Países europeos marcan la pauta en la regularización de contenidos digitales; fake news, publicidad online individualizada y patrones oscuros: los primeros objetivos de la DSA
Europa refuerza su ofensiva contra las fake news, las campañas de odio en internet y las amenazas cibernéticas, con la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Si bien la primera propuesta de este conjunto de normas que pretende regular las obligaciones y responsabilidades de las empresas de servicios virtuales data del año 2020, se espera que su puesta en práctica —con una serie de agregados y modificaciones— tenga lugar en 2024.
La nueva ley se basa en un principio fundamental: lo que es ilegal en el mundo físico, también lo es en el mundo digital. Para hacer respetar esta normativa, la DSA hará responsables a las compañías de divulgación de contenido virtual de lo que se publica en ellas, y las obligará a ser más transparentes en cuanto a sus algoritmos. Asimismo, prohibirá la publicidad online individualizada basada en aspectos como religión, orientación sexual u origen étnico. Los menores tampoco podrán ser objeto de publicidad dirigida. Se pondrá fin a los llamados “patrones oscuros” —tácticas de diseño web que intentan engañar a los usuarios para llevarlos a activar determinadas acciones— y se facilitará el proceso de cancelación a las suscripciones de cualquier servicio. Los usuarios contarán con mayor control sobre los datos que comparten con las plataformas, y se mantendrán protegidos, incluso fuera de la Unión Europea. Si alguno de los gigantes de internet incumple con las normas establecidas, puede afrontar sanciones de hasta un 6% de su facturación mundial.
«Se trata de la legislación de medios sociales más ambiciosa que ha habido en el mundo. Yo he trabajado en Facebook y sé que esta legislación mejorará muchísimo estos servicios, sin frenar la libertad de expresión».
Frances Haugen, exempleada de Facebook
Frances Haugen, exempleada de Facebook y fervorosa crítica de la compañía de Mark Zuckerberg, compareció el 18 de mayo ante el Parlamento Europeo (PE), donde apoyó la nueva ley: «Se trata de la legislación de medios sociales más ambiciosa que ha habido en el mundo. Yo he trabajado en Facebook y sé que esta legislación mejorará muchísimo estos servicios, sin frenar la libertad de expresión», expresó frente al Comité de Protección del Consumidor del Mercado Interior del PE.
Mientras Europa avanza a pasos agigantados en la regulación de las plataformas digitales, Estados Unidos se mantiene más cauto. En ese sentido, la Casa Blanca sólo ha intentado —sin éxito— reformar la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que actualmente exime de responsabilidad sobre las publicaciones de sus usuarios a empresas como Facebook, Twitter y Google, al considerarlas plataformas y no editores de contenidos. La moción fue presentada por primera vez durante la Administración del presidente Donald Trump y sigue sin hallar el apoyo necesario.
Palos de ciego
Lo más cercano que México ha implementado para combatir las fake news en internet fue la plataforma Verificado.mx, en 2018, previo a las elecciones presidenciales. Se trató de una iniciativa organizada por 60 medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y universidades, que se dedicaron a revisar la información que circulaba en redes sociales y otros sitios web, con el objetivo de evitar que la sociedad tomara decisiones erróneas en las urnas a partir de la publicación de contenido falso y/o tendencioso.
Periodistas y especialistas en políticas públicas examinaron estadísticas, frases de candidatos, artículos de opinión y críticas. Cuando una nota que circulaba por medios digitales contaba con la constancia de su comprobación, la difundían bajo el sello de «Verificado 2018».
Se trató de un proyecto orientado a un objetivo muy específico, de escaso alcance, y apenas duró cuatro meses. El 9 de julio de 2018, justo ocho días después de cumplidos los sufragios presidenciales, el equipo de trabajo se despidió con su última publicación.
Un proyecto mucho más ambicioso se manejó en 2021, luego que Twitter, Facebook, Instagram y YouTube cancelaran o suspendieran las cuentas de Trump por incitar a sus simpatizantes durante el asalto contra el Capitolio, el 6 de enero de ese año.
Bajo el presupuesto de defender la libertad de expresión y evitar que empresas privadas contaran con el privilegio de silenciar la voz de sus usuarios, el senador Ricardo Monreal Ávila hizo eco de las preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador —quien se había pronunciado en contra de la medida adoptada por los emporios tecnológicos— y anunció en febrero de ese año que había preparado un proyecto de ley, que erigía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como árbitro y regulador de las redes sociales en México.
«Los estándares de protección de los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas», explicó el legislador, quien además comparó su iniciativa con la que ya venía desarrollándose en Europa.
El símil fue rápidamente refutado por la presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel), Irene Levy: «No existe tal cosa en la UE. […] Mientras que para los europeos la protección de datos y la protección contra la manipulación por parte de noticias falsas, bots y campañas de odio, están en primer plano, el borrador de Monreal se centra en la cuestión de quién decide el bloqueo de cuentas».
La organización Artículo 19 también hizo evidente su preocupación en el estudio «La regulación de las redes sociales como mecanismo de control», donde desglosa cinco puntos que atentan contra la puesta en marcha de la propuesta del senador morenista.
Existe un profundo desconocimiento sobre el rol del Estado como regulador de servicios en internet y sobre sus implicaciones en la libertad de expresión e información en línea.
Omite incorporar los principios y estándares para garantizar el ejercicio de los derechos humanos a través del uso de tecnologías de la información.
Se ha legislado con deficiencias conceptuales en términos de la naturaleza de internet y su funcionamiento.
Persisten los mensajes contradictorios en cuanto al respeto y apuesta del IFT como órgano autónomo.
La colonización gubernamental de internet busca romper con su potencial democratizador y en el ejercicio de derechos.
«Percibimos preocupante la inconsistencia en sus declaraciones [de Monreal] y las motivaciones que están detrás de su propuesta legislativa, aparentemente centrada en regular qué contenidos pueden o no pueden circular en las plataformas de redes sociales en México. Sobre todo por el desconocimiento que ha demostrado tener sobre el rol del Estado —en general— y del Poder Legislativo —en lo particular— en el ejercicio de la libertad de expresión en internet», publicó el organismo.
El 29 de junio de 2021, el IFT aprobó los lineamientos sobre neutralidad en la red, donde especifica que garantizará «la libre elección de los usuarios para acceder a los contenidos, aplicaciones y servicios disponibles en internet, evitando con ello una fragmentación del internet (acceso a sólo ciertos contenidos, aplicaciones o servicios), por lo que los proveedores no podrán limitar, degradar, restringir, discriminar, obstruir, interferir, filtrar o bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios a los usuarios finales, salvo en situaciones indispensables (por ejemplo, cuando existan riesgos para la red, los usuarios o sus comunicaciones, entre otros) y esto sólo podrá hacerse de manera temporal». E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.