Resulta inútil exigirle a nuestro obeso sistema de procuración e impartición de justicia precisamente eso, justicia, en un país donde predomina la impunidad.
Y es que nuestra justicia «pronta y expedita» se encuentra entrampada en aparatos burocráticos muy corruptos, donde rige de manera fatal el aforismo de Kafka: «El verdadero camino de la justicia va por una cuerda que no ha sido tendida en lo alto, sino apenas sobre el suelo. Parece destinada más a hacer tropezar que a que se camine por ella».
Así lo reconoce el propio presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, quien ha declarado que el Poder Judicial de la Federación (PJF) es un enfermo grave, donde existen juzgadores corruptos que no merecen estar en ese poder porque tienen nexos con el crimen organizado, algo de todos conocido, pero nunca revelado por un ministro de la Corte.
Al ras del suelo se encuentran nuestros leguleyos, tanto los que procuran como los que imparten justicia, y ambas instancias son la principal fuente de impunidad en este país. Y es que aquí no hay jueces parecidos a los de Berlín, aquellos que elogió Federico «El Grande» cuando recibió de ellos una orden judicial acotando su poder. Tampoco tenemos a magistrados como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, leyendas que ofrendaron su vida al acorralar a la mafia siciliana. Tampoco a un Baltasar Garzón en guerra constante contra genocidas, terroristas, banqueros y políticos corruptos, y menos aún tenemos a esos fiscales y jueces que en el Perú han encarcelado a tres expresidentes por el caso Odebrecht y que provocaron el suicidio de otro exmandatario cuando ya le esperaba la cárcel.
En cambio tenemos que este país es el paraíso de la impunidad gracias a jueces, fiscales y leyes a modo diseñadas por el poder legislativo. No olvide usted que el que hace la ley hace la trampa. Por eso México es el país más impune de América donde 9 de cada 10 homicidios se quedan sin castigar.
Aquí es famosa la «puerta giratoria» bien aceitada de las prisiones de donde salen todos aquellos delincuentes que pueden pagar la impunidad. El caso más emblemático es el de Elba Esther Gordillo, cuyo expediente de corruptelas se «perdió» en la Fiscalía General de la República, y ella no solo está libre, sino que le han devuelto sus bienes, le otorgaron un amparo para no pagar deudas fiscales y le han autorizado un partido político pagado con nuestros impuestos. Y eso que se estaba muriendo.
Y así por el estilo van hacia la impunidad los casos Lozoya, Ancira, Javier Duarte, César Duarte, Sandoval, Deschamps, Collado, Robles y todos los involucrados en la Estafa Maestra, los casos, Oceanografía, Odebrecht, OHL, Panama Papers, Braskem, Fertinal, Agronitrogenados, Casa Blanca, Línea 12, Bansefi, megadeuda, Infonavit y Ficrea.
Y aunque no hay patrones idénticos de corrupción existe la coincidencia del enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo del poder y la maldita impunidad. A un simple juez del PJF en Torreón, Luis Jerezano, se le detectaron decenas de millones sin justificar. Vea usted el lujo insultante de nuestros magistrados locales. Placas de bronce que indican el estacionamiento de sus Audi, Mercedes y BMW. Bronce para sus carros, oro para sus bolsillos.
¿Y nuestro fiscal anticorrupción? Omiso y cobrando sin resolver. Eso también es corrupción.
