En 2021, ya tan próximo, habrá un gran proceso electoral en México. Y eso que sólo se trata de las elecciones federales de medio término, es decir, únicamente para diputados y no para presidente de la República y senadores. Pero las habrá también en la misma jornada para cargos locales en la totalidad de los estados, en casi todos para congresistas estatales y ayuntamientos y en quince para gobernador. Por eso ya se le llama la «madre de todas las batallas electorales».
Por la conformación que ahora tienen las fuerzas políticas del país, en términos generales éstas integran dos grandes bandos. De un lado el partido gubernamental Morena y sus partidos aliados (PT y Verde, más los de nuevo registro); y del otro, los que mantienen una posición opositora, a saber: Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
A través de diversos medios, una agrupación de organizaciones ciudadanas integrada por cientos de asociaciones cívicas de la más diversa índole, que se identifica con el nombre de Sí por México, más otra con el mismo objeto y permanece innominada (salvo que sea la misma, pero no es posible saberlo), se han dirigido —con mucha intensidad y fuerza— a la opinión pública para plantear que el bloque opositor vaya en una gran alianza electoral en los comicios para diputados federales del año próximo.
El propósito de la propuesta es claro. Se trata de evitar que Morena y sus aliados, vale decir el presidente de la República, continúen teniendo no sólo la mayoría calificada (las dos terceras partes del total de diputados) sino ni siquiera la mayoría absoluta o simple en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. En el primer caso, como se sabe, permite a ese bloque oficialista, por sí solo, reformar la Constitución y tomar decisiones trascendentes, y con la mayoría simple aprobar las leyes ordinarias y el presupuesto anual de egresos de la Federación.
Aparentemente tiene sentido el objeto de esa gran coalición electoral opositora. Sin embargo —aparte de lo difícil, complejo y arduo que resultaría a los dos principales partidos, PAN y PRI, que durante más de ocho décadas han sido en México irreconciliables rivales ir ahora en alianza—, hay una serie de requisitos que la legislación en la materia establece para que tal eventual alianza se pueda concretar. Entre otros, los siguientes:
En primer lugar, que los partidos políticos definan qué tipo de coalición pretenden formar. La ley prevé el siguiente menú: Coalición «total» si postulan las mismas fórmulas de candidatos a diputados federales en los 300 distritos electorales; «parcial» si participan en al menos 150 y hasta 299 distritos, y «flexibles» si ello ocurre en un mínimo de 75 distritos.
Cualquiera que sea la modalidad que decidan, deben participar sus candidatos que vayan en alianza «bajo una misma plataforma electoral».
Respecto del punto anterior cabe precisar que los partidos integrantes de la coalición tienen no sólo el derecho sino también la obligación de tener y presentar por separado ante la autoridad electoral para registro su propia plataforma partidista, que contenga obviamente su respectiva agenda legislativa, toda vez que por definición de la ley al concluir el proceso electoral termina la coalición y cada partido forma en la Cámara su propio grupo parlamentario.
Adicionalmente, los partidos que resuelvan ir en alianza deben suscribir un convenio de coalición que llevarán para su registro ante la autoridad electoral, el INE, y acreditar que la decisión fue tomada por el respectivo órgano estatutario facultado para ello. Esto último puede no resultar fácil cuando menos en uno de los dos partidos mencionados.
Y todo lo anterior, a más tardar el próximo 9 de diciembre. Es decir, se está ya prácticamente al cuarto para las doce.