El reto más importante para los mexicanos durante el año 2022 será sin duda la vacunación contra el COVID-19 con el mantenimiento, incluso con el reforzamiento de las medidas de prevención, para evitar que la cuarta ola cobre más vidas y que no se repita un nuevo colapso de las actividades productivas y por consecuencia de la economía nacional que ya está amenazada por la inflación y las tasas de interés.
En el proceso de vacunación estarán involucrados el gobierno y los ciudadanos, para lograr que más personas se apliquen las dosis y que quienes ya cuentan con un cuadro doble puedan repetir la inoculación que permita menores hospitalizaciones y en consecuencia decesos.
Hasta el momento y de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal, se aplicaron dos vacunas contra el virus a 50 millones de mexicanos, es decir que aún la mitad de los pobladores del país no tendrían al menos una vacuna para evitar los contagios.
Las estadísticas destacan que 47 millones de personas en nuestro país aún no se vacunan y que los riesgos de nuevas olas con variantes del virus colocan a los ciudadanos en riesgo, incluso para aquellos que ya fueron vacunados.
Las razones del faltante se concentran en la limitada cantidad de dosis disponibles y en campañas que no son suficientes para convocar y responder a la demanda que surge en los diversos segmentos poblacionales establecidos por las autoridades federales.
Ya pasó un año desde que se aplicaron las primeras dosis de las marcas Cansino, Astrazeneca y Pfizer en general, procesos altamente cuestionables para muchos ciudadanos, porque la logística no fue la mejor y generó inconformidad y desconfianza para una buena parte de la población.
El nuevo reto será además consolidar las buenas experiencias con logísticas aceptables en tiempo y forma para inocular nuevamente a 50 millones de mexicanos que requieren como otras vacunas, recibir una nueva dosis antes de que se llegue el plazo máximo de inmunidad, que es de un año en cada marca, de acuerdo con la información de las propias farmacéuticas.
Por lógica común y en un ejercicio de aprendizaje positivo, autoridades y ciudadanos, deberán demostrar que los procesos tienen que ser mejores y evitar los problemas que se registraron el año pasado: largas filas, respeto a citas y convocatoria por abecedario y suficientes dosis para todos.
Para el gobierno federal hay varias soluciones que aminorarían el costo, incluso político, de los errores y deficiencias en el proceso de vacunación, para evitar más molestias y rencores electorales en la aplicación de las dosis.
Primero, que sea el sector salud el que organice y administre las vacunas en coordinación con el sector privado médico del país; sacar a la secretaria del bienestar para evitar más politización y la dulce tentación de adoctrinamiento ideológico; abrir a los gobiernos estatales, municipales y empresas la compra y administración de las dosis, todo ello es sólo cumplir con el ofrecimiento presidencial de liberar permisos de Cofepris.
Se antoja difícil que el gobierno federal suelte el proceso o por lo menos lo libere parcialmente bajo las premisas antes propuestas, por ello complicado pensar que no se repetirán los problemas del año pasado y que se agudicen ante el hartazgo de los ciudadanos que sigan batallando e incluso sufriendo para ser vacunados.
La importancia de la vacunación es muy grande y si los gobernantes federales no lo perciben así, en medio de una cuarta ola ahora provocada por la nueva variante, el sistema de salud nuevamente estará en riesgo de colapsar y ser rebasado por una demanda mayor y un enojo ciudadano superior que podría trasladar la molestia, seguramente a las urnas electorales.
