Roberto Figueroa, una víctima más de la impunidad que flagela al país

El homicidio del director de Acá en El Show reaviva el debate sobre el riesgo que afrontan los informadores en México. Guía Legal para Periodistas en defensa del gremio frente a la violencia jurídica

En un país donde la libertad de expresión enfrenta desafíos constantes, acosada por políticos corruptos y la delincuencia organizada, la pérdida de un periodista es una herida para la democracia. Roberto Carlos Figueroa, conocido por su trabajo crítico, se ha convertido en la víctima más reciente de la violencia que azota a los comunicadores en México. Director y conductor de Acá en El Show, un espacio de opinión, información, análisis y debate, Figueroa, además, se desempeñaba como biólogo y asesor en comunicación política. Su estilo ácido e irreverente lo distinguía, y su compromiso con la verdad lo llevó a cubrir temas sensibles y, a menudo, peligrosos.

Secuestrado el 26 de abril, se exigió dinero para liberarlo. A pesar de los esfuerzos de su familia por reunir el rescate exigido, su cuerpo fue encontrado en su vehículo, horas más tarde, en el poblado de Coajomulco, en Huitzilac. Este homicidio, al igual que el de otros muchos colegas, ha causado indignación y dolor. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Amnistía Internacional (AI) han reprochado el suceso y demandan que no quede en la impunidad. «Condenamos el asesinato del periodista Roberto Figueroa Bustos, productor y conductor de Acá en El Show en Morelos. Exigimos a la Fiscalía una investigación pronta, objetiva y diligente para garantizar verdad y justicia», declaró AI México. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó en X: «Esta oficina urge a las autoridades a investigar con debida diligencia el crimen, encontrar a los responsables y garantizar que el crimen no quede en la impunidad».

«Condenamos el asesinato del periodista Roberto Figueroa Bustos, productor y conductor de Acá en El Show en Morelos. Exigimos a la Fiscalía una investigación pronta, objetiva y diligente para garantizar verdad y justicia».

AI México

El 27 de abril, alrededor de 50 periodistas mexicanos se manifestaron en protesta por el asesinato de Figueroa. Sus voces también sirvieron como recordatorio de los peligros que enfrentan los periodistas en el país. De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 163 asesinatos de comunicadores en México —151 hombres y 12 mujeres—, en posible relación con su labor. De estos, 43 se registraron durante el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Clara señal de que mecanismos como el sistema de protección a periodistas resulta ineficiente, en buena medida a causa de la falta de recursos y capacitación adecuada para evaluar y responder al riesgo, así como la lentitud burocrática.

Ante la proximidad de las elecciones generales de México, el 2 de junio, Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a todos los candidatos a comprometerse finalmente con medidas concretas para proteger a los profesionales de la información y combatir la impunidad por los crímenes de violencia contra ellos.

Guía legal

El creciente espectro de hostigamiento judicial dirigido a los comunicadores en México, con el fin de coartar su labor informativa, impulsó la creación de la Guía Legal para Personas Periodistas que, entre otros elementos, detalla que la calumnia, la difamación y las injurias son delitos tipificados, mientras que el daño moral está regulado en el ámbito civil.

José Mario Garza, líder de la organización civil Perteneces, destacó la creciente amenaza representada por el uso indebido de la figura del daño moral como herramienta de presión contra comunicadores. «Estamos siendo testigos de una forma de violencia legal. La clase política en México ha encontrado en ella un método para imponer censura sobre los periodistas», enfatizó Garza.

Un caso emblemático mencionado en la Guía es el de Sergio Aguayo, quien enfrentó un litigio de casi seis años debido a una columna publicada en Grupo Reforma sobre el exgobernador priista Humberto Moreira. Aguayo fue inicialmente condenado a pagar una multa de diez millones de pesos, pero finalmente resultó absuelto gracias a una resolución de la Suprema Corte.

¿Estrategia fallida?

En el ocaso de su administración, el presidente López Obrador enfrenta un aluvión de críticas por su estrategia de seguridad «abrazos, no balazos». La promesa de pacificación mediante la atención a las causas sociales de la violencia ha sido cuestionada ante cifras alarmantes. A pesar de que el mandatario asegura una reducción del 25% en homicidios dolosos, el país ha registrado más de 170 mil asesinatos durante su sexenio, superando los números de administraciones previas.

La estrategia, que buscaba diferenciarse de la guerra contra el narcotráfico de sexenios anteriores, ha sido señalada por su aparente ineficacia. Sectores críticos argumentan que, lejos de disminuir, la violencia ha escalado a niveles sin precedentes, con 2019 marcando un récord de mil 629 casos de secuestro, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, los homicidios se han convertido en la principal causa de muerte entre los jóvenes, acorde a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente defiende su política, destacando programas como «Jóvenes Construyendo el Futuro» y la inversión de 110 mil millones de pesos en el mismo. Sin embargo, la realidad es que el sexenio de López Obrador se perfila como el más violento en la historia reciente de México. E4