Protección vitalicia

Ciento veinte millones de pesos ha ahorrado el país por la cancelación del pago de pensiones, seguro de vida y de gastos médicos mayores, escoltas y personal de apoyo a los expresidentes, como resultado de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos prometida en campaña por Andrés Manuel López Obrador. Desde 2019, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón dejaron de recibir 2.4 millones de pesos anuales cada uno, así como los servicios de 30 elementos del Estado Mayor Presidencial, también desaparecido. Ernesto Zedillo, el más decente de todos, renunció previamente a la pensión.

A contracorriente de la política federal de cancelar privilegios y suprimir gastos superfluos, el Congreso de Tamaulipas, cuyo periodo terminará el próximo día 30, le hizo un regalo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal: seguridad de por vida con cargo al erario. La legislatura la domina Cabeza de Vaca, con 22 diputados, pero la propuesta la hizo Florentino Aarón Sáenz (PRI), cuyo partido sumó sus votos a los de Acción Nacional y al de Movimiento Ciudadano para consumar la villanía.

En Coahuila, a Rubén Moreira le bastó una resolución en el Periódico Oficial del Estado, publicada el 9 de enero de 2015, para acorazarse por el resto de sus días. «Los titulares del Ejecutivo del Estado, una vez concluido su ejercicio, gozarán del servicio de seguridad personal de manera vitalicia. (…) La escolta se integrará hasta de ocho elementos por turno, quienes deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar adscritos a la Procuraduría de Justicia del Estado o a la Comisión Estatal de Seguridad», dice el acuerdo, rescatado por Rolando Chacón (El Norte, 10.09.21).

El mantenimiento y el combustible de los «vehículos adecuados» para cuidar a Moreira, pues los demás exgobernadores no reciben el mismo trato, lo pagan los coahuilenses junto con los intereses de la deuda, que este año rondarán los 7 mil 800 millones de pesos. Generoso con el dinero del erario, Moreira extendió el mismo beneficio al secretario de Gobierno, al procurador de Justicia, al Secretario de Seguridad Pública y a los funcionarios de su elección mientras estuvieran en funciones.

Moreira dispone de hasta 24 escoltas al día para su protección (Felipe Calderón tenía 30). La iniciativa de un diputado de oposición —presentada en 2017 y cuyo nombre no cita Chacón— para anular el acuerdo y limitarlo a un periodo equivalente al de gobernador (seis años) fue olímpicamente ignorada. Si Miguel Riquelme desea en realidad apegarse a ese criterio, como lo expresó en Torreón, no solo debe cambiar la resolución tomada unilateralmente por su predecesor, sino cancelar su carácter permanente. En el Congreso tiene los votos necesarios para darle a Coahuila esa satisfacción.

Es insultante que a un estado saqueado y con una de las mayores deudas del país también se le pase la factura por proteger a Moreira. La derrota del PAN en Tamaulipas en las elecciones de alcaldes y diputados de este año, causada por el mal gobierno y los escándalos de corrupción de Cabeza de Vaca, prefigura la alternancia en 2022. El gobernador pretende imponer a su hermano Ismael —como Humberto Moreira lo hizo con Rubén—, pero la intención de voto favorece a Morena con Maki Ortiz (expanista) y Américo Villarreal Anaya (exmilitante del PRI), cuyo padre homónimo ya fue gobernador. La seguridad vitalicia de Cabeza de Vaca será efímera, pues, como a sus predecesores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, le espera la cárcel.