Incierto el origen, religioso o simple sabiduría popular la idea de que el tiempo premia o castiga según uno se comporte. En lenguaje un tanto soez está la máxima de el que se porta mal se le pudre el tamal. En fin, de alguna manera eso de que se cosecha lo que se siembra sucede en todas las actividades. ¿También en la política? Eso parece, aunque no con todos, ni todo el tiempo. La memoria privada o pública es selectiva y el pasado se aprecia con el cristal no tan transparente e imparcial del presente. Allí está la idea de que la historia la escriben los vencedores que, en estos tiempos del individualismo posesivo, parece tarea de los vendedores.
Un ejemplo reciente ha sido la conmemoración del aniversario del PRI, el partido columna de la política por más de setenta años, que perdió la presidencia de la República, pero mantuvo el control del Congreso donde diluyó el ímpetu transformador de la oposición vuelta Gobierno. Recuperó la presidencia, aunque por los resultados en el registro popular jamás regresará, por más que su dirigencia aplica la tesis de nunca digas nunca. Sin embargo, el desangelado aniversario no sólo tiene que ver con la precariedad de la institución y el poco aprecio en los votantes, también con el afán destructivo y excluyente de quienes le dirigen. No tienen mucho a quien convocar, menos cuando ya se repartieron las candidaturas. El futuro del PRI es su reinvención, desde luego que para ser exitosa debe ser por dirigentes muy distintos de los de ahora; venturoso ejemplo es el de Coahuila.
Como quiera que sea, los hombres de poder siembran afrentas, algunas veces sin advertirlo, por la expectativa de muchos en ellos. Las pretensiones frustradas generan facturas imaginarias e impensables. Un presidente con amplia discrecionalidad —como el actual—, sin un estricto control de los suyos plantea agravios más allá de los afectados —que no son pocos—, por sus desplantes autoritarios e incontenibles expresiones calumniosas.
López Obrador carece de empatía hacia grupos afectados y no sólo eso, cuando tienen una expresión pública adversa o crítica, él replica grosera y majaderamente. La práctica es tan generalizada que ya no se le toma tan en serio, aunque sigue siendo el hombre más poderoso de México y sus expresiones hasta hoy ocasionan graves consecuencias.
No es mala la firmeza de la autoridad. De hecho, es una ventaja; sin embargo, esto significa consistencia y un trato igualitario con los de casa, los afines, los independientes y los adversarios, que para el presidente son enemigos. Es cierto que el buen gobernante carece de amigos, enemigos y hasta parientes. El tema del agravio al presidente es precisamente que no es parejo, además de que en ciertos temas como el de inseguridad o los de salud hay desplantes que rayan en crueldad.
Debe decirse que la gratitud es una prenda escasa. El presidente la procesa en términos políticos y electorales. Él asume que ya no se pertenece en el sentido de que todo lo hace para bien del pueblo, que debe corresponderle con la incondicionalidad de su voto. La premisa propia del clientelismo político, doy lo que no es mío (del erario público) para que me lo regreses a mí y a los míos: el sufragio. No todo se queda en los votantes, también la oligarquía se ha beneficiado de la discrecionalidad presidencial. A muchos de ellos castigó marginalmente con la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco, pero los indemnizó a cuenta de los usuarios del aeropuerto. Los ricos más ricos son más ricos y los pobres más pobres son más pobres.
El presidente dice estar dispuesto a perdonar «dentro de la ley» 8 mil millones de pesos del adeudo al fisco de la empresa Elektra de Ricardo Salinas. Si no los debe, entonces no hay perdón, no hay quita válida. En todo caso, el SAT pretende cobrar esa cantidad sin tener derecho. Si realmente se deben, no puede dar un trato privilegiado y discriminatorio. Pero son cosas muy ajenas al mandatario porque para él lo importante es el poder presidencial no la ley.
Los difíciles días del cierre y más el séptimo año son de ingratitud y reclamo. La mayoría de las veces, cuando vienen de los de casa son interesados; los demás, que tampoco son pocos, producto del ejercicio despótico del poder presidencial.
Sin consecuencias, hasta ahora
El estado de Guerrero vive su peor momento; golpeado por la naturaleza por el huracán Otis en Acapulco el pasado 24 de octubre; peor aún, por el reinado del compadre del presidente, Félix Salgado Macedonio, acusado por violación y una de las figuras políticas más detestables del escenario actual. López Obrador desafía todo sentido de decencia al respaldar, proteger y promover a un personaje de la calidad de Salgado Macedonio. Perdió la candidatura a gobernador por no reportar el gasto de precampaña. Como suele suceder con López Obrador, se indignó contra el INE, lo tomó personal y resolvió que Evelyn gobernara al estado más violento y complejo del país. El mandatario descargó su enojo con los guerrerenses.
Salgado Macedonio para efectos prácticos es quien manda en el Estado y lo hace por voluntad del presidente. Dolorosa lección para el feminismo obradorista. Allí no hay consecuencia por las atrocidades del compadre, tampoco por el mal gobierno. La denuncia pública y de la iglesia católica apunta no sólo a la ausencia de autoridad, sino a la colusión o connivencia de éstas con el crimen organizado.
Si hay un lugar donde se pueda sustanciar un narcoacuerdo político es en Guerrero. Las autoridades federales han sido complacientes. El crimen organizado se impone respecto al tráfico de drogas y en la extorsión generalizada. Todos los negocios son golpeados por el crimen. El transporte público urbano alza su voz sin que las autoridades cumplan su parte. La alarmante situación se agrava por la complacencia del presidente de la República, a pesar del documentado deterioro de las condiciones para que los comicios transcurran en normalidad. Es la ley de la selva.
La agresión en Chilpancingo a tres estudiantes normalistas, uno de ellos arteramente asesinado, Yanqui Kothan Gómez, exhibe el deterioro grave de la situación. El problema adquiere otra dimensión por el intento de las autoridades, no sólo de los policías, de incriminar a las víctimas para eludir la responsabilidad por el homicidio. El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el titular de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, afirmaron que los estudiantes eran delincuentes y que habían disparado a los policías quienes tuvieron que repeler la agresión. Su versión, grosera falsedad, revela la ausencia absoluta de un sentido de justicia y de un elemental compromiso con la verdad. La legalidad ausente; reina la impunidad.
La indignación de los estudiantes se hizo sentir ante el montaje de las autoridades estatales. Al día siguiente el presidente replicó la versión local, pero solicitó que la FGR llevara la investigación, la que en materia de horas acreditó abuso de autoridad y violación de derechos humanos. El presidente tuvo a bien rechazar la versión original avalada por los dos funcionarios: el estudiante había sido asesinado y, más importante, se le sembró el arma; los estudiantes nunca dispararon. La gobernadora Evelyn Salgado tuvo que refrendar la versión del presidente.
¿Qué sucederá con los dos funcionarios que mintieron y encubrieron a los policías asesinos? Deben ser separados de sus cargos y asumir responsabilidad penal por una falta mayor y sumamente grave, más cuando su falta facilitó la fuga del policía asesino. Hasta el momento nada ha pasado. Prevalece la impunidad. La gobernadora tiene responsabilidad política en el asunto y su renuncia debiera estar en la mesa, como ocurrió con sus antecesores Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa o con Rubén Figueroa por Aguas Blancas. No sucederá así porque López Obrador cuida a los suyos, mientras Guerrero se hunde en la peor descomposición conocida. Si el dominio del crimen favorece a su causa en la elección, para él mejor dejar así las cosas. Ganar la elección a toda costa. El compadre ya celebra anticipadamente su reelección como flamante senador.
La presión del presidente a la FGR hizo que se procediera y encarcelara al exprocurador Jesús Murillo Karam a manera de mostrarlo como trofeo ante los padres de los normalistas asesinados en Iguala hace más de 9 años. También se procedió contra militares en un caso que se viene abajo por falta de pruebas, mientras los autores confesos gozan de libertad. Todo un espectáculo de indignante impunidad ratificado por la agresión —un asesinato— a tres estudiantes en Chilpancingo. La justicia penal a modo de las necesidades políticas y discrecionalidad de López Obrador.
