La actual administración pública estatal se encuentra a un 19% de su extinción cuyo inicio fue forzado al penetrar en una atmósfera nebulosa, por una parte la derivación de una inseguridad en el trasiego oficial y, por la otra, al operar una economía que consumía casi todo el presupuesto que generó pocas obras propias, además de una presión del anterior Ejecutivo imponiendo a casi todo el gabinete que lo acompañó en su periodo y que no hubo más remedio que empezar el nuevo Gobierno a trabajar con directrices no propias, al mismo tiempo de soportar una carga onerosa que no permitía desplazar proyectos, pues la falta de dinero impedía crear una infraestructura con el sello de la nueva administración.
En el sexenio anterior, con una Auditoría Superior del Estado a modo como ente fiscalizador no dio señales de vida, ya que, si hubo resultados, quedaban en la opacidad, pues solamente dependencias menores, por llamarles de alguna manera, eran revisadas, y si había inconsistencias solo se concretaban a comunicarles a la oficina revisada, pues la corrección las llevaban a cabo los mismo auditores quienes en días inhábiles se encargaban de enmendar, con el fin de dar la apariencia de que se trabajaba en forma honesta y transparente.
Ha sido muy claro la existencia de funcionarios que han pasado de un estilo de vida medio a otro donde abunda la buena vida y sin embargo todo ha quedado en agua de borrajas, ya que no hace falta investigar pues, si no se ve la mano que roba, busca la mano que gasta.
Hace algunas semanas se publicó que siguen emergiendo de la oscuridad evidencias de desviaciones de ejercicios anteriores de alcaldes y de algunos entes estatales, cuyos documentos analizados detectaron la rapacidad de funcionarios que han quedado con las manos manchadas y que esperemos, en los casos que se demuestre, que su deshonestidad sea castigada dando vista a las instancias jurisdiccionales.
La Auditoría Superior debe enfocar sus líneas de vigilancia con mayor dimensión a instancias estatales, ya que el radio de acción es mayor y por lo tanto un amplio campo susceptible para la corrupción.
Las revisiones a dependencias estatales no han permeado a la sociedad civil que está sumamente lastimada por la serie de deshonestidades que nos ha llevado a crecer en forma menguada por los efectos que dieron origen al desmantelamiento de la economía de Coahuila, y que hasta la fecha no se han aclarado y, por lo tanto, castigado.
Al nuevo auditor le heredarán un expediente cuya revisión del pasivo tan monstruoso y su utilización ahoga a Coahuila, pues si el activo fue para la construcción de obras públicas nunca se ha informado cuáles fueron esas obras, quiénes fueron los constructores y quiénes los proveedores. Recordemos que los presupuestos de egresos contemplan montos precisamente para la edificación de obras de infraestructura y de atención social, por lo que se pondría en duda la solicitud de los créditos que se dice forman parte de la deuda bancaria.
Siguen pasando las administraciones y ni finiquitamos la deuda ni sabemos en qué se gastaron los créditos concedidos que fueron avalados por diputados que conformaron una camarilla del Poder Legislativo, órgano que se supone debe ser de frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, y que a pesar de ello siguen trepados en diferentes puestos gozando de un estatus preferencial sin ocultar la cara cayendo en un cinismo y sin importarles que sean calificados como unos tipos abyectos.
Ahora es tiempo de empezar a preparar los libros blancos y poder entregar la casa limpia, pues el próximo ejecutivo estatal debe encontrar un Gobierno listo para crecer mayormente sin intromisiones, pues ya es necesario tener una divisa propia sin tintes del pasado.
Se lo digo en serio.
