El país, los estados y los municipios dilapidan cantidades ingentes de dinero de los contribuyentes al abandonar obras por decisión de autoridades caprichosas. Cancelar proyectos útiles y necesarios en quítame allá esas pajas refleja el talante autoritario de los hombres del poder. Las motivaciones, por lo regular, son políticas: borrar la huella del predecesor para implantar la propia como si el tiempo no fuera a desaparecerla también de manera indefectible. «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Lo razonable sería conservar y dar continuidad a lo bien hecho sin importar fobias ni siglas partidistas. Un ejemplo es el periférico Luis Echeverría, obra de un gobernador visionario como Óscar Flores Tapia. Sin ella, el tránsito en Saltillo sería más caótico de lo que ahora es.
Dos sexenios después, el Gobierno de Eliseo Mendoza construyó el primer paso elevado sobre el periférico de acuerdo con el sentido natural (oriente-poniente). Resistir las presiones políticas, mediáticas y de los grupos de interés para que el proyecto corriera de norte a sur fue lo más sensato. Pues de lo contrario habría generado un conflicto en el bulevar Venustiano Carranza, donde no existía. Las administraciones sucesivas, en particular la de Humberto Moreira, convirtieron la vialidad en el principal circuito de Saltillo. Sin embargo, la falta de presupuesto —derivada de la megadeuda— ha impedido desarrollar ampliaciones e incorporar nuevas rutas para desfogar el tránsito al menos en los más sectores críticos.
Dinamitar literalmente obras en funcionamiento resulta todavía más disparatado. Tal cosa ocurrió con el Distribuidor Vial Revolución (DVR) de Torreón, inaugurado a bombo y platillo por el gobernador Enrique Martínez y el alcalde Guillermo Anaya el 12 de marzo de 2007. La inversión por 140 millones de pesos provino del Impuesto Sobre Nóminas. Un par de accidentes en uno de los pasos sobre nivel, un poco de presión y mucho celo político llevaron a la destrucción de la obra más importante realizada en la metrópoli lagunera. De acuerdo con un peritaje de la Universidad Autónoma de México (UNAM), corregir el trazo hubiera bastado para subsanar el problema.
Sin embargo, Humberto Moreira decidió otra cosa. Tiró el DVR y lo sustituyó por una caricatura. El distribuidor original, más el costo de la demolición y la construcción de uno nuevo dispararon el gasto por encima de 400 millones de pesos. El Metrobús Laguna ejemplifica el abandono de una obra «altamente prioritaria» para la cual se presupuestaron alrededor de 2 mil 800 millones de pesos. El gobernador Rubén Moreira dio el banderazo en 2016 con la promesa de que el sistema de transporte entre Torreón y Matamoros se entregaría antes de concluir la administración del presidente Peña Nieto. Siete años después, los trabajos siguen detenidos. El deterioro de la infraestructura sin uso refleja el paso del tiempo y la incuria de Gobiernos sucesivos.
En contraste con los planes fallidos e inconclusos, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en operación la primera etapa del proyecto federal de mayor calado social en Coahuila y Durango, gobernados por el PRI: el Programa Agua Saludable para La Laguna. El sistema implica una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, de los cuales ya se han ejercido 7 mil. Un millón 600 mil habitantes de nueve municipios han empezado a recibir agua de calidad después de haberla consumido durante décadas con altas concentraciones de arsénico. El tiempo transcurrido entre el inicio del programa y su terminación, en marzo próximo, habrá sido de tres años. Los hechos hablan por sí solos. Lo demás es politiquería.
Derecho a la movilidad
Las ciudades se han rendido al automóvil y las sociedades pagan los costos de esta apuesta suicida. Los Gobiernos invierten en distribuidores, calzadas y bulevares, pero no en obras para proteger a la gente de los autos. La falta de acciones y políticas para desincentivar el uso de vehículos y estimular otras formas de movilidad exacerban el conflicto. En el tramo más saturado del bulevar Venustiano Carranza solo existen dos puentes peatonales. Cruzar de una acera a otra es tanto como jugarse la vida. En Mérida, una de las capitales con mejor calidad de vida, de acuerdo con diferentes estudios, y la número uno del país según el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (El Universal, 11.0.523), existen reductores de velocidad incluso en avenidas de alto flujo vehicular.
El Instituto, cuyo nombre honra la memoria del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1946-48) y ganador de la Medalla Belisario Domínguez en 1986, fundamenta su clasificación en cinco factores de bienestar: el físico, el social, el emocional y el material, así como en los relacionados con el desarrollo y las actividades. «Con base en esos criterios se evalúa cada aspecto de las ciudades para dar un resultado confiable para las personas que buscan mudarse», dice en su nota Zaira Gómez. Las cinco ciudades mejor calificadas, después de Mérida, son: San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México y Chihuahua. Saltillo aparece en séptimo lugar, después de Guadalajara.
El análisis del Zubirán merece atención, pues toma en cuenta valores de amplio alcance —no solo se trata de vivir en ciudades prósperas y seguras— como «la salud física de la persona, su estado fisiológico, sus relaciones sociales, su nivel de independencia y la relación de su entorno», especificados por la Organización Mundial de la Salud. En Saltillo existe una epidemia de suicidios, que las autoridades prefieren ignorar, asociada con la angustia, la ira y las emociones destructivas. Asimismo se han disparado las muertes en accidentes de tránsito causados por el alcohol y el exceso de velocidad. En este caso se ha optado por los topes en vez de aplicar la ley. Las fotomultas eran una buena alternativa, pero se cancelaron. Preferible perder vidas que votos.
En este contexto resulta plausible la empresa que el exrector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alejando Dávila Flores, se ha echado a cuestas: rescatar la ciclovía (abandonada desde hace ya varias administraciones) bajo un título sugestivo de «El Boyatón», desarrollado en jornadas comunitarias. Huelga decir que Dávila es un amante del invento del alemán Karl Freiherr von Drais: la bicicleta, que este año cumple la tierna edad de 207 primaveras. Justo en 1817, cuando el mundo conoció este vehículo de dos ruedas, Elisabeth West publicó por primera vez sus memorias en Estados Unidos. Para la escocesa, «El progreso se tendría que haber detenido cuando el hombre inventó la bicicleta».
Mientras la mayoría de los saltillenses y las autoridades descansaban y celebraban la Navidad y el año nuevo, y los medios de comunicación contabilizaban muertos, Dávila reunía fondos para comprar e instalar boyas metálicas y revivir la ciclovía. En el esfuerzo lo acompañan amigos y simpatizantes. Hombre orquesta en este empeño, un día sí y otro también, Dávila informa al detalle el avance del Boyatón y el origen y destino de los recursos, algo que no ofrecen los Gobiernos, los partidos ni las universidades. El mentís a quienes piensan que el carril para ciclistas es ocioso lo brinda en una sección cuyo nombre es retador y sugestivo: «¿Nadie usa la ciclovía?». En ella hablan los usuarios… y la ciudad con ella.
