Si es verdad que «quien pierde la vergüenza, no sabe lo que gana», entonces la utilidad de quienes jamás la tuvieron debe ser inconmensurable. En Coahuila hay ejemplos recientes. A un amigo lagunero, hombre bueno, le entró el gusanillo de la política. Dejó la vida empresarial y lo perdió todo o casi todo después de ser alcalde en tierra de caciques. Formar parte de la segunda hornada se convirtió en un suplicio: empezaron por armarle campañas infamantes y cuando el acoso se volvió insoportable e incluso peligroso, optó por refugiarse en Estados Unidos. Al cabo regresó a los negocios, pero sin el esplendor de antaño. La política, en su caso, significó su ruina.
En uno de los momentos álgidos de su presidencia, nos reunimos. Acudió armado de carpetas, informes y estados financieros, planos, croquis. «Todo lo que dicen sobre la obra tal son mentiras, puedo demostrarlo», me dijo. «Estás acorralado, tocaste intereses, desafiaste a los mandones del pueblo y el gobernador no quiere problemas», fue mi respuesta. «Te anticipo la respuesta a tu defensa: “lo acusamos de corrupto, no de tonto”, apuntarán con índice flamígero». La réplica es muy manida, pero infalible. A partir de allí, la administración entró en barrena.
Al Capone, uno de los gánsteres más celebres de la historia, hizo fortuna con la ley seca (1920-1933) y la protección de una red de políticos y policías. Sin embargo, este «vendedor de antigüedades», como se presentaba, fue puesto entre rejas, como bien es conocido, no por temas relacionados con el alcohol ilegal, las drogas o por la masacre del día de San Valentín de 1929 en Chicago, sino por evasión de impuestos. Tras 11 años en prisión, el sucesor de Johnny Torrio murió en su casa de Florida, víctima de neumonía.
Coahuila recibe una buena noticia después de una serie interminable de malas nuevas, iniciada con la elección de Humberto Moreira y la sucesión entre hermanos: la investigación, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Rubén Moreira por el ejercicio indebido de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), antes Programa de Contingencias Económicas. Vista desde una perspectiva macro, la suma es una bicoca frente a la megadeuda de 36 mil millones de pesos, la mitad de los cuales se esfumaron de las arcas del estado y aparecieron en cuentas privadas.
El presidente Andrés López Obrador ofreció que la FGR de Alejandro Gertz Manero llevará el caso «hasta las últimas consecuencias». Causas existen de sobra. En la columna «Elefante blanco» (21.11.20) cito un caso: «El Metrobús Laguna es una obra encantada de mil 500 millones de pesos (…) en la mira del presidente López Obrador». Pero hay más, en la investigación «Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México», el Hub de Periodismo de Investigación documenta el desvío de otros 680 millones de pesos en los cuatro últimos años del gobierno de Rubén Moreira, (Espacio 4, 645).
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado denunció penalmente el desvío de 675 millones de pesos a 13 empresas fantasma, también durante la gestión de Rubén Moreira. Una de las firmas es Riviera Álamo, vinculada a María Esther Monsiváis, operadora estelar del clan. Los políticos, como la esposa del César, no solo deben ser honestos, sino parecerlo. Mi amigo exalcalde lagunero lo era, pero sus adversarios le crearon mala fama; Capone, no, y menos lo parecía. Y de los Moreira, ni que decir tiene. Si AMLO y Gertz cumplen, abrían un resquicio para la justicia en un estado tan agraviado como escéptico.