El PRI tiene, en su etapa más crítica, a sus peores líderes, y vaya que los ha tenido infames. La iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública surtió el efecto no causado por las denuncias de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales y lavado de dinero contra el presidente de ese partido, Alejandro Moreno. Violar la moratoria legislativa puso en jaque a la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) y en riesgo las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, pues sin alianza difícilmente podrían evitar el triunfo de Morena en ambas entidades. Separados tampoco tendrían posibilidades de ganar la presidencia en 2024, tal como sucedió hace cuatro años.
Los días de Moreno y su alter ego Rubén Moreira en la jefatura partidista están contados, incluso los del PRI, pues perder los estados que actualmente gobiernan Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo significaría la extinción del partido fundado por Calles en 1929. El tándem ha perdido 10 gubernaturas desde que se hizo con el control de las siglas. La alianza con el PAN le dio oxígeno al PRI en las elecciones intermedias, pero sin ella quedaría a la deriva. El mensaje para los ciudadanos es tremendo aun cuando la coalición, con la renuncia de Moreno a la presidencia y la separación de Moreira como operador electoral, pudiera rescatarse.
Sin embargo, el PRI apoyó hasta el final la propuesta para mantener al Ejército en las calles en los próximos siete años. Más que por congruencia —ratificar su apoyo a la política de seguridad del expresidente Peña Nieto— o interés nacional, lo hace por la menos noble de las intenciones: salvar a Moreno y a Moreira de actos de la Fiscalía General de la República derivados de irregularidades en sus gestiones como gobernadores de Campeche y Coahuila. La idea de que la impunidad se compraría esta vez con votos en la Cámara de Diputados, en favor de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha adquirido carta de ciudadanía.
En los comicios de 2021 se hizo creer a los electores que la coalición Va por México subordinaría el interés de los partidos a los del país y acotaría el poder del presidente. Para lograrlo, el PRI, PAN y PRD tendrían que haber ganado la mayoría absoluta en la Cámara Baja, pero no lo consiguieron a pesar de que hoy tienen más diputados. Después vino la moratoria legislativa para dejar de analizar, discutir y votar iniciativas de reforma constitucional. Para el analista Rogelio Muñiz Toledo, colaborador de Aristegui Noticias, el recurso de las oposiciones «No se presentó ni cuando se esperaba ni cuando hubiera sido útil (…) para el equilibrio de poderes y el funcionamiento de los contrapesos y el control del poder en la república».
La iniciativa de De la Torre, aprobada por los diputados del PRI junto con los de Morena, PT y Verde, violó el acuerdo. La rebelión ha surgido del grupo parlamentario del PRI en el Senado. La condición para tratar de restablecer la coalición opositora es la renuncia de Moreno. Para el gobernador de Querétaro, Mauricio González (PAN), «no es posible ni deseable continuar con esa alianza» después de que la dirigencia del PRI faltó a su palabra. El daño, empero, ya está hecho. Si a la pérdida de confianza se suma la reticencia ciudadana a Va por México y los pobres resultados del frente en las urnas, la consecuencia será, sobreviva o no, una mayor disminución de votos para las oposiciones en los comicios de 2023 y 2024.
