En Coahuila estamos empezando la segunda mitad del gobierno que le tocó encabezar a Miguel Ángel Riquelme en que los sabores del pasado se han ido diluyendo pero que todavía quedan rescoldos.
El primer año transcurrió, como se dice, a tientas, —no es lo mismo manejar un carro compacto que un tráiler—. Llegó al puesto empujado por una conveniencia del PRI y un soporte para la administración Pública que dejaba Rubén Moreira de un sexenio en el que caminó en medio de exigencias que le ajustaban a su provecho.
Así lo reveló el ambiente político prevaleciente en ese entonces, pues dentro de la ciudadanía imperaba una repulsa al partido en el poder, por una administración carente de pulcritud que produjo un distanciamiento en la gobernanza afectando a grupos sociales y cuya impunidad prevalece hasta nuestros días.
Pero no solo la última administración tuvo el sello de manejar el dinero fiscal en forma por demás discrecional, sino que tomó como enseñanza las líneas fraternales que lo antecedieron, quienes como miembros de una monarquía instituida por ellos mismos, acumularon una deuda descomunal que ya pisando el 2021 no ha podido disminuir por los intereses bancarios derivados del préstamo que ya rebasa los cuarenta mil millones de pesos, mismos que habrán de pasar todavía muchos años para que sean liquidados y que dejen de representar cargas difíciles de soportar y poder dedicar esos montos para poder solventar las necesidades.
Durante la lectura del tercer informe el gobernador dio a entender que en su gobierno no hubo la necesidad de impedir la intervención de agentes exógenos que le impusieran opiniones como una forma de gobernar al Estado ya que siempre se mostró respeto a su manera de llevar las cosas del gobierno, sin embargo considero que fue totalmente innecesario haberlo dicho, al contrario su mención dio lugar a pensar que sí pudo haber intromisiones que reflejaron puntos de vista que pudieron cambiar las intenciones de su gobierno, ya que se puede pensar que con el solo hecho de conservar a la mayoría de miembros del gabinete legal del sexenio pasado, se privilegió una línea de actuación muy definida por lo que es natural que siguieran trabajando en forma inercial.
La segunda y última mitad del gobierno riquelmista será una oportunidad para reforzar su estructura administrativa y política, pues la bancada que representará su partido en el Congreso Federal deberá contribuir, junto con los diputados de los demás estados del país, a minimizar la presencia de los legisladores de Morena, y al mismo tiempo afianzar su salida del Gobierno del Estado, no sin antes proclamar a quien lo sustituirá como ejecutivo estatal, que de seguro por estos días tiene su candidato in péctore y que por medio de su parido lo dará a conocer en su momento apropiado.
Hace tres años, cuando llegó a Palacio de Gobierno se encontró con la mesa no del todo bien servida, y con esfuerzos ha ido vistiéndola para dejarla en forma ordenada para el siguiente inquilino y salir por la puerta de enfrente con el deber cumplido de conducir al Estado por caminos más seguros de progreso como los que ha caminado hasta ahora.
El informe que pronunció a los coahuilenses se percibió bien estructurado, pues su narración constituyó una secuencia de hechos que fueron conformando una vía congruente, en la que fue basando su trabajo para que diera resultados que solucionaran los problemas actuando limpiamente, dejando atrás el ejemplo de posiciones absolutistas y la tolerancia de acciones de allegados que actuaron con medro personal en perjuicio del erario y que hasta la fecha sus actos siguen impunes.
¿Cómo van las líneas de acción relativas al Programa Estatal de Desarrollo?, pues al principio del sexenio se hizo hincapié en que se cumpliera como lo marca el documento.
Esperemos que ésta mitad de trabajo que le falta para concluir la presente administración estatal, la lleve por vías que constituyan un avance en todos los renglones del quehacer del Estado.
Se lo digo en serio.
