Se acerca la madre de todas las batallas políticas, con la reforma electoral, que más allá del debate, ahora sólo genera incertidumbre sobre las negociaciones y los partidos involucrados en un entorno de descalificaciones y ataques que centran la reforma en el Instituto Nacional Electoral (INE) y su permanencia de cara al proceso electoral del 2024 y las reglas con el árbitro para la contienda electoral.
La propuesta presidencial tiene como objetivo cambios radicales que giran en torno a la elección en comicios de los consejeros electorales y que incluso alcanza a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, además de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y disminuir radicalmente el presupuesto del INE, entre otras cosas que planean bajar el número de diputados federales, senadores y eliminación de los plurinominales.
El objetivo fundamental aparece a todas las luces, es centralizar nuevamente las elecciones y que el INE sea un subordinado de la Secretaría de Gobernación y pierda su autonomía como árbitro imparcial.
No hay empacho alguno del actual partido en el poder federal de debilitar un organismo ciudadano y autónomo que sea altamente vulnerable y que además sea blanco de corrupción y manipulación antes, durante y después de cualquier elección municipal, estatal y nacional.
Resulta difícil de entender que, con una reducción radical en presupuestos al INE, se puedan organizar elecciones legítimas y legales con consultas incluidas para temas de gobernanza, obras y aplicación de presupuesto de una forma populista y poco confiable.
Ciertamente el INE, sus consejeros y los procesos son altamente perfectibles, pero sobre todo se debe modernizar el sistema y hacerlo aún más confiable y transparente.
La débil oposición política al sistema es incapaz, hasta ahora, al menos en el discurso, de realizar una buena defensa del INE con su presupuesto y su autonomía del poder federal y anticipa al menos con un partido, que hay una alta probabilidad de negociación para que la reforma pase al menos en un porcentaje mayor al 50% de la propuesta original, lo que seguramente, ya es mucho para el poder presidencial.
Dentro del proceso, desde su anuncio y llegada a la cámara baja, la propuesta de reforma y el ataque expreso al INE ya son objeto de posicionamientos de organismos empresariales, ciudadanos y colectivos y la propia Iglesia Católica que no consideran cosas positivas en la propuesta reforma del poder ejecutivo federal.
En conclusión, la reforma electoral podría ser considerada la madre de todas las reformas, más allá de la fallida «energética» y la «arreglada» de seguridad, pues si el grupo de poder federal no logra la modificación electoral, podría arriesgar mucho su continuidad en la elección del 2024, sobre todo en las dos cámaras aún y cuando logre el triunfo en la presidencial.
Hay que esperar lo peor porque el inicio del camino no es el mejor y los tiempos que establecieron y lo que se observa en la actitud de la cúpula de un partido no genera los mejores pronósticos y tal vez para ese partido podría ser la última oportunidad de recuperar parte de la confianza ciudadana perdida.
En el otro extremo y sobre todo en el plano más optimista esperar una sorpresa que pueda incluso cambiar el rumbo de los resultados de las elecciones con beneficios para todos: para el Gobierno en el poder, para la oposición y sobre todo para los ciudadanos.
