El corrupto notariado de Coahuila cae a plomo sobre los incautos que han confiado en su podrida fe pública para ser despojados de su patrimonio, de su dinero, de su heredad. Y lo peor de todo, es que el Gobierno del Estado les ha otorgado no sólo el Fiat Notarial, sino también la patente de corso para delinquir. El inútil secretario de Gobierno, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, es el catalizador activo de esa pudrición.
El pasado 14 de octubre el periódico Vanguardia publicó a ocho columnas la noticia de que la estafadora inmobiliaria Lizeth (N) tiene acumuladas 60 denuncias por fraudes y despojos, pero lo más sorprendente es que ha sido vinculada a proceso por un solo caso, lo que resulta inaudito y nos muestra de cuerpo entero a ese elefante blanco de las instituciones de procuración e impartición de justicia en el estado de Coahuila y donde, no le extrañe a usted, deben estar involucrados en esa delincuencia organizada elementos de la Fiscalía y algunos de los jueces del tribunal de justicia del magistrado Miguel Mery Ayup. De otra forma sería imposible concebir tanta impunidad.
El notario público Saúl (N) aparece reiteradamente dando fe en los fraudes de Lizeth. Este columnista tiene constancia de 10 casos notariados por dicho fedatario. La negligencia del director de Notarías, Enrique Flores Ruiz, abona a este cártel inmobiliario, reforzado con el laberinto burocrático de ministerios públicos y jueces venales y corruptos.
A todos nos consta que en Coahuila hay notarios y jueces que han participado en fraudes inmobiliarios de alto impacto a nivel nacional. Y han quedado impunes, como en el caso Infonavit, donde trabajadores humildes, en cientos de casos, fueron despojados de sus viviendas y se quedaron en la calle, sin acceso a la defensa legal y a la justicia, porque para ellos fue imposible enfrentar el entramado burocrático tan kafkiano y tortuoso que permite a estos delincuentes quedar sin castigo. Y que conste que los notarios públicos como el gran maestro de la estafa, Saúl (N), son la piedra angular de esta delincuencia organizada.
Es una calamidad que el notario público Saúl (N) represente al gobernador del Estado de Coahuila en actos jurídicos de gran valor y significación, porque este delincuente no representa ninguna garantía de legalidad y legitimidad en sus actuaciones, tampoco ninguna pizca de buena fe, confianza, certeza, autenticidad, credibilidad y verdad porque es un auténtico bandido.
La historia del notariado data de siglos. El notario público ha sido testigo privilegiado de muchos actos, protocolos y sucesos que ya son parte de la historia. Pero nunca han faltado maldicientes que reniegan de esa profesión de la fe pública. Parlamentos han buscado otras opciones para sustituirlos y no han podido derrumbar el edificio civilizatorio del notariado. Joaquín Costa fue un gran notario español. El feroz Unamuno lo enaltece en su ensayo «Sobre la tumba de Costa». De Costa es frase: «A notaría abierta, juzgado cerrado», que por sí misma se explica.
Pero aquí en Coahuila no son legisladores ni jurisconsultos los que le están dando en la madre al notariado, son los mismos notarios corruptos, bandidos, falsarios, estafadores, como el gran maestro del fraude, Saúl (N), los que están pudriendo la fe pública notarial. Claro, con la anuencia del notario diablito Fernando de las Fuentes y otro que quiere ser notario, para acabarla de joder, Enrique Flores Ruiz. Ojalá que el próximo Gobierno emprenda una limpia de esa podredumbre.
