Llaman post-debate a la serie de opiniones, comentarios, análisis y discusiones que en cascada y durante varios días se producen a través de todos los medios y redes sociales imaginables, con la participación de los más diversos personajes, apenas concluye el debate entre candidatos, particularmente cuando se trata de aspirantes a la Presidencia de la República.
El debate del domingo 7 de abril no fue la excepción. Casi siempre la verdadera y más interesante discusión es la que se suscita precisamente en el post-debate y no en el enfrentamiento verbal (en ocasiones hasta teatral) que protagonizan los propios candidatos. Lo anterior en razón de que el debate oficial, es decir, el organizado por la autoridad electoral, está sujeto a no pocas reglas y limitaciones, férreamente restrictivas —y no sólo en cuanto a tiempos— que hacen que el debate resulte acartonado, rígido, y por ello mismo hasta tedioso. De hecho, deriva en lo que pudiera llamarse una mera yuxtaposición de monólogos, y no un debate.
Por lo general, el llamado post-debate gira en torno a qué candidato ganó el debate. De hecho, a los pocos minutos de que éste ha concluido, empiezan a circular los resultados de encuestas levantadas (o supuestamente levantadas) al efecto, que informan acerca del ganador. Se trata en realidad de mera propaganda.
¿Cómo saber quién realmente gana un debate entre candidatos presidenciales y qué bases objetivas hay para determinarlo? Desde luego que resulta triunfador quien como consecuencia de su intervención en dicho acto aumenta en uno o más puntos a su favor en la intención del voto del electorado, lo cual a su vez se mide en sucesivas encuestas de preferencia electoral: una inmediatamente antes y otra inmediatamente después del debate. Pero resulta que este tipo de ejercicios demoscópicos, no sólo en México sino en el mundo (según lo demuestran casos recientes como el de Argentina, Turquía, y otros), en general no están en su mejor y más prestigioso momento.
Sin embargo, contra lo que muchos opinan, es la intervención brillante de alguno de los candidatos participantes, por la claridad de su exposición, su elocuencia, su buena argumentación y las frases afortunadas que emplee, desde luego que sí le puede agregar puntos en la intención de voto a su favor.
Un caso claro de lo anterior es el de Diego Fernández de Cevallos, por su excelente desempeño en aquel memorable debate que el 12 de mayo de 1994 sostuvo con Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Debe haber tenido lugar las elecciones unos días después, Diego habría arrasado en los comicios. Pero como faltaban exactamente 100 días (pues las elecciones ese año fueron el 21 de agosto), hubo tiempo suficiente para poner en práctica una marrullera estrategia para eliminar los efectos desfavorables al oficialismo producidos por aquel debate pionero.
En ocasiones, la no presencia de algún candidato en un debate tiene también sus efectos. Claro ejemplo de este caso es el de López Obrador en el proceso electoral de 2006, cuando por soberbia éste no aceptó participar en el primer debate presidencial de ese año, para no exponerse, porque sentía que con la ventaja de entre 10 y 12 puntos que decía traer, consideró innecesaria su participación. Craso error, porque fue justo después de aquel primer debate cuando empezó su debacle. Quienes han estudiado esa elección de 2006 consideran que la no participación de López Obrador aquella ocasión le significó la pérdida de entre 4 y 6 puntos. Y ahí empezó el tobogán que lo llevó a perder esa elección.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece (art. 218), que los debates sólo son obligatorios entre los candidatos a la Presidencia de la República, que de acuerdo con el «Reglamento de Elecciones del INE» (art. 307.3) serán en el número que apruebe el consejo general del propio INE. Para esta ocasión aprobó que sean tres, obligatorios como se ha dicho. El primero fue el domingo 7 y los otros dos el 28 de abril y el 19 de mayo. Veremos qué sucede en los dos que faltan, que seguramente por la cercanía de la fecha de la elección, provocarán mayor interés entre el electorado, de manera tal que para el resultado bien pueden ser determinantes.
Juan Antonio García Villa
Torreón, 1945. Ha sido diputado local, senador y diputado federal en tres ocasiones, por el Partido Acción Nacional. En 1999, fue candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PAN-PRD- PVEM-PT, pero fue derrotado por el priista Enrique Martínez y Martínez. De 2003 a 2004, fue subsecretario de la Secretaría de Economía. En 2004, intentó se nuevamente candidato a gobernador de Coahuila, pero fue derrotado en la elección interna del PAN por Jorge Zermeño Infante. De 2006 a 2008, fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Entre otros medios, ha escrito para El Financiero, El Sol de México y Espacio 4.