La gran expectativa que se despertó a raíz del cambio de directiva sindical sigue presente entre la base. Los temas contenidos en los compromisos siguen vigentes, como necesidades y demandas insoslayables
Gustavo García
Pasados siete meses de que la nueva dirigencia sindical asumió las riendas de la Sección 38 del SNTE, una pregunta es pertinente: ¿Se han cumplido los 10 compromisos que firmó Isela Licerio Luévano, en representación de la entonces planilla «Aliados por el Rescate de la Sección 38», convertida ahora en Comité Ejecutivo Seccional?
A menos que hubiera evidencias, resultados concretos, públicos o de notorio e incuestionable conocimiento entre la comunidad magisterial que indicaran que sí, la respuesta, sin ambages, es: no, no se han cumplido.
En el lenguaje de moda, con sentido proactivo, digamos que esos 10 compromisos siguen siendo diez áreas de oportunidad, 10 retos para toda la directiva sindical, no sólo para la secretaria general, porque si bien ella es la representante que coordina y encabeza un esfuerzo colectivo, la responsabilidad es de todos los que integran el órgano colegiado denominado Comité Ejecutivo Seccional.
No voy a referir cada uno de ellos porque son conocidos, pero para quien desee recordarlos, aquí se incluye una tabla que los contiene, sin embargo, citaré literalmente algunos y en general me referiré a los demás por bloques temáticos.
Antecedentes
No obstante que la construcción de un perfil demócrata y transformador requiere de una larga y sólida trayectoria que dé cuenta de su confiabilidad y consistencia, quienes integran ahora la Directiva Seccional, durante un corto tiempo previo a la elección sindical enarbolaron banderas de cambio. Habiendo sido, la mayoría, cercanos colaboradores de Carlos Moreira durante varios períodos, dijeron estar distanciados de él y aseguraron tener las características para ser los impulsores del cambio. Al menos su discurso y sus propuestas fueron en ese sentido.
Para inspirar confianza, la planilla «Aliados por el Rescate de la Sección 38» dio un paso más, su representante, Isela Licerio, firmó los aludidos 10 compromisos, entre ellos el de «Ejercer con dignidad la representación sindical y salvaguardar la independencia y autonomía de la Sección 38, evitando toda subordinación al Gobierno o a partidos políticos como el PRI, el PAN, Morena o cualquier otro, así como a exdirigentes y facciones sindicales que pretendan seguir lucrando política y económicamente con el SNTE». Ni una ni otra cosa se han cumplido.
Análisis
Cierto es que no ha habido comunicados formales donde ex profeso se llame a los agremiados a emitir su voto por tal o cual candidato, pero sí ha habido actividades donde, subrepticia o abierta y públicamente, ha quedado de manifiesto la evidente proclividad de la secretaria general y los integrantes de la dirigencia seccional a apoyar a candidatos de partidos políticos. Si bien es cierto que individualmente y en lo particular es su derecho a hacerlo, las circunstancias y eventos en los que lo han hecho, y su deliberada difusión pública, propician que la percepción social vincule a la dirigencia, y a la organización sindical por consecuencia, con determinadas entidades políticas y sus candidatos.
Qué decir de la última parte del compromiso citado, pues es absolutamente evidente que sigue vigente la relación con personas y funcionarios del anterior grupo político, prueba de ello es la ratificación como director del Fondo de la Vivienda (FOVI) de Rubén Delgadillo, exsecretario general de la Sección, impuesto entonces por Carlos Moreira y protegido por él en los años de su cacicazgo. Es tan recurrente su presencia y exposición pública en diversos eventos sindicales, que da lugar a que voces magisteriales señalen una injerencia mayor en diversos asuntos sindicales distintos a su competencia.
Respecto a la no subordinación al Gobierno, más allá de una relación diplomática, válida entre la autoridad y la representación sindical, hay signos que serían indicios, por lo menos, de un acuerdo para no incomodar al gobernador con reclamos o exigencias para que atienda las demandas del magisterio, en especial las que requieren al Gobierno del Estado el pago de su multimillonaria deuda con los fondos de Pensiones y Servicio Médico, o las que le requieren resultados de las investigaciones «realizadas» en torno a las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado, relativas a los delitos que ocasionaron un daño de más de mil 300 millones de pesos a las instituciones magisteriales de seguridad social. No, ni siquiera con el pétalo de una declaración se ha querido incomodar al Ejecutivo estatal, por el contrario, con el gobernador que tanto ha dañado al magisterio se convive con «un gusto enorme», se le envía «un agradecimiento infinito» o se le justifica en entrevistas, diciendo que este Gobierno «no tiene adeudos al Servicio Médico», o que en la Dirección de Pensiones «hay un buen manejo», y que el adeudo a esa institución «no quiere decir que sea de este Gobierno». Pero los números registrados en los estados financieros no mienten: la deuda global acumulada del Gobierno del estado a Dipetre y Servicio Médico es de más de 4 mil millones de pesos, y en lo que va de la administración de Miguel Riquelme, se ha dejado de aportar a Pensiones más de mil millones de pesos.
Otro de los compromisos se refiere a «desarticular relaciones comerciales y el tráfico de influencias de funcionarios o dirigentes sindicales que privilegien intereses de corporaciones médicas particulares y otras empresas…». Que se sepa, nada se ha hecho al respecto. Es de conocimiento público que beneficiarios de esas relaciones comerciales, por vía de contratos de subrogación de servicios médicos, son familiares del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda. Al respecto, hay que insistir en algo que ya he dicho en otro momento: no es probable que esos contratos estén fuera de la legalidad. Lo cuestionable es la moralidad, el marco ético del asunto y, sobre todo, su incidencia en la presunta intención de provocar el deliberado deterioro de la infraestructura y equipamiento de las clínicas magisteriales, cuyo mejoramiento tendría que pasar por lo que hoy se ha dejado de hacer: invertir en la restauración de sus instalaciones y equipos para brindar ahí la mayor parte de los servicios, y no tener que erogar grandes cantidades por su subrogación. El punto aquí es si la dirigencia seccional prefiere optar por cuidar su relación con el dirigente nacional y proteger los intereses de aquel o velar por los derechos de los agremiados y el patrimonio de la institución.
Ninguna noticia se tiene sobre «realizar auditorías durante los primeros seis meses de gestión, con despachos externos y de reconocido prestigio profesional a los salones, casas, centros recreativos, Fondo de Ahorro, y a la Secretaría de Finanzas de la misma Sección 38». El mensaje para anteriores dirigentes y administradores parece ser: pueden dormir tranquilos.
Nada se sabe sobre acción alguna para gestionar con firmeza que el Gobierno cumpla con su obligación de prestar atención médica inmediata, integral, completa y de calidad en todas y cada una de las clínicas del Magisterio. Los derechohabientes tenemos que seguir gestionando y presionando judicial o mediáticamente el servicio, y cuando alguien recurre a un método más drástico, como una huelga de hambre, desde la dirigencia sindical se intenta desactivarla, en lugar de solidarizarse con la reclamación.
Las justificaciones: es que el cambio será lento, poco a poco; es que los «malos» siguen adentro; es que no se ha tomado posesión del Instituto de Servicio Médico, es que no se ha accedido a los altos puestos de mando. Pues hay noticias, que no se entienden o no se quieren aceptar: en tanto entidad pública paraestatal y organismo público descentralizado que siempre ha sido, la administración de la institución corresponde al Gobierno (otra cosa es que, por conveniencia política, durante décadas se haya permitido a las dirigencias sindicales su manejo discrecional, como parcela o coto de poder concedido a cambio de subordinación al grupo en el poder). Pero si bien la obligación es del Gobierno, la responsabilidad de exigirle que cumpla con ella es de la dirigencia sindical, y para cumplir con esa responsabilidad el margen de gestión y de acción es muy amplio, pero se requiere decisión, firmeza, valor y voluntad para defender los derechos de los representados, como lo marca el artículo 10 del estatuto del SNTE, en su fracción primera:
«El sindicato tiene como objeto social y fines: Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros».
En ese sentido es el planteamiento del compromiso alusivo a la atención médica, y en ese tenor se espera que se cumpla. Parafraseando el eslogan de una campaña publicitaria, la base magisterial pregunta a la dirigencia sindical: ¿Tienen el valor de cumplir, o les vale?
Vinculado con el tema referido en el citado artículo del estatuto, nada se ha hecho en un rubro tan sencillo y elemental, contenido en otro de los compromisos: promover, en los primeros seis meses, la democracia participativa mediante la organización de foros regionales y estatales para recoger las propuestas y demandas de las y los sindicalizados en temas laborales, salariales y de prestaciones sociales, profesionales, culturales, etcétera.
Por otra parte, no se ha cubierto el pago oportuno, completo y actualizado de las Pólizas del Seguro y Retiro. El monto de las pocas que se han cubierto sigue siendo incompleto y sin actualizar, tal como lo hacía la anterior administración del Seguro del Maestro, con la complacencia de la dirigencia sindical.
No hay evidencia alguna de que se esté atendiendo el compromiso para dar solución a la grave problemática que prevalece en el tema de cuentas Individuales, cuyos recursos —dice la propia Dipetre— «no son de su propiedad ni son patrimonio de la institución, sino de los trabajadores», pero de esas cuentas se siguen tomando millones de pesos «para financiar el pago de las pensiones en curso», para proteger al Gobierno del estado que no paga sus adeudos.
En fin, la gran expectativa que se despertó a raíz del cambio de directiva sindical sigue presente entre la base. Los temas contenidos en los compromisos siguen vigentes, como necesidades y demandas insoslayables.
Por esa razón, el pasado 22 de marzo, varios agremiados a la Sección 38, junto con integrantes del movimiento pro defensa de seguridad social, nos entrevistamos con la secretaria general y dos miembros del Comité Seccional que la acompañaron. Durante la reunión, en dos ocasiones reiteramos el ofrecimiento de colaborar con el Comité Seccional, le propusimos trabajar coordinadamente, formar equipos para delinear un plan de seguimiento a los temas y diseñar acciones y estrategias en pro de las soluciones. Seguimos a la espera de una respuesta…
Durante años hemos mantenido una lucha por la defensa de nuestros derechos humanos y sociales, debido a la omisión de quien debería asumir esa responsabilidad: la dirigencia sindical, a la que además tuvimos que enfrentar en su doble papel de cómplice de la autoridad y capataz de los trabajadores. No obstante librar desventajosas batallas, con la dignidad, el valor, la perseverancia y la razón jurídica de nuestro lado, junto a compañeras y compañeros universitarios, hemos hecho posibles trascendentales e históricos logros.
Seguiremos en esa ruta. De buena fe, de frente, pero con claridad, decisión y énfasis nos empeñamos en que la dirigencia sindical haga suyas las necesidades de todas y todos en cuanto a seguridad social y que asuma la defensa que corresponde. Ojalá y así sea. Si no, por difícil que resulte, la misma necesidad nos ha enseñado a navegar solos y a librar los escollos que nos han puesto el Gobierno y la misma dirigencia en el pasado. Lo seguiremos haciendo, así sea remando a contracorriente.
