Sistema de justicia machista marca la pauta en la violencia intergénero

Feminicidios y homicidios dolosos se combinan para golpear a la comunidad femenina. Los ataques con ácido son la nueva «modalidad» al alza. Las sentencias exitosas en los casos de Roxana Ruiz y Carmen Sánchez son la excepción a la regla

Objetivo 5 de ODS, lejos de la realidad

Las pírricas victorias legales obtenidas por Roxana Ruiz —absuelta de último minuto tras haber sido condenada a prisión por matar a su violador— y Carmen Sánchez —cuyo exesposo fue sentenciado a 46 años de cárcel por atacarla con ácido— no deben ser tomadas como un triunfo absoluto del movimiento feminista sobre el sistema judicial de México ni mucho menos como un desplazamiento del patriarcado, enraizado por siglos en el país, para hacerle mayor y mejor lugar a las féminas.

Nada de eso. La violencia contra las mujeres sigue presente. Aún están frescos en la memoria colectiva el asesinato, el 9 de febrero de 2020, de Ingrid Escamilla Vargas, una joven de 25 años, desollada y destazada por su esposo; así como la muerte de Debanhi Escobar, desaparecida el 9 de abril en un motel de Nuevo León, y encontrada cinco días después, sin vida, en la cisterna del mismo lugar. Las autoridades alegaron inicialmente un accidente hasta que las evidencias demostraron que se trató de feminicidio.

«Yo estuve a punto de morir. ¿Cómo es que después de abusar sexualmente de ti, te meten a la cárcel por defenderte y luego quieren que pagues una reparación de daños a la familia del tipo que te violó? Eso es injusto, es una barbaridad».

Roxana Ruiz, víctima de violación

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 sumaron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales solo 947 —33.7%— se investigaron como feminicidios, mientras que el resto se consideró homicidio doloso. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en México.

Estas cifras no mejorarán mientras no se fortalezca el sistema de justicia para que los delitos de violencia de género y feminicidios sean investigados y sancionados de manera efectiva, no se cuente con un personal judicial y policial adecuadamente capacitado y no se promueva una educación basada en la igualdad y el respeto hacia las mujeres desde edades tempranas.

«Yo no pedí ser esa mujer fuerte y guerrera: yo solo quería ser una mujer libre. Pero la violencia machista, la violencia institucional, la revictimización social… no me dejaron otro camino más que ser esta mujer que ahora soy. Una mujer que resiste día a día».

 Carmen Sánchez, víctima de ataque con ácido

Se requiere, además, impulsar el acceso equitativo a oportunidades económicas y laborales para ellas, de manera que se reduzcan su vulnerabilidad y dependencia. Esto implica políticas que fomenten la igualdad salarial, la creación de empleos inclusivos y el apoyo a emprendimientos liderados por mujeres. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, el 21 de noviembre de 2019, el Acuerdo por la Igualdad, que refrenda los ideales de la 4T: colocar especial atención a las mujeres, adolescentes y niñas, y erradicar el machismo de todos los estratos sociales. Desde entonces, se avanza a paso de tortuga.

Proceso lento y voluble

La realidad es que, en el caso de agresiones contra las mujeres, la justicia en México —cuando llega— sigue quedando a deber en términos de rapidez y efectividad. Los casos de Roxana Ruiz y Carmen Sánchez son dos buenos ejemplos para demostrarlo.

La primera tuvo que permanecer nueve meses en prisión preventiva antes de que le fuera otorgada la posibilidad de continuar el proceso en libertad. Esta circunstancia adversa se debió en gran medida a que, durante las declaraciones para conformar su expediente, las autoridades a cargo no tomaron en cuenta que ella se defendía de las agresiones de Sinaí Cruz. Tampoco logró que un ginecólogo la examinara para confirmar el ataque y la consecuente violación. «No tuvieron en cuenta la perspectiva de género. No investigaron como deberían ni se apegaron al debido proceso», alegó.

El tiempo que estuvo en prisión la desequilibró física y emocionalmente. En palabras suyas, la cárcel es un lugar «muy hostil y lleno de injusticia, lleno de mujeres inocentes. Yo ahí estaba muy mal psicológicamente y a punto de colapsar. No se lo deseo a nadie».

Para más inri, el fallo emitido el 15 de mayo estuvo muy lejos de lo esperado. La sentenciaron a seis años y dos meses de privación de libertad, además de pagar una multa por 285 mil pesos a la familia del hombre que abusó de ella. «Yo estuve a punto de morir. ¿Cómo es que después de abusar sexualmente de ti, te meten a la cárcel por defenderte y luego quieren que pagues una reparación de daños a la familia del tipo que te violó? Eso es injusto, es una barbaridad», comentó tras la sentencia.

Ese pudo ser el final de la historia para Roxana Ruiz, si la marcha convocada por varias organizaciones de mujeres en la capital del país, de mano con la presión de otros colectivos sociales y los medios de comunicación no hubiesen forzado a la Fiscalía de Estado de México cambiar su dictamen y revirtió la condena el 23 de mayo.

Sin embargo, los dos años que tardó en llegar la justicia para la joven oaxaqueña, no se compara con los casi diez que demoró en el caso de Carmen Sánchez. Fue el 20 de febrero de 2014 cuando su expareja, Efrén García Ramírez, la atacó con ácido en el Estado de México, mientras ella vivía refugiada en casa de su madre. El líquido le cayó en parte del rostro, cuello, tórax, pechos, brazos y piernas. «Si no vas a estar conmigo, jamás volverás a estar con nadie más. Muérete. Te lo advertí» fueron las palabras que le profirió García Ramírez mientras el ácido la consumía.

Carmen Sánchez ha tenido que ser sometida a 65 operaciones para intentar recomponer a medias el daño físico que sufrió. Estas operaciones no fueron respaldadas por el Estado porque el sector de salud público en México las cataloga como cirugías no funcionales o reconstructivas, es decir, que su objetivo es meramente estético. Por lo tanto, el sistema de salud público se enfoca únicamente en preservar la vida de las víctimas mediante procedimientos quirúrgicos destinados a remover el corrosivo y prevenir su avance hacia áreas críticas como la laringe, faringe o los ojos, pero desestima los procedimientos que posibilitarían la reintegración de estas personas a su vida anterior.

No obstante, más daño que el ácido le hizo la indiferencia mostrada por los órganos encargados de impartir justicia. Aun antes de sufrir este tipo de agresión química, Sánchez ya había denunciado en varias ocasiones a su expareja por comportamiento violento. De los gritos y amenazas, alega, García Ramírez pasó en 2013 al ataque físico con un picahielos y la hirió en el estómago y el vaso. A pesar de ello, ninguna dependencia intervino a su favor. «Llegué a denunciarlo en tres ocasiones. Pero acudía a las autoridades y solo me daban unos folletos, o una cita de seguimiento en tres meses. En ese tiempo a mí ya me podían seguir amenazando o incluso matar. (…) Siempre me decían que mis denuncias eran solo de hechos y no conllevaban un proceso judicial. Aunque acudía a ellas, yo fui desprotegida por las instituciones», comenta Sánchez.

Transcurrieron siete años desde el ataque con ácido para que su expareja fuera detenida y todavía otros dos para que se emitiera la sentencia de condena: 46 años y ocho meses de prisión. «Mi agresor estuvo libre siete años. Y dos en espera de sentencia ¿Tú imaginas saber que te lo puedes encontrar en la calle y que esta vez te puede llegar a matar?», cuestiona Sánchez. El dictamen a todas luces resulta tardío, y aunque está acorde a la gravedad del delito cometido, no incluye medidas de compensación, de rehabilitación, de no repetición, de restitución del daño y afectaciones causadas.

«Ahora soy la mujer que le arrancó un pedazo de justicia al Estado mexicano y que les dice a las demás que nunca nadie les diga que no vale la pena luchar, porque aquí está el claro ejemplo de que sí», afirma Sánchez.

La lucha continúa

Ni el fallo a favor de Roxana Ruiz, ni la sentencia en contra del agresor de Carmen Sánchez ponen punto final al problema de la violencia contra las mujeres en México. Ni siquiera, en el caso de Ruiz, concluye su calvario personal. La familia de Sinaí Cruz, el agresor de la joven, rechazó su liberación y el 26 de mayo presentó una apelación. «Libertad, libertad para que vuelva a asesinar» y «no es una heroína, es una asesina» fueron algunas de sus exclamaciones.

Sus criterios encuentran fundamento en el inusual comportamiento de Ruiz tras matar a su violador. Según un comunicado del Poder Judicial del Estado de México, «después de los hechos, ella permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas» y le realizó otras cinco heridas de 4 a 32 centímetros al cadáver. «¿Cómo crees que alguien que se defiende cercena a sangre fría a su víctima, conserva el cuerpo todo el día y luego lo quiere tirar como si fuera cualquier cosa? (…). Eso, por donde lo quieran ver, no es legítima defensa», alegan los familiares.

Mientras se espera por el resultado de esta apelación, Ruiz dice temer por su vida y por la de sus familias pues ha recibido múltiples amenazas en redes sociales y mediante llamadas telefónicas donde le aseguran que atentarán contra su integridad física. «Temo por mi vida, la de mi hijo, mi familia, mis compañeras, el abogado que me representa… Su entorno incita al odio hacia mí, a que haya venganza», comenta.

Por su parte, Carmen Sánchez no se quedó de brazos cruzados luego que su expareja fuera enviada a prisión. En 2021 creó la fundación que lleva su nombre — de la mano de la activista Ximena Canseco— para defender los derechos de las mujeres atacadas en México con ácido y otras sustancias corrosivas, un tipo de violencia que va peligrosamente en aumento.

La ONG británica Acid Survivors Trust International registra, en promedio, más de mil 500 ataques con ácido cada año alrededor del mundo. De estos, cerca del 80% son contra mujeres. En el caso de México, según datos de la propia fundación organizada por Sánchez, tan solo en 2022 se contaron 105 agresiones de este tipo, pero apenas 28 víctimas se atrevieron a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. ¿La razón?: las mujeres no creen en el apoyo de las autoridades ni el sistema de justicia, y para demostrarlo cita un ejemplo: de acuerdo con el actual Código Penal, usar ácido para alterar una moneda metálica se castiga con hasta 12 años de cárcel en México, pero un ataque que deje una cicatriz permanente en el rostro se penaliza con un máximo de seis años de prisión.

«El interés (de los agresores) es acabar con la imagen de la mujer y aislarla, porque el 90% de los ataques van al rostro. Con eso, en realidad acaban con nuestras vidas, nos vemos sumidas entre hospitales, alejadas de la sociedad, incluso desempleadas. No somos una simple cicatriz en la cara, llevamos en nuestros rostros la huella de la violencia», explica Sánchez.

Sobran razones para seguir en pie de lucha. Las vejaciones contra las mujeres no cesan, tampoco los feminicidios. El 30 de mayo murió Guadalupe, de 30 años de edad, después de ser incendiada viva por su pareja en la comunidad de Llano Largo, en el municipio de Tonalá, Chiapas. La agresión tuvo lugar el 27 del mismo mes, por lo que la víctima sufrió durante tres días las consecuencias de las quemaduras, antes de fallecer.

Acorde a las declaraciones de testigos, su atacante fue Guillermo, de 29 años de edad, concubino de Guadalupe, que en medio de una discusión la roció con gasolina y le prendió fuego antes de escapar. La organización 50+1 condenó el crimen y exigió un alto a la violencia. «Desde Chiapas nos unimos a la voz de activistas como María Elena Ríos, quien hace unos días presentó la “Ley Malena” para visibilizar, tipificar y sancionar la violencia ácida a nivel federal», escribieron en un comunicado. E4

Víctimas mujeres de homicidios dolosos en México

Año	Cantidad
2015	1,734
2016	2,187
2017	2,535
2018	2,759
2019	2,875
2020	2,800
2021	2,749
2022	2,807

Entidades con más homicidios dolosos de mujeres (2022)

Año	Cantidad
Guanajuato	413
Baja California	276
Estado de México	269
Michoacán	232

Entidades con más feminicidios (2022)

Estado de México	138
Nuevo León	102
Ciudad de México	73
Veracruz	68

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Objetivo 5 de ODS, lejos de la realidad

La igualdad de género representa el número cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas (UN) y aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos pues cada vez más niñas tienen acceso a la educación, se han reducido los casos de matrimonios precoces y se observa un incremento en la presencia de mujeres en parlamentos y cargos de liderazgo, todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzarlo.

En este sentido, UN hizo un listado de datos destacables que demuestran la prevalencia de leyes, normas y prácticas sociales discriminatorias que obstaculizan el avance hacia la igualdad de género.

A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF).

En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica.

Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia.

Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23.7% aún está lejos de la paridad.

Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica.

A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13%.

Las mujeres en el norte de África acceden a menos de uno de cada cinco empleos remunerados en el sector no agrícola. E4