La característica del mundo, desde su amanecer, es el conflicto, sea por razones étnicas, políticas, religiosas, económicas o ideológicas. En la Primera y Segunda Guerra murieron alrededor de 70 millones de personas entre civiles y militares. Hoy la guerra Rusia-Ucrania, aún sin visos de solución, tiene una compañera: la de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) iniciada tras el bombardeo y asalto a varias comunidades del Estado judío. Tan antigua como las luchas armadas es la migración, fenómeno exacerbado en los últimos años.
De acuerdo con Naciones Unidas, la población migrante en el mundo ronda los 281 millones de personas, de las cuales el 48% son mujeres y 41 millones, menores de 20 años. Estados Unidos es el principal receptor con alrededor de 58 millones de emigrantes internacionales.
Los principales factores que propician la migración son económicos, demográficos, sociales, políticos y ambientales, establece la Organización Internacional para las Migraciones. México es el primer país de origen de migrantes que residen en Estados Unidos con 10.94 millones, con cifras a 2020. Le siguen la India (3.44 millones), China (2.88), Filipinas (2.7) y Vietnam (1.59), según la última actualización obtenida del Portal de Datos Sobre Migración.
El Centro de Investigaciones Pew y el Instituto de Política Migratoria calculan entre 11 y 11.4 millones los migrantes establecidos en Estados Unidos de forma irregular, la mitad de los cuales proceden de México, cita la misma fuente.
Sin embargo, mientras la inmigración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido, la República Bolivariana de Venezuela disparó la suya 114% al pasar de 236 mil en 2015 a 506 mil en 2020 (primeros siete años de Gobierno de Nicolás Maduro). La de Honduras aumentó 27% para rebasar los 773 mil y la de Guatemala creció 17% con lo cual alcanzó los 1.2 millones en el mismo periodo. Mientras tanto, 1.21 millones de cubanos y más de 817 colombianos abandonaron sus países para emigrar a EE. UU. La migración ha devenido en crisis humanitaria. Miles de personas cruzan nuestro país en condiciones inhumanas y muchos mueren en las travesías.
Las imágenes de mujeres, niños y hombres que intentan vencer alambradas y ríos para avanzar unos metros son estrujantes. Mucha de esa población —en América y Europa— reclama a los antiguos imperios el pago de una deuda histórica y moral por haber explotado la riqueza de sus países y a sus ancestros. Empero, cuando la situación se agrava y desborda las zonas fronterizas, las potencias eligen endurecer sus políticas migratorias, construyen muros y abandonan a su suerte a quienes huyen de la pobreza, la inseguridad y de Gobiernos ineptos y venales en busca de oportunidades y de un futuro digno. En vez de solidaridad y humanidad, mano dura.
También resulta deleznable que la fuerza pública extorsione a quienes han vendido propiedades y pertenencias para salir de su país y encaminarse a otro que les brinde trabajo, esperanza y la posibilidad de progresar. En medio de la vorágine, llama la atención la fe de los migrantes en sí mismos y en el futuro. Ver a padres y madres con sus hijos en brazos, sobre sus hombros, cargados a sus espaldas o como escudos para protegerlos de peligros, interpela a quienes los ven como amenaza, cuando en realidad son personas con los anhelos y sueños de cualquiera, pero en una situación ajena a sus deseos. Por tanto, merecen respeto y compasión.
Caso Colosio, nuevo giro
El asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, dirigió todas las miradas hacia la residencia oficial de Los Pinos donde se creía controlarlo todo. Una tarjeta autógrafa del primer hermano del país, Raúl Salinas de Gortari, en la cual advertía al sonorense que las puertas de la casa presidencial «se abren desde dentro, no desde fuera», afianzó la hipótesis del crimen de Estado. Amigos que compartieron con Colosio el júbilo por su postulación lo acompañaron también en los momentos pesarosos del abandono de quien lo había elegido como sucesor: Carlos Salinas de Gortari. «Quieren que renuncie», acusaban.
La campaña del exlíder del PRI fue boicoteada desde un principio. Revivir las aspiraciones de Manuel Camacho logró el propósito de generar confusión y arrinconar a Colosio, quien, en su mejor discurso —pronunciado el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución, 17 días antes de su asesinato— rompió con el salinato. «Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo». La presidencia imperial había adquirido con Salinas rasgos grotescos.
Colosio era producto del sistema y, como tal, no podía rebelarse, a menos que estuviera dispuesto a pasar página. Su retrato del autócrata apuntaba en esa dirección. «Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder (…) que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático (…), significa hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente de la máxime respetabilidad y certidumbre…».
Mil 994 resultó para el país un año aciago y a la vez trascendental. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en enero junto con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; en marzo ocurrió el crimen de Colosio y en septiembre el asesinato del secretario general del PRI, Francisco José Ruiz Massieu. En mayo de 1993, el cardenal Jesús Posadas Ocampo había sido acribillado por sicarios de un cartel en el aeropuerto de Guadalajara. La situación del país en ese momento se resumió en una frase: «Los demonios andan sueltos y han triunfado». Su autor Mario Ruiz Massieu —hermano del líder priista abatido—, murió por una sobredosis de depresivos mientras se hallaba en Estados Unidos bajo arresto domiciliario.
La decisión de Salinas de Gortari de atraer a la Procuraduría General de la República (entonces a cargo de Diego Valadés, ascendido poco después a ministro de la Suprema Corte de Justicia) la investigación del asesinato de Colosio, cuando por ley correspondía a la Procuraduría estatal, tiene a Mario Aburto Martínez con un pie fuera de la cárcel. La sentencia de 45 años contra el «asesino solitario», concertada desde el poder para cerrar un caso que indignó al país y puso en la picota al Gobierno de Salinas, la invalidó en días pasados el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca. La condena debió dictarla un juez local y no exceder lo 30 años de acuerdo con el Código Penal de Baja California vigente en 1994. El mismo Tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación por tortura a la que, según Aburto, fue sometido los días posteriores a su detención.
