Putin «desaparece» a periodista y endurece políticas de censura

Marina Ovsyannikova protestó en contra de la invasión a Ucrania; el gremio periodístico teme que el Kremlin la acuse de «promover noticias falsas» y enfrente una condena de hasta 15 años de prisión

La detención de la periodista rusa Marina Ovsyannikova, el 17 de julio, por parte de la policía de su país, da otra vuelta de tuerca a la represión a la que están sometidos los comunicadores de Rusia cuando se atreven a cuestionar o criticar la invasión ordenada por el presidente Vladímir Putin a Ucrania.

Heredero de las más controvertidas y añejas prácticas comunistas, el Kremlin no emitió comunicado oficial alguno, pero se sabe que días antes de su detención, Ovsyannikova se había pronunciado en la Plaza Roja con una pancarta evocando la muerte de niños ucranianos durante la intervención militar y calificando de «asesino» a Vladímir Putin.

«Lo que está pasando en Ucrania es un crimen y Rusia es el agresor. La responsabilidad de esta agresión cae sobre un hombre: Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y nunca fueron enemigos».

Marina Ovsyannikova, periodista

No es la primera vez que la exproductora de la cadena Pervy Kanal se manifiesta en contra de la avanzada bélica de Rusia en el país vecino. En marzo de este año irrumpió con otra pancarta mientras se transmitía en vivo uno de los telediarios más seguidos a escala nacional, para reprochar la ofensiva en Ucrania y la «propaganda» de los medios controlados por el poder.

«Lo que está pasando en Ucrania es un crimen y Rusia es el agresor. La responsabilidad de esta agresión cae sobre un hombre: Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y nunca fueron enemigos», señaló Ovsyannikova.

En esa ocasión, la periodista fue detenida bajo el cargo de organizar un evento público no autorizado, interrogada por más de 14 horas sin ayuda legal y puesta en libertad tras pagar 30 mil rublos de multa —alrededor de 530 dólares—.

En esta segunda oportunidad, la situación se muestra mucho más complicada por el hermetismo que han mantenido las autoridades rusas. El abogado de la periodista, Dmitri Zajvatov, confiesa que no sabe adónde fue llevada su clienta.

«Sospecho que esto está relacionado de una manera o de otra a su acto de protesta», añadió Zajvatov.

«Marina fue detenida. No hay ninguna información sobre el lugar donde se encuentra», es el único mensaje que da cuenta del suceso y que fue publicado en la cuenta de Telegram de la periodista junto con tres fotografías en las que se puede ver a Ovsyannikova con dos policías que la llevan hacia una furgoneta, después de haberla detenido mientras ella se desplazaba en bicicleta.

El gremio periodístico teme que Ovsyannikova sea juzgada bajo la ley que el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022, y por la cual quien sea declarado culpable de promover «noticias falsas que comporten consecuencias graves», recibirá una pena de hasta 15 años de cárcel.

Más en cárceles

Acorde a las estadísticas de Reporteros sin Fronteras (RSF), actualmente hay 14 periodistas presos en Rusia, entre ellos Ivan Safronov, quien el pasado 7 de julio cumplió los dos primeros años de una posible condena de 20 años, bajo el cargo de traición.

Safronov reveló, en marzo de 2019, que Rusia le vendía aviones de combate Sukhoi Su-35 a Egipto, por lo que se desencadenó un enfrentamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos. También fue el primer reportero en señalar la causa de un incendio a bordo del submarino nuclear secreto Losharik, en el que murieron 14 marineros en julio de 2019.

Cuatro meses antes de su arresto, Safronov había dimitido del diario económico Vedomosti en protesta por la intromisión editorial de los nuevos dueños. Se había unido a este periódico tras una década trabajando para su competidor, Kommersant, del que fue despedido tras negarse a revelar las fuentes utilizadas en un artículo sobre el presidente del Senado, cercano al mandatario Vladímir Putin.

Justamente por volver a negarse a difundir sus fuentes es que ahora Safronov se arriesga a purgar 20 años en prisión. El periodista rechazó un acuerdo previo por el que, si se declaraba culpable y revelaba el nombre de sus informantes, su condena sería reducida a menos de 10 años.

Los detalles del caso son clasificados y sus abogados se han convertido en objetivo de las agencias de inteligencia y se les impide defenderlo.

«Organizaciones indeseables»

Otra ley que el Kremlin puso en práctica en 2015 y ha servido de mordaza para los medios de comunicación, justifica la lista de «organizaciones indeseables». Pensada originalmente para organizaciones no gubernamentales, el diapasón de esta lista se fue ampliando progresiva y convenientemente hasta incluir portales y agencias de información.

La Ley le permite al Estado prohibir las actividades de las organizaciones extranjeras o internacionales de las que se considere que están socavando la «seguridad del estado», la «defensa nacional» o el «orden constitucional». También puede castigar a los activistas y grupos de la sociedad civil rusos que sostengan vínculos con esas organizaciones «indeseables».

Las organizaciones cuyas actividades se consideren una amenaza no pueden abrir sus oficinas en Rusia, y las que ya tienen presencia en el país se enfrentan al cierre. La Ley impide además la difusión de materiales por vías tales como los medios de comunicación e internet.

El sitio líder de información digital, Proekt, tuvo que paralizar su actividad el año pasado, después de haberse convertido en el primer medio en ser añadido a esta lista, y recientemente se ha incorporado también a Bellingcat y The Insider.

RSF informa que el 15 de julio de 2021, el redactor jefe de Proekt, Roman Badanin, otros cuatro periodistas de este medio y tres de Radio Svoboda y Open Media —medio opositor vinculado a Mikhail Khodorkovsky, empresario exiliado— fueron, además, añadidos a la lista de «agentes extranjeros».

Para Moscú, si una organización se considera «indeseable» ya no podrá emprender proyectos o actividades en Rusia o participar en ellos. De igual modo, ninguna entidad local podrá recibir fondos procedentes de dichas organizaciones. Los bancos y otras entidades financieras tendrán que negarse a realizar transacciones con estos grupos «marcados» y deberán informar de esa negativa a un organismo encargado de vigilar el blanqueo de dinero.

La censura también cae sobre los hombros de personas físicas. Advierte RSF que los activistas y defensores de la libertad de prensa pueden ser incluidos en la lista de «organizaciones indeseables». Komanda 29, una coalición de abogados y periodistas que defienden la libertad de expresión, fue declarada «indeseable» poco después de Proekt. Su página web fue bloqueada y acusada de almacenar documentos publicados por una «indeseable» organización checa, acusación que refuta.

Las personas con ciudadanía rusa que mantengan vínculos con este tipo de organizaciones se enfrentan, primero, a fuertes multas y, si reciben dos sanciones administrativas durante un mismo año, podrían ser sometidas a procesamiento penal con multas de hasta 500 mil rublos —cerca de 9 mil dólares—, restricciones de las actividades y la circulación e incluso una pena de hasta seis años de prisión.

Rusia ocupa el puesto 155 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.

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