La detención de Caro Quintero, una victoria agridulce para la 4T

La caída de un helicóptero en el que fallecieron 14 marinos, los entredichos sobre la participación de la DEA y los obstáculos judiciales para la extradición a Estados Unidos empañan la captura del narcotraficante

Presidentes de México y Estados Unidos liman asperezas

En pocos días, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asestó dos golpes estratégicos en materia de seguridad y combate a la corrupción, que captaron la atención internacional.

El 15 de julio, cuatro días después de haberse reunido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a una semana de haber anunciado una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por irregularidades financieras, fuerzas de la Marina detuvieron en Sinaloa a Rafael «Caro» Quintero, uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

«Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente (…) Se pide información en algunos casos a la DEA, pero este no en el caso».

Andrés Manuel López Obrador, presiente de México

Sin embargo, la caída de un helicóptero en el que fallecieron 14 militares, la falta de detalles sobre el operativo, los entredichos sobre la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y los obstáculos judiciales para la extradición del capo a EE.UU. generan dudas.

Al «señor Caro Quintero», como el propio AMLO calificó al narcotraficante al criticar los 27 años que pasó tras las rejas «sin sentencia», se le acusa del asesinato del agente estadounidense Enrique «Kiki» Camarena, el 9 de febrero de 1985. Ese mismo año fue detenido en Costa Rica y en 1989 fue condenado a 40 años de prisión por secuestro, homicidio y una serie de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

«Nuestro increíble equipo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Caro Quintero, acusado en EE.UU. de torturar y asesinar al agente especial Kiki Camarena».

Anne Milgram, directora de la DEA

En 2013, un tribunal de Jalisco le concedió un amparo por considerar que el caso de la muerte Camarena debió de ser juzgado en el orden local, y no en el federal, por lo que recuperó su libertad. Cuando el Gobierno reculó y reordenó su captura, el narcotraficante le envió una carta de puño y letra al entonces presidente Enrique Peña Nieto para pedirle «que la justicia mexicana no se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos» (su extradición).

El 18 de julio, Elizabeth Castro Cárdenas, directora de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social de México, reveló que el exgobernador de Jalisco, el priista Jorge Aristóteles Sandoval (2013-2018), intervino ante Peña para la liberación del capo.

«La vicepresidenta Kamala Harris informó al mandatario mexicano que un equipo de la DEA había localizado en Choix, Sinaloa, al narcotraficante Rafael Caro Quintero».

Héctor de Mauleón, periodista

Si bien AMLO negó la participación de la DEA y rechazó que la captura haya sido parte de un acuerdo con el presidente Biden, las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sugieren lo contrario.

Tanto la directora de la DEA, Anne Milgram, como el fiscal general estadounidense, Merrick J. Garland, adjudicaron la detención de Quintero al «increíble equipo» e «incansable trabajo» de la DEA en conjunto con las autoridades mexicanas.

Y según el periodista Héctor de Mauleón, en la «tensa» reunión entre AMLO y Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense «puso sobre la mesa la preocupación de Estados Unidos ante la actitud que el Gobierno de AMLO ha adoptado con respecto a la persecución de narcotraficantes (…) y ofreció entregar a la Marina la información que un equipo de la DEA había logrado recabar desde hacía tres meses» sobre la ubicación de Caro Quintero (El Universal, 18.07.22).

Lo cierto es que la extradición del narcotraficante ya está enfrentando obstáculos judiciales. Tres días después de su captura, un juez de Jalisco le otorgó un amparo que suspende la extradición hasta que no se resuelva de fondo una demanda interpuesta por su hermana, Beatriz Caro Quintero.

Operativo agridulce

En menos de cuatro días, dos sucesos le dieron un fuerte espaldarazo al Gobierno del presidente AMLO. Primero, el encuentro en Washington con su homólogo Joe Biden, un mes después de haber rechazado la invitación del mandatario estadounidense a la novena edición de la Cumbre de las Américas; y a continuación, la captura del narco de narcos, Rafael Caro Quintero. La estrategia de «abrazos, no balazos» se vio entonces redimida.

La detención tuvo lugar el 15 de julio en el estado de Sinaloa y fue resultado de un operativo conjunto de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de San Simón.

A Caro Quintero se le responsabiliza por el asesinato del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena, el 9 de febrero de 1985, luego de que este descubriera el rancho El Búfalo, propiedad del narcotraficante, que contaba con mil hectáreas dedicadas al cultivo de mariguana. El descubrimiento provocó el decomiso de más de 8 mil toneladas de esta droga. Un golpe contundente al Cártel de Guadalajara, que ya contaba con una extensa red de protección integrada por jefes de policía, mandos militares y funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano.

En abril de ese mismo año, Caro Quintero fue aprehendido en Costa Rica. En 2013, a causa de un tecnicismo jurídico —un tribunal citó un error de competencia para juzgarlo por el caso Camarena— lo dejaron en libertad.

Pocos días después, un juez emitió una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, y la Suprema Corte revocó el fallo que le permitió abandonar la cárcel, pero el narcotraficante ya no pudo ser localizado.

Desde entonces, los Gobiernos de México y EE.UU. lo tuvieron en su lista de los delincuentes más buscados.

La recaptura de Caro Quintero representa uno de los logros más importantes de la 4T en el ámbito de seguridad. Y, en términos políticos, servirá para acallar las voces de los opositores al Gobierno de Morena, que aún no le perdonan a su líder haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, cuando lo tenían atrapado en Culiacán, el 17 de octubre de 2019.

La victoria no es total, por el desplome de uno de los tres helicópteros que apoyaban el operativo y que le costó la vida a 14 marinos —otro permanece hospitalizado grave— cuando ya estaban muy cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de los Mochis.

La Secretaría de Marina (SEMAR) descartó de inmediato que la aeronave Black Hawk hubiera sido derribada, y agregó que la comisión investigadora ya trabaja y los protocolos y procedimientos de investigación tardarán, al menos, de uno a dos meses.

López Obrador les envió las condolencias a familiares y allegados de las víctimas e insistió en que se dispondría de todos los recursos para conocer las causas del siniestro.

«Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos», publicó el presidente en Twitter.

La administración de Joe Biden anunció, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que buscará la extradición inmediata de Caro Quintero desde México para enfrentar los cargos que tiene fincados el Gobierno estadounidense ante la Corte Federal del Distrito Central de California.

«No existe un escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses (…) Estaremos buscando su extradición inmediata a los EE.UU. para que pueda ser juzgado por estos crímenes», expuso el fiscal Garland.

«Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro-Quintero. El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos», agregó. E4

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Presidentes de México y Estados Unidos liman asperezas

Dicen que en política lo más importante es aquello que no se dice, y así sucedió en el encuentro que tuvo lugar el 12 de julio entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca. Más allá de los compromisos contraídos y los temas de suma importancia que se trataron —con el conflicto migratorio a la cabeza—, la reunión, de aproximadamente 45 minutos, sirvió para limar asperezas entre los dos Gobiernos, luego de que el mandatario mexicano se negara a asistir a la Cumbre de las Américas, organizada en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, como muestra de rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a dicho evento.

Una vez asegurado este punto, el resto de la jornada se dejó llevar por la bien aceitada maquinaria protocolaria que 200 años de relaciones diplomáticas entre los dos países ha mantenido en marcha con más aciertos que desaciertos.

AMLO propuso cinco planteamientos básicos de cooperación:

Primero: Duplicar la producción del petróleo crudo y combustóleo de exportación a las refinerías de Estados Unidos, para que los estadounidenses puedan cargar gasolina a menor precio.

Segundo: Poner a disposición del Gobierno de Biden más de mil kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera con México, para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, por un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts y abastecer a 3 millones de personas, aproximadamente.

Tercero: Eliminar más aranceles en comercio de alimentos, y trámites tediosos —aun cuando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha avanzado en este aspecto— para que aminoren los precios a los consumidores en ambos países.

Cuarto: Iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que fortalezcan ambos mercados y se eviten importaciones de otras regiones.

Quinto: Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo.

Si bien Joe Biden fue cauto en el manejo de cifras y compromisos, tras el encuentro, en un comunicado conjunto, ambos Gobiernos confirmaron su deseo de cooperación y la necesidad de construir un futuro mejor para las naciones de América del Norte, haciendo énfasis en la preservación de los principios democráticos, garantía del desarrollo económico y salvaguarda del Estado de derecho y los derechos humanos.

«México y Estados Unidos afirman su amplia y profunda cooperación, así como su compromiso por construir un futuro más próspero y seguro para los pueblos de América del Norte. Al enfrentar desafíos globales y regionales sin precedentes que requieren los esfuerzos conjuntos de ambas naciones, defendemos la democracia, el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de derecho y los derechos humanos, como valores fundamentales que sustentan nuestra seguridad y prosperidad compartidas», se lee en el documento.

En ese tenor, ambas administraciones reafirmaron su interés en garantizar la completa implementación del T-MEC, entendido éste como la base de la competitividad de América del Norte. Para ello colaborarán de manera activa con los sectores interesados, tanto privados como en la sociedad civil.

Asimismo, ante el aumento de la inflación en la región, acordaron acelerar la facilitación del comercio bilateral, reduciendo los costos comerciales. El T-MEC potencia el libre flujo de productos agrícolas sin barreras, lo que promueve la innovación que impulsa la productividad y aumenta la resiliencia. México planea comprar hasta 20 mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos para apoyar a las familias mexicanas en comunidades rurales y urbanas. Además, adquirirá hasta un millón de toneladas de fertilizante de su vecino del norte para distribuir a pequeños productores de subsistencia de maíz y frijol, sin dejar de comprar alimentación animal.

Conscientes de la importancia de contar con una frontera segura y eficiente, que garantice el tráfico comercial y de personas, los dos Gobiernos llevarán a cabo un plan conjunto de varios años de modernización de la infraestructura fronteriza, para proyectos que tendrán cabida a lo largo de los más de tres mil kilómetros que comparten ambas naciones. La Ley Bipartidista de Infraestructura del presidente Biden incluye 3.4 mil millones de dólares para desarrollar 26 iniciativas de construcción y modernización de puertos de entrada terrestres en la frontera norte y sur, que generarán empleos locales bien remunerados, incrementarán la seguridad, y harán a la economía más resiliente a retos en las cadenas de suministro. México, por su parte, se comprometió a invertir mil 500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024.

También en relación al trabajo en la frontera, con base en los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas por 21 países del hemisferio, y de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, se tomarán medidas coordinadas para gestionar los flujos de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos durante su trayecto por México.

La muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, deja en evidencia que la trata de personas es un problema grave —especialmente cuando se incluye el sector infantil— que, lejos de menguar, se exacerba, y exige respuestas inmediatas. La Fiscalía General de la República de México y los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de Estados Unidos se han coordinado para arrestar y enjuiciar a aquellos que ponen en peligro las vidas de los migrantes vulnerables.

Sin embargo, tanto la administración de Biden como la de López Obrador coinciden en atacar las causas del fenómeno, por lo que se han propuesto unir esfuerzos para tratar los impulsores económicos y de seguridad subyacentes, reconociendo que el desarrollo debe estar en el centro de todas las políticas de migración. Se buscará, en consecuencia, ampliar los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades marginadas. Ello, sin descuidar las políticas de control fronterizo.

México y Estados Unidos también trabajarán para promover mayores protecciones laborales como parte de una estrategia de movilidad para trabajadores migrantes que buscan acceder a vías regulares de migración, uno de los puntos en los que López Obrador más ha insistido desde su llegada a la presidencia y sobre el cual el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que aproximadamente 260 mil visas de trabajo temporal, principalmente para actividades agrícolas, serán expedidas por el Gobierno de Biden en 2023.

«Las visas que van a darse de una manera más ágil son las H-2A —trabajadores agrícolas temporales— y México, me imagino, el año que entra tendrá alrededor de unas 260 mil visas H-2ª», señaló Moctezuma Barragán en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles.

En cuanto a la seguridad, tema recurrente en cada encuentro entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, esta vez se determinó orientar el trabajo a la lucha contra el comercio ilegal del fentanilo —opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente—, el tráfico de armas y el contrabando de personas. De igual modo se estrecharán lazos de cooperación para combatir las organizaciones criminales transnacionales que fomentan la violencia en ambos países.

La lucha contra el cambio climático no faltó en la agenda de discusión. Por lo que ambas partes reconocieron la necesidad de invertir en fuentes de energía renovables, donde México aún queda a deber. En términos prácticos se trata de disminuir la contaminación por gas metano, agilizar la transición a vehículos de cero emisiones y fomentar el uso de energías limpias. En apoyo al Compromiso Mundial de Metano y la Vía Energética del Compromiso Mundial de Metano, México y Pemex, en colaboración con los Estados Unidos, desarrollarán un plan de implementación para eliminar las quemas y fugas en operaciones de gas y petróleo en mar y tierra, e identificar proyectos prioritarios para invertir. E4

Compromisos establecidos entre EE. UU. y México

• Garantizar la completa implementación del Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
• Combatir de forma conjunta la inflación, acelerando la facilitación del comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales.
• Completar un plan de varios años de modernización de la infraestructura fronteriza México-Estados Unidos para mejorar el flujo comercial y de personas.
• Fortalecer mecanismos para crear corredores comerciales más seguros y eficientes, así como fomentar un entorno que promueva la inversión.
• Promover un clima de negocios que promueva una América del Norte más verde y limpia, reconociendo la importancia de invertir en energías renovables.
• Abordar los principales retos de seguridad que afectan a las dos naciones, incluidos los desafíos del fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas.
• Profundizar la cooperación para combatir las organizaciones criminales transnacionales.
• Tratar los impulsores económicos y de seguridad subyacentes de la migración para acelerar y ampliar los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades marginadas.
• Mantener fuertes políticas de control fronterizo sin soslayar la salvaguarda de los derechos humanos.