En el año de 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narco estaba en su apogeo, el país bañado en sangre y las cárceles colmadas de maleantes, por medio del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la presidencia privatizó ocho cárceles, entre ellas una de Coahuila, el objetivo era impedir la sobrepoblación de reos federales en prisiones estatales.
El panorama era grave, de los 44 mil 991 presos por delitos federales en ese momento, casi 82% se encontraba en prisiones a cargo de los estados, el incremento de reos se tradujo en gran presión para todo el sistema penitenciario nacional, de ahí que la participación del capital privado se vio como una urgente solución.
La administración panista mandó construir ocho penales público-privados, con un costo de 4 mil millones de pesos cada uno para asumir la custodia de todos los reclusos federales. Seis empresas ganaron las licitaciones, entre ellas ICA, Homex y Tradeco (Expansión). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar en un periodo de 20 años a las empresas.
En la conferencia de prensa del día 14 de enero, el presidente de la República informó que los contratos eran un verdadero caos de corrupción que los convirtieron en algo insustentable; advirtió que en los contratos firmados con la IP el Estado mexicano perdía sumas multimillonarias.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la 4T investigará cómo se hicieron los negocios con la IP al amparo del poder público, la funcionaria sostuvo que tan solo en el 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos a los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114 mil 588 pesos, y en promedio al día, un poco más de 3 mil pesos, casi como estar en un hotel de buena comodidad; el erario nacional sufrió una afectación de 15 mil 563 millones de pesos tan sólo en el año pasado, en ocho entidades donde están estas cárceles.
En nueve años de implementación, el gobierno de México sólo ha pagado el 36% de la deuda contratada, lo que equivale a 75 mil 662 millones de pesos. Es decir, existe un monto de adeudo de 190 mil 639 millones de pesos.
El presidente indicó que en las revisiones realizadas se encontró que de los cientos de miles de millones que se han pagado, sólo seis empresas acapararon ese capital. Exi Quantiums S.A. de C.V. tiene contrato con Sonora y Guanajuato; GIA S.A. de C.V. firmó en el estado de Oaxaca; Dip. Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria S.A. de C.V. tiene trato con Durango; Capital Inbursa S.A. de C.V. cerró trato con Chiapas y Morelos; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. firmó con Michoacán; y Black Rock S.A. de C.V. también firmó con Guanajuato.
La prisión de Coahuila se ubica en Mesillas, municipio de Ramos Arizpe y es operada por la empresa Black Rock, S. A. de C. V. En ella mil 746 reos cumplen condena y el costo por la manutención de cada reo es de 108 mil pesos al mes (SSPC), no se midió la Black Rock.
Se puede decir que la privatización de los Centros de Readaptación Social no necesariamente es mala, lo reprobable es la discrecionalidad y opacidad del proceso, ya que la mayoría de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa o sin concurso público de por medio, el esquema levanta dudas porque aparentemente las licitaciones pudieron ser amañadas.
Además, preocupa que las empresas privadas realmente mantengan el cumplimiento de los derechos humanos de los reclusos y el trato en materia de aislamiento, el cual se ha recrudecido con la pandemia. En el caso del Cefereso de mesillas la pregunta es, cómo pueden las familias visitar a los convictos, se sabe muy poco del funcionamiento interno de esa cárcel.
Conviene recordar que al cerrar el penal de las Islas Marías se reubicaron más de 525 convictos de mediana peligrosidad en el Cefereso 18 en Coahuila, el hecho es extraño estando aún sin terminar ese centro penitenciario (según los informes de diversos organismos públicos y de prensa).
Lo importante es que la caja de pandora se abrió y que la corrupción será barrida para ahorrar recursos económicos y llegar hasta una reforma del sistema penitenciario del que se sabe está al servicio de las mafias del poder económico y no de una verdadera readaptación de las personas privadas de la libertad.
La última información revelada por el presidente de México fue que los cuñados del expresidente Salinas de Gortari son beneficiarios de los contratos con penales privados que cuestan al gobierno mexicano 16 mil millones de pesos al año.
La crisis del progreso
En diciembre de 2020, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) publicó un informe sobre el nuevo índice experimental que propone una nueva visión del progreso humano combinando el combate a la desigualdad y la pobreza con la urgente necesidad de aliviar la presión que ejerce la humanidad sobre el planeta ya que vivimos un tiempo sin precedentes en la historia humana.
El programa expone que los desequilibrios planetarios -que son peligrosos para todas las formas de vida- y los desequilibrios sociales se agravan mutuamente y el contexto de fragmentación social dificulta la acción colectiva en todos los ámbitos, desde la pandemia de Covid-19 hasta el cambio climático.
Desde hace tiempo se han encendido luces de alarma para las sociedades y el mundo, la pandemia del Covid-19 es la consecuencia más reciente y aterradora de esos desequilibrios generalizados, en los que la interacción entre los seres humanos la fauna y la flora silvestres están provocando cada vez con mayor frecuencia el surgimiento de patógenos desconocidos, esa interacción ha aumentado en intensidad provocando una presión elevada en los ecosistemas y el surgimiento y propagación de virus mortales, el coronavirus no será el último de no haber modificaciones radicales en nuestra relación con el planeta.
La pérdida de biodiversidad es acelerada, inundaciones e incendios que han provocado devastaciones inmensas, los expertos creen que estamos al borde de una extinción masiva de especies, la primera causada por el ser humano, esa es la nueva normalidad que está en vías de crecimiento, dejamos atrás la era del holoceno que comenzó hace aproximadamente 12 mil años cuando aparecieron los seres humanos y entramos al Antropoceno en la que la humanidad es la fuerza dominante de la que depende el futuro del planeta.
La incógnita es ¿qué haremos?, ¿cuál es el rumbo que nos marca el poscoronavirus, si es que lo hay? Buscar formas de aliviar la destrucción del planeta o volver a la normalidad anterior al 2020.
No hay que darle muchas vueltas, nuestros valores e instituciones nos han llevado a la destrucción de la única casa que tenemos, los desequilibrios son producto de la rigidez de nuestros modos de vida, el consumismo desenfrenado, el confort, el individualismo exacerbado, muy poca gente es consciente de los grandes problemas que tenemos enfrente.
Pensar en el desarrollo sustentable con una visión crítica, en beneficio del planeta y de las personas, en particular las formas en las que se distribuye y ejerce el poder, hasta ahora está fuera de mira.
Hoy, el desarrollo económico supone enfrentar a las personas con la naturaleza, porque el medio ambiente ha sido infravalorado sistemáticamente y se ha maximizado la importancia del crecimiento económico, que ciertamente es importante porque es crucial elevar los niveles de vida de las personas que viven en pobreza, pero ahora se considera el desarrollo humano como contrapunto de las visiones miopes del desarrollo.
Dos dimensiones trascendentales del desarrollo humano son: la capacidad de actuar, de participar en la toma de decisiones y de que cada persona pueda decidir por sí misma, prestando una atención especial a nuestras interacciones con la naturaleza, a nuestra gestión del planeta (PNUD).
La pandemia de 2020-2021 ha sido un duro golpe para el mundo y puede haber sumido a unos 10 millones de personas en la pobreza extrema, un retroceso enorme registrado para esta generación.
Es sorprendente la superficialidad con la que algunas élites económicas y políticas hablan de nueva normalidad, son opiniones que en realidad reflejan una ignorancia que deja ver la falta de conciencia de lo que se nos viene encima.
La supervivencia nos induce a movilizarnos, a luchar, a buscar a otros que también buscan, aprenden y luchan; la normalidad globalizante no sirve, quedó atrás, pero lo nuevo aún no nace y lo viejo aún no muere.
Rosa Esther Beltrán
Licenciada en sociología por la UANE, Saltillo. Ha cursado estudios de Maestría en sociología, con especialidad en ciencia política, UNAM. Posee varios diplomados, entre los que destacan Análisis Político, en la UIA; El debate nacional, en UANL; Formación de educadores para la democracia, en el IFE; Psicología de género y procuración de justicia. Colabora en Espacio 4, Vanguardia y en otros medios de comunicación.