Sistema judicial, entre la reforma necesaria y el equilibrio de poderes

La cifra es de espanto: en México el 95% de los delitos jamás se castiga. La iniciativa para reestructurar el sistema judicial tiene pros y contras. Los jueces protestan; la ciudadanía aguarda, el Congreso delibera

Libertad a feminicidas, en medio de la tempestad, desata protestas

El sistema de justicia en México atraviesa una crisis profunda y sostenida que demanda una reforma judicial urgente e integral. Con una eficacia que no supera el 5% en la resolución de delitos, la realidad es que el país se encuentra atrapado en un ciclo de impunidad que afecta gravemente a sus ciudadanos. Esta ineficacia revela un mecanismo incapaz de cumplir con su función más básica: la protección y el acceso a la justicia para todos.

«El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

En su columna «Autosabotaje» (Reforma, 24.08.24), Jorge Volpi, argumenta al respecto: «Como muchos otros analistas que han buceado en los datos, no me he cansado de denunciar que, al menos en materia penal, en México la justicia no existe. Somos un Estado fallido incapaz de proteger a sus ciudadanos: nuestro modelo está jurídicamente mal diseñado, sus incipientes mejoras —como el sistema penal acusatorio— han sido mal implementadas, la corrupción sigue instalada en todos sus niveles, la intromisión de la política y del crimen es sistemática, su profesionalismo es mínimo y aquellos que tienen poder —o dinero— siempre se salen con la suya. Y ello en un país con cientos de miles de muertes violentas, desapariciones, violaciones y secuestros».

«Somos un Estado fallido incapaz de proteger a sus ciudadanos: nuestro modelo está jurídicamente mal diseñado, sus incipientes mejoras —como el sistema penal acusatorio— han sido mal implementadas, la corrupción sigue instalada en todos sus niveles, la intromisión de la política y del crimen es sistemática, su profesionalismo es mínimo y aquellos que tienen poder —o dinero— siempre se salen con la suya».

Jorge Volpi, periodista

El problema, en efecto, no radica únicamente en las fallas operativas del sistema. La corrupción, la politización y la influencia del crimen organizado han pervertido las instituciones encargadas de impartir justicia, desde los ministerios públicos hasta los jueces. A pesar de la implementación de reformas como el sistema penal acusatorio, su diseño ha sido erróneo, y las mejoras necesarias para fortalecer el Estado de derecho se han quedado en promesas incumplidas. La militarización de la seguridad pública y la expansión de la prisión preventiva oficiosa, impulsadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, han sido pasos en la dirección equivocada, erosionando aún más los derechos humanos y exacerbando la crisis del sistema de justicia.

Se trata, en palabras de Volpi, de «dos grandes traiciones» a la agenda del actual Gobierno. «Durante seis años, la 4T tuvo todas las posibilidades —y la legitimidad— para emprender esta urgente tarea, una de sus mayores promesas de campaña, en un país desangrado y sin acceso a la verdad. En vez de siquiera intentarlo, López Obrador tuvo otras prioridades, entre las que incluyó, de manera significativa, la militarización obsesiva de la seguridad pública y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa: dos grandes traiciones a la agenda progresista y dos elementos que han hecho aún más violatorio de los derechos humanos nuestro mermado sistema de justicia», anota el periodista.

En este contexto, la propuesta reciente de reformar el Poder Judicial mediante la elección popular de los jueces no solo es insuficiente, sino que podría agravar la situación. Esta medida amenaza con politizar aún más el sistema judicial, debilitando la independencia de los jueces y socavando la confianza pública en la imparcialidad de la justicia. Los críticos advierten que, en lugar de solucionar los problemas estructurales, esta reforma podría abrir la puerta a un control excesivo del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, replicando errores históricos que han debilitado las democracias en otras regiones del mundo.

El autor de Una novela criminal anticipa el fiasco de la propuesta de López Obrador porque «se apresta a cumplir su último capricho a sabiendas de la crisis política que le heredará a su sucesora: una reforma que, centrada en la elección por voto popular de los juzgadores, no solo no mejora en nada el sistema —no ayudará en nada a acabar con la impunidad— sino que creará un sinfín de problemas y conflictos adicionales, mermará todavía más la integridad e independencia de los jueces —y su profesionalismo— y a un costo elevadísimo».

La necesidad de una reforma judicial en México es indiscutible, pero debe ser una que aborde de raíz las deficiencias del sistema: la falta de recursos y capacitación para los fiscales, la corrupción endémica, la protección insuficiente para testigos y víctimas, y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cualquier reforma que no enfrente estos desafíos con seriedad está destinada al fracaso, perpetuando un estado de impunidad que deja a las víctimas sin justicia y a los perpetradores sin castigo.

Presume músculo

El paro del Poder Judicial en México es un claro indicio de las tensiones y desafíos que enfrenta el sistema judicial en el país. La reforma propuesta por el Gobierno es considerada una amenaza a su independencia y condiciones laborales por parte de los trabajadores y funcionarios judiciales, quienes decidieron demostrar su fuerza con un cese de actividades en múltiples estados del país. Este movimiento, activo desde el 19 de agosto, contó con la participación inicial de personal sindicalizado que se opone a la eliminación de 13 fideicomisos que suman 15 mil millones de pesos.

Poco tiempo después, en un hecho sin precedentes, jueces y magistrados federales se unieron al paro, ampliando su alcance y visibilidad. La inclusión de estos altos funcionarios subraya la gravedad de la situación y la profunda preocupación dentro del sistema judicial sobre las implicaciones de la reforma. El movimiento ha generado un bloqueo significativo en el acceso a la justicia, afectando a miles de ciudadanos que dependen de sus servicios. Aunque se han implementado guardias escalonadas para atender casos urgentes, la suspensión de actividades ha creado un ambiente de incertidumbre y preocupación sobre el futuro de la justicia en México.

El Gobierno de López Obrador ha respondido con fuertes medidas, incluyendo la amenaza de despidos y la suspensión de salarios para aquellos que participen en la protesta. A pesar de estas acciones, el paro se ha mantenido, con manifestaciones y plantones extendiéndose incluso al Congreso.

Otra vuelta de tuerca

En un reciente avance legislativo, los diputados de Morena, en colaboración con el PT y el PVEM, han presentado cien modificaciones significativas a la reforma judicial del presidente López Obrador, reforzando y endureciendo su propuesta. Entre los ajustes más destacados, se incluye la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025, la elección de su presidencia por el candidato con más votos y la implementación de una «tómbola» para la selección de aspirantes en caso de múltiples candidatos.

También se mantiene la elección directa de jueces, magistrados y ministros, se introduce un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y sancionar a jueces, y se propone reducir el número de ministros en la Corte de 11 a 9, así como acortar sus mandatos de 15 a 12 años. Se realizarán dos elecciones para renovar todos los cargos del Poder Judicial, comenzando con una en junio de 2025, y los presidentes de la Corte y del Tribunal Electoral serán seleccionados por votos y rotarán cada dos años.

Además, los magistrados electorales actuales permanecerán en sus cargos hasta 2027. El proceso de elección comenzará con la entrada en vigor del decreto y se iniciará con una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Reto para Sheinbaum

El presidente López Obrador ha señalado repetidamente que el Poder Judicial en México está plagado de corrupción y falta de transparencia. En sus palabras, «el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar». Esta afirmación subraya la percepción de que el sistema actual no sirve a la justicia.

Sin embargo, la implantación de la reforma conlleva retos importantes para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comenzando por la necesidad de garantizar la independencia judicial mientras se combate la corrupción que corroe las estructuras del poder. La propuesta de López Obrador de implementar la elección popular de los jueces ha sido vista por algunos como un intento de democratizar el acceso a la justicia, devolviendo al pueblo la capacidad de decidir quiénes deben ser los encargados de impartir justicia, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la posible politización del Poder Judicial, lo que podría comprometer la imparcialidad de los jueces​.

Sheinbaum tendrá que equilibrar estas dos fuerzas opuestas: la necesidad de una justicia más cercana al pueblo y el imperativo de mantener la independencia judicial. En este sentido, su desafío no es menor: deberá implementar mecanismos que aseguren la transparencia en la selección y el desempeño de los magistrados, al mismo tiempo que se fortalece la capacidad investigativa y persecutoria de los ministerios públicos y fiscales. La creación de organismos autónomos y de controles internos efectivos será clave para garantizar que la reforma no se quede en un mero cambio de caras.

Además, la presidenta electa deberá enfrentarse a una realidad donde la impunidad y los derechos humanos vulnerados son parte del día a día. Es esta visión la que debe guiar la reforma: un sistema judicial accesible, justo e independiente que proteja los derechos de todos los mexicanos.

Por si no bastara…

En medio del polémico contexto, el presidente López Obrador anunció una «pausa» en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Esta decisión surge tras las críticas de ambos países a la Reforma Judicial. «Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo (…) Ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron», explicó el mandatario, quien también enfatizó que dicha medida no afecta las relaciones con los Gobiernos, sino únicamente con las embajadas, y exigió respeto a la soberanía de México. La pausa refleja tensiones crecientes y, en primera instancia, plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación trilateral en América del Norte. E4

La ruta propuesta por el Gobierno

• Habrá dos elecciones para renovar los cargos judiciales:
• 1. En junio de 2025, para la Corte (con nueve ministros en lugar de 11), la mitad de los mil 700 jueces y magistrados federales, dos vacantes en la Sala Superior del TEPJF y todas las salas regionales de ese tribunal.
• 2. En 2027, para los puestos restantes, en la misma fecha de la elección federal.
• Los ministros ya no elegirán a su presidente. Se asignará la presidencia de la Corte al que tenga más votos en la elección, rotando cada dos años al siguiente con más sufragios.
• Los cargos de jueces y magistrados que a renovar en 2025 serán los que estén vacantes. El resto los determinará el Senado por insaculación (sorteo).
• Se crea un Comité de Evaluación para valorar a los candidatos que aspiren a los puestos judiciales.

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Libertad a feminicidas, en medio de la tempestad, desata protestas

El fallo judicial que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández y Rubén Loaeza de los cargos de intento de feminicidio desataron una ola de indignación y cuestionamientos sobre la eficacia y la integridad del Poder Judicial en México. Este caso, que involucra el brutal ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, pone en evidencia las profundas fallas y la corrupción que persisten en el sistema judicial.

En septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido en Huajuapan de León, Oaxaca. La Fiscalía de Oaxaca identificó a cinco hombres implicados en el intento de feminicidio, entre ellos, Juan Antonio Vera Carrizal, un empresario y exdiputado del PRI, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández. Otros dos presuntos implicados, Rubicel Hernández y Rubén Loaeza, fueron señalados como los autores materiales del ataque tras haber cobrado 30 mil pesos por cometerlo.

«Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad».

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Desde el inicio, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades. Vera Carrizal, quien se entregó voluntariamente en 2020 tras una intensa presión mediática, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada. Sin embargo, el 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a los demás acusados, argumentando que la representación social no logró destruir la presunción de inocencia.

Gana presión social

La decisión del juez fue duramente criticada por diversas figuras públicas y organizaciones de derechos humanos. La víctima, María Elena Ríos, expresó su indignación en redes sociales, calificando al juez de corrupto y denunciando la impunidad que prevalece en casos de violencia contra las mujeres.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también criticó el dictamen. «Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad», escribió en la red X. Por su parte, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, calificó la resolución como una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y prometió tomar acciones jurídicas para contravenir la decisión.

Finalmente, fue la jueza sustituta de Circuito de Oaxaca, María Antonia Esteva Domínguez, quien echó abajo esa absolución. «Queda sin efecto boleta de libertad que fue ordenada a favor de los imputados», se especificó en el oficio PJEO/CJO/TAT/8650/2024a. En paralelo, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, titular del Poder Judicial del estado de Oaxaca, solicitó la investigación del juez José Gabriel Montaño por posibles actos de corrupción. «Ordeno a la Visitaduría General de la institución la apertura de una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra del juez en materia Penal del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, José Gabriel Ramírez Montaño, por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas».

A pesar de la anulación del fallo inicial, el caso es un triste recordatorio de las deficiencias del sistema judicial mexicano. El intento de absolución de los presuntos feminicidas no solo representa una burla a la justicia, sino que también envía un mensaje de impunidad que puede desalentar a otras víctimas de violencia a denunciar sus casos. E4