conductas de su personal? La agresión no puede quedar impune, para que esos abusos no vuelvan a repetirse.

El plantón cumplirá tres meses en unos días, tiempo record de desentendimiento. En la mesa técnica se negociarían la atención médica integral, completa y de calidad. El pago del adeudo millonario del Gobierno del estado y de las universidades a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) y al Servicio Médico. El pago de los adeudos de seguro y retiro a pensionados. Las auditorías a las cuentas individuales, Fovi, Fondo de Ahorro, Talleres Gráficos, salones y centros recreativos. Denuncias penales por delitos en contra de las instituciones de Seguridad social y reparación de los daños.

El gobernador Riquelme ya faltó una vez a su palabra con los trabajadores de la educación que protestan en el segundo plantón ya que habiéndose comprometido a recibirlos el lunes 31 de mayo para negociar la problemática descrita suspendió el compromiso.

La corrupción y la impunidad consentida a las instituciones que comandan los directivos de la Sección 38 no tiene paragón ni disculpa alguna, tampoco tiene medida la zozobra de los enfermos que no encuentran atención a sus padecimientos, aunque los activos pagan por esa prestación, la exigencia de auditorías externas es más que plausible y las sanciones a los corruptos son incuestionables, pero lejos de cumplir con la obligación de garantizar los derechos humanos y ofrecer protección y seguridad a la vida y a la integridad ciudadana, cuidar y aplicar los recursos públicos con transparencia, el gobernador ha evadido su responsabilidad. No se aboca a resolver el problema, lo profundiza y así, precipita una crisis tras otra, dejando ver los filos de un colapso y su profundo desprecio hacia los ciudadanos.

Habría que recordarle nuevamente lo obvio al señor Riquelme, que es un servidor público al que se le paga con los impuestos de los coahuilenses, no es patrón de nadie, además es el garante, que quiere decir garantizador de la seguridad social de los trabajadores de la educación, lo cual indica que no está cumpliendo, estaremos atentos a sus decisiones.

Posdata

Miguel N accedió a dialogar con los docentes, los qué basados en las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado y otros agravios exigen justicia; Riquelme expresó su interés en buscar soluciones mediante mesas de trabajo que iniciarán el martes 3 de agosto. Veremos si es capaz de cumplir su palabra o se va por la ruta que siguió Rubén N.