En México, todos los caminos de la corrupción llevan a Peña

La investigación de la UIF por movimientos irregulares en las cuentas del expresidente y su familia son solo la punta del iceberg. AMLO niega persecución, pero audios que revelan una negociación entre la Fiscalía y el exdirector de Pemex levantan sospechas. La 4T investiga también a Zedillo, Fox y Calderón

Alito, al banquillo por desvíos y tráfico de influencias

La mayoría de los analistas de la prensa mexicana coincide en que la investigación que lleva adelante Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) por movimientos irregulares en las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto (26 millones de pesos) y su entorno familiar (centenares de millones), responden a un golpe político relacionado con las elecciones del año próximo en el Estado de México.

Y si bien AMLO atribuyó tales teorías a una «volada» de la prensa y aseguró que su Gobierno no va a «perseguir a nadie», una serie de audios revelados por El País, el pasado 13 de julio, levantan sospechas.

En el artículo «Da la impresión de un pacto para engañar al presidente [AMLO]: así negoció la Fiscalía el caso de Emilio Lozoya», el periódico español «reconstruye» a través de «informes internos y conversaciones grabadas (…) cómo fue el diálogo entre la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero y el ahora imputado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados» para evitar que su familia pisara la cárcel.

La estrategia de la FGR, señala, «era estrechar el cerco sobre Lozoya y presionar con órdenes de arresto contra su madre, Gilda Austin y Solís, y su hermana, Gilda Lozoya Austin. (…) Una vez estuviera acorralado, el exdirector de Pemex tendría que sentarse a negociar».

«(El objetivo de la FGR) era estrechar el cerco sobre Lozoya y presionar con órdenes de arresto contra su madre, Gilda Austin y Solís, y su hermana, Gilda Lozoya Austin. Bajo ese plan, una vez estuviera acorralado, el exdirector de Pemex tendría que sentarse a negociar con las autoridades»

El País, 13.07.22

Las negociaciones estuvieron a cargo del subprocurador Juan Ramos y de Emilio Lozoya Thalmann, padre de Lozoya Austin, a quien le aconsejaron que consiguiera un certificado que acreditara que su esposa necesitaba atención médica constante, para que al llegar a México, extraditada de España, sus abogados solicitaran arresto domiciliario. En los audios, el subprocurador le aclara a Lozoya Thalmann que la FGR no va a interceder en la audiencia de su esposa, porque «si no va a parecer que nosotros somos ahí su defensora».

«Esa asesoría, calificada como un delito por algunos expertos, quedó plasmada en las escuchas, algunas difundidas en junio pasado. Además, consiguieron paralizar otras siete denuncias contra el exdirectivo de la paraestatal (…). Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020, cuando su familia llevaba meses hablando con el fiscal. Las negociaciones permitieron que tanto él como su madre aceptaran la extradición a México y entraran en un esquema de colaboración. Ambos salieron en libertad al pisar territorio mexicano. Un beneficio que el exdirector de la petrolera perdió en noviembre de 2021, después del escándalo desatado por una lujosa cena que despertó la indignación del presidente», señala la nota.

«Los informes de la Fiscalía dejan registro de cientos de comunicaciones, no está claro si obtenidas de manera ilegal, de familiares y trabajadores», agrega.

Hoy, Gilda Austin y Solís continúa imputada por el caso, mientras que la hermana de Lozoya sigue prófuga de la justicia.

Si bien El País señala que «no está claro qué le entregó la familia del exdirector de Pemex al Ministerio Público o al fiscal», sí está claro lo que otorgó el propio Lozoya, quien señaló que Peña y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le pidieron entregar 84 millones de pesos provenientes de los sobornos de Odebrecht a legisladores de oposición para que aprobaran la Reforma energética de 2013-2014.

No solo eso. Lozoya asegura que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) ya había beneficiado a la constructora brasileña por medio de contratos desfavorables para Pemex a través de su subsidiaria Braskem. De ahí que la UIF también haya solicitado a los bancos información sobre las cuentas de Calderón y su entorno (Reforma, 09.07.22).

Vicente Fox (2000-2006) y Ernesto Zedillo (1994-2000) también estarían bajo la lupa de la FGR, de acuerdo con Reforma.

Lo cierto es que la investigación de la UIF en torno a Peña Nieto y sus familiares apunta a movimientos millonarios, muchos de ellos en efectivo, que los señalados tendrán que explicar, pero que los conectan —directa o indirectamente— con los casos de corrupción más emblemáticos del sexenio pasado: desde la Casa Blanca hasta Odebrecht, pasando por la Estafa Maestra y la Operación Safiro (Espacio 4, 696), entre otros.

Si bien Enrique Peña negó las acusaciones, un día después del anuncio de las investigaciones en su contra, puso en venta su casa de Madrid, valuada en unos 650 mil euros (aproximadamente 13.6 millones de pesos).

Morralla de a millones

La UIF detectó tres transferencias a las cuentas de Enrique Peña por 26 millones de pesos, las cuales recibió en España entre 2019 y 2021 «a través de un familiar consanguíneo», según informó el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez. Si bien la UIF no menciona el nombre del «familiar consanguíneo», se trataría de su hermana Verónica Peña Nieto.

«Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario [Arturo Peña Nieto], al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos», dijo Gómez.

No es todo. El fiscal informó que «esta familiar» [Verónica] registró retiros en sus cuentas bancarias por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones, entre 2013 y 2022.

La dependencia detectó que de esos 47 millones de pesos, al menos 36 millones se depositaron en efectivo y que «resultan relevantes, debido a que (…) no se conoce cuál es la fuente, mucho menos el causante o la justificación», agregó Gómez.

Entre los elementos entregados a la FGR para investigar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, se menciona a dos empresas, la compañía «A» en la que Peña funge como accionista junto a más integrantes de su familia, y la firma «B», con la que tiene un vínculo corporativo.

Pablo Gómez explicó que la empresa «A» realiza operaciones por montos elevados, que son «discordantes con su objeto social y su perfil fiscal». La UIF detectó que esta empresa depositó a un accionista y familiar de Peña Nieto 35.9 millones de pesos, quien a su vez devolvió 22.8 millones de pesos a las cuentas de la compañía.

La empresa «B», señala Gómez, recibió contratos públicos del Gobierno federal por un monto de 10 mil 530 millones de pesos, «lo que presume un esquema de dispersión de recursos». Además, entre 2015 y 2021, envió un total 261 transferencias internacionales de dinero a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, por un monto global de 4.9 millones de dólares.

La UIF identificó que esta firma y una filial tienen una cuenta mancomunada en un banco con sede en la Unión Europea y a través de la cual se enviaron dos transferencias a Irlanda por 164 mil 326 euros.

Si bien la UIF se reservó el nombre de las empresas, la firma «A» podría ser Impulsora Agrícola La Laguna (Animal Político) y la «B» la alianza Plasti-Esteril/Baxter.

El negocio farmacéutico

Según el registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), Plasti-Esteril fue constituida en Atlacomulco, Estado de México, en 1991, para «la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica».

Además del propio Peña, entre los fundadores de Plasti-Esteril aparecen su hermano Arturo, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo y el ingeniero Víctor Manuel Naime Monroy.

Más tarde, Ángel Alfonso Molina Moreno se incorporaría como representante legal de esta compañía y de otra más: la farmacéutica Baxter, constituida en la Ciudad de México el 12 de agosto de 2012 (como filial de la estadounidense Baxter International), cuatro meses antes de que Peña asumiera la Presidencia.

Según una investigación de El Universal (20.05.20), de 2013 a 2018, Baxter International, que tenía en su poder los derechos de la marca Plasti-Estéril, recibió 12,170 millones de pesos en contratos para abastecer a varias dependencias del Gobierno de Peña. La cifra va en sintonía con los contratos de la empresa «B» que mencionó el titular de la UIF.

Hecho curioso es que los contratos continuaron en el primer año de Gobierno de AMLO, por un monto de 1.136 millones de pesos.

Sobre Plasti-Esteril, una investigación de Aristegui Noticias (07.07.22) señala que aunque su nombre aún aparece en los registros digitales de la empresa, Peña vendió sus acciones en 1992. Sin embargo, esto no lo deslinda de conflicto de intereses, ya que el comprador de las acciones de Plasti-Esteril fue Equisflex, que en 1997 pasó a formar parte de Baxter, beneficiada por su Gobierno.

El cuñado incómodo

Según una investigación de Animal Político (11.07.22), la empresa «A» sería Impulsora Agrícola La Laguna, fundada en 1988 y en la que aún figuran como accionistas el propio Enrique Peña, su hermana Verónica Peña, su cuñado Juan José Chimal Velasco y su sobrino Juan José Chimal Peña (hijo de Verónica y Juan), así como otros parientes, entre primos, tíos y más sobrinos.

A su vez, Juan José Chimal Velasco es tesorero de otra empresa investigada por la UIF: Productores FCB, que en el sexenio pasado recibió apoyos para el campo de un programa federal y desvió 33.9 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF también encontró que Productores FCB reportó un saldo en sus cuentas de 6.4 millones de pesos, pero la cifra real era 3.1 millones, por lo que inició un procedimiento resarcitorio en relación con el programa agrario.

En 2019, el cuñado del expresidente también fue involucrado en una denuncia de la Fiscalía General de Chihuahua por un presunto desvío de 23.2 millones de pesos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, durante el Gobierno de César Duarte, a la empresa Explocean, en la que Chimal Velasco fungía como director de Relaciones Públicas. Según la investigación, Duarte ordenó el pago de los recursos a Explocean «para quedar bien con el presidente».

Un socio de Juan José Chimal Velasco en Productores FCB, Alberto Chapa García, es a su vez socio de Ricardo Arturo San Román Dunne en Operadora Barrier Systems de México, que según Aristegui Noticias vendió a sobreprecio un sistema de barreras móviles a la constructora española OHL para las obras del Viaducto Elevado.

La Gaviota y Grupo Higa

Según Reforma (09.07.22), la UIF también rastreó las cuentas de la segunda esposa de Peña, la actriz Angélica Rivera. «La Gaviota y familiares directos de la exprimera dama utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019», destaca el periódico.

En una de las tarjetas, Rivera «consumió» 10.4 millones de pesos del 2013 a 2017. En otra, su hermana Adriana realizó retiros por 27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019.

No es todo. Adriana Rivera está ligada a la empresa organizadora de eventos Actidea, que en 2016 habría recibido contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos. Al año siguiente, en febrero de 2017, las hermanas adquirieron un inmueble de 775 mil pesos.

Según las investigaciones de la UIF, la empresa Eolo Plus, filial de Grupo Higa (que en 2014 vendió a la pareja presidencial la Casa Blanca, una residencia valuada en 54 millones de pesos, y que se benefició con obras millonarias durante el Gobierno de Peña Nieto), recibió dos cheques de Adriana Rivera. El primero, por 1.5 millones, en octubre de 2016. El segundo, por 530 mil pesos, en diciembre de 2018.

Según la UIF, Grupo Higa realizó operaciones en efectivo por 25.4 millones de pesos de 2019 a 2012, de las cuales se benefició la filial Eolo Plus, dedicada a servicios de transporte aéreo.

El caso Lozoya

En 2019, El Universal reveló que Estados Unidos investigaba al expresidente Peña Nieto por el caso de Fertinal, la empresa por la cual Pemex pagó, en 2015, la cantidad de 209 millones de dólares, cuando la compañía valía menos de 15 millones. Según un «informante», Peña Nieto recibió un soborno por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal, para «autorizar» la compra.

En 2021, la ASF finalmente presentó una denuncia ante la FGR que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a los integrantes del Consejo de Administración que aprobaron la inversión y a los bancos que financiaron la operación.

Otro caso investigado por la UIF es el relacionado con la compra de otra empresa «chatarra», Agronitrogenados, por la cual Pemex pagó a Altos Hornos de México 475 millones de dólares, en 2014. La empresa tenía 14 años sin operar y no valía más de 54 millones (Espacio 4, 648)

En 2020, el presidente del consejo de administración de Altos Hornos, Alonso Ancira Elizondo, conocido como «El Rey del Acero», fue detenido en Mallorca, España. En febrero de 2021, fue extraditado a México, pero fue liberado en abril del mismo año tras acordar el pago de 216.6 millones de dólares, en tres parcialidades. En mayo pasado, AMLO confirmó que Ancira ya ha pagado 100 millones de dólares para resarcir el daño a Pemex.

Según las investigaciones nacionales e internacionales, entre 2013 y 2014, Emilio Lozoya Austin habría recibido cerca de 10 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para que le fuera adjudicado un contrato con Pemex por mil 436 millones de pesos. Los pagos formaban parte de un esquema internacional de sobornos reconocido por los propios ejecutivos de Odebrecht, como Márcio Faria da Silva, quien en 2017 se convirtió en colaborador de la justicia

La Estafa Maestra

En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron «La Estafa Maestra», un esquema que utilizó el Gobierno federal para lavar 7 mil 760 millones de pesos a través de 128 empresas fantasma. El sistema involucra a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos.

El 13 de agosto de 2019, un día después de haber declarado ante un juez durante 12 horas, la exdirectora de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, por uso indebido del servicio público.

Robles Berlanga aseguró que tanto Peña Nieto como el exsecretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu (5,073 millones de pesos) notificadas por la ASF.

Collado, el abogado del diablo

El 9 de julio de 2019, Juan Collado Mocelo fue arrestado en un reconocido restaurante de Las Lomas, en la Ciudad de México, mientras cenaba con el líder sindicalista petrolero Romero Deschamps. El abogado de Peña, Deschamps y Carlos Salinas de Gortari, entre otros, fue acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude con Libertad Servicios Financieros, ubicada en Querétaro.

En su declaración, Sergio Bustamante, principal demandante, señaló a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto de ser los verdaderos dueños de Caja Libertad. Incluso, reveló que camionetas de valores llegaban a las instalaciones de la empresa con dinero en efectivo, enviados por Peña Nieto.

La Operación Safiro

La «Operación Safiro» (acrónimo de Saneamiento Financiero) es una red que se utilizó en el sexenio de Peña Nieto para lavar al menos 5,800 millones de pesos, según una investigación de los periodistas Arturo Ángel, Manu Ureste y Zedryk Raziel, plasmada en el libro El caso viuda negra: El asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el Peñismo. El asesinato referido es el de Isaac Gamboa, titular de Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de Hacienda, quien fue ejecutado junto a su familia en mayo de 2020. Gamboa, operador de la red, era cercano a Peña y Videgaray.

El esquema involucra a los Gobiernos de los estados Chihuahua (249 millones de pesos), Durango (230.4 millones), Sonora (140.6 millones), Morelos (16.4 millones), Colima (15.1 millones), Estado de México (488 mil) y la delegación capitalina Milpa Alta (300 mil), los cuales recibían fondos federales que luego triangulaban al CEN del PRI a través de empresas fantasmas.

La operación alcanza a Coahuila, que en 2016 y 2017, durante la gubernatura de Rubén Moreira, habría utilizado el mismo esquema para desviar 475 millones de pesos (Espacio 4, 696). E4

---

Alito, al banquillo por desvíos y tráfico de influencias

Uno de los pocos personajes que salieron en defensa de Enrique Peña Nieto por las últimas investigaciones de la FRG, fue el dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas.

«Todo mi respaldo y solidaridad al expresidente Enrique Peña (…) Su trabajo comprometido por nuestro país fue muestra de progreso y desarrollo, algo que ya extrañamos en México», señaló el priista en Twitter, el pasado 7 de julio.

Ese mismo día, la Presidencia de la República se adelantó a la FGR al informar en Twitter que la dependencia a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero abrió una carpeta de investigación contra Moreno Cárdenas por los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Sin embargo, el mensaje fue borrado minutos más tarde, pues según reconoció el presidente López Obrador se trató de un error, ya que la investigación es de la Fiscalía de Campeche.

Según fuentes citadas por Animal Político (07.07.22), la FGR abrió una primera carpeta de investigación en contra de Moreno por la presunta adquisición irregular de inmuebles entre 2012 y 2015, la que fue cerrada por falta de elementos de prueba.

Sin embargo, la nueva indagatoria incluye irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2016 y 2018, los tres años completos que Moreno fungió como mandatario de Campeche, por un monto de 4 mil 336 millones de pesos provenientes de recursos federales (Operación Safiro). De ese total, aún no se ha aclarado el destino de 3 mil 855 millones de pesos, de acuerdo con datos de la ASF.

El pasado 10 de julio, Moreno denunció que fue detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) al ingresar a México desde Francia. El INM lo atribuyó a una alerta migratoria derivada de la investigación de la Fiscalía de Campeche.

Un día más tarde, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió un nuevo audio de Moreno, en el que supuestamente pretende imponer a los candidatos de su partido en las elecciones de 2024.

«Seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a mí me va a tocar decidir la lista (…) Yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan. Entonces, al final del camino me toca la que viene, me toca construir, viene la sucesión en Tamaulipas también, el siguiente año», señala.

Alito sigue perdiendo aliados. El 15 de julio, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de su bancada y exsecretario de Gobernación, pidió que renuncie. «Con qué cara hoy ve a la militancia a la que habla de democracia, a la que le habla de inclusión, cuando en un audio —el que se está dando a conocer de manera ilegal— pues dice que no, que él se va a quedar, que él va a decidir y que se frieguen los que están ahí hablando, o sea todos», señaló (Huellas.mx, 15.07.22). Sus días en la política están contados. E4.