Intereses partidarios y empresariales intentan convertir la defensa ciudadana del INE en una cruzada electoral contra Morena. Mientras la oposición canta victoria por la asistencia masiva y acusa «provocación» del Gobierno por mantas de García Luna, el presidente sube la apuesta: «nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo»
En la arena política mexicana, el zócalo capitalino es acaso la plaza más preciada; un símbolo de conquistas electorales y celebraciones patrias, pero también de asedio al poder.
De ahí que la oposición se haya apuntado una victoria por haberlo llenado el 26 de febrero, cuando miles de ciudadanos, políticos y activistas se manifestaron, tanto en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) como de la alternancia en 2024 («mi voto no se toca»). O, lo que pareciera lo mismo, en contra del llamado «Plan B» de reforma electoral y todo lo que venga del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
«Ya huelen su derrota y preparan la estafa en 2024. Tiempos peligrosos exigen una nueva forma de hacer política. Ciudadanos y fuerzas opositoras tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país»
Beatriz Pagés (exPRI)
Y si de simbolismos se trata, las cifras de asistencia varían según convenga: desde los 80 mil manifestantes que calculó el Gobierno de la Ciudad de México hasta los 500 mil que presumieron los organizadores de la marcha.
Entre los ciudadanos que respondieron a la convocatoria en (CDMX y otras ciudades del país y del mundo), guiados por una auténtica convicción cívica, se mezclaron intereses políticos y empresariales afectados por las políticas de la 4T.
«Sé que los ministros (de la SCJN) declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales, violan los principios de equidad y certeza»
Ramón Cossío
Entre ellos, los dirigentes de los partidos de oposición Alejandro Moreno (PRI) —y sus operadores Rubén Moreira y Carolina Viggiano—, Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD). También el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN) y los empresarios y organizadores de la marcha, Claudio X. González y Gustavo Hoyos, quienes se unieron a académicos, intelectuales y miembros de más de 120 organizaciones civiles. El expresidente Vicente Fox lo hizo desde León.
Los oradores fueron la exdiputada priista Beatriz Pagés y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, cuyos discursos dejaron en claro que el llamado es a vencer a Morena en las elecciones del año próximo.
«Simpatizantes del conservadurismo en México deben ser como 25 millones. Tienen que mover más gente. Aunque esto exige de muchas fatigas, llenar el Zócalo. Nosotros lo llenamos 60 veces»
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
«Ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en 2024. El “Plan B” de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado», hiperbolizó Pagés. AMLO «utilizó al INE llegar al poder» y hoy «quiere matarlo», arengó.
Sin embargo, si el tabasqueño llegó al poder no fue gracias a las autoridades electorales, sino pese a ellas, pues en las elecciones de 2006 (cuando Pagés apoyó la campaña del candidato priista Roberto Madrazo) y 2012 avalaron las irregulares que llevaron al poder a Felipe Calderón (PAN) y a Enrique Peña Nieto (PRI). En el Gobierno de Peña, la Editorial Cruzada, de Pagés, recibió contratos por más de 57 millones de pesos, según divulgó el Gobierno federal en 2019, al hacer pública una lista con 36 nombres de periodistas y sus respectivas empresas que firmaron acuerdos publicitarios con la administración federal de 2012 a 2018.
«Sé que los ministros (de la SCJN) declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales, violan los principios de equidad y certeza», dijo por su parte Cossío.
AMLO reviró en la conferencia mañanera del día siguiente. Pagés —dijo— «Es hija de José Pagés Llergo, del Siempre!, pero muy priista, muy conservadora». A Cossío lo calificó de «farsante abogado», por haber sido ministro «en pleno narcoestado, apoyado por Calderón» y de haber votado «en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo».
El presidente «ventaneó» además a otros convocantes de la marcha, a quienes calificó como «mapaches electorales y corruptos»: Elba Esther Gordillo (exlíder del SNTE), los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar, el exrector de la UNAM José Narro, la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
Un día antes, AMLO exhortó a los manifestantes a echarle ganas. «Sobre la asistencia, (…) como 80 mil, máximo 100 mil, aquí y en otros estados donde gobierna el PAN (…) pero todavía muy pequeñas (…) porque simpatizantes del conservadurismo en México deben ser como 25 millones (…) Tienen que mover más gente (…) aunque esto exige de muchas fatigas, llenar el zócalo. Nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces», ironizó.
Además, dejó entrever que Morena prepara una «contramarcha». «Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo “ánimo, ahí la llevan”. Qué bueno que se definan», dijo en referencia a la convocatoria de Morena para festejar el 85 aniversario de la expropiación petrolera.
Simbolismos y hashtags
El recorrido de la marcha del 26-F hacia la Plaza de la Constitución estuvo «adornado» por carteles con la imagen del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —quien días antes fue declarado culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero— con la leyenda #CalderónSíSabía.
Al llegar al zócalo, los manifestantes se encontraron con una mega manta colgada de uno de los edificios de la explanada con la fotografía de Luna y la frase la #GarcíaLunaNoSeToca sobre un fondo rosa rosa, color representativo de la manifestación.
El video donde personas la tiran abajo fue compartido en redes sociales y festejado como si se tratara del derrocamiento de un enemigo en un conflicto bélico.
Otro aspecto que no pasó desapercibido para los detractores de AMLO fue la ausencia de la bandera de México en el mástil de la plaza. «Le quiero reclamar al presidente López Obrador que nuestra bandera del zócalo no está puesta para los ciudadanos», dijo Creel. El secretario de Gobernación con Fox (2000-2005) acusó una «provocación» y puso en claro que el objetivo final es acabar con Morena: «Si usted, presidente, no pone la bandera, la vamos a venir a poner ¿y sabe cómo? Con votos en las urnas».
En su mensaje desde el templete, Pagés intentó revivir otro símbolo de lucha contra AMLO, el de «un peligro para México»
«El “Plan B” abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quien sabe también si al próximo presidente de la República, atropella los derechos humanos de los indígenas, de las personas con discapacidad, de la comunidad, de la diversidad sexual, de los trabajos del INE y de nuestras mujeres. Una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria que ignora la paridad de género y candidaturas», dijo.
«Tiempos peligrosos exigen una nueva forma de hacer política. Ciudadanos y fuerzas opositoras tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país. Nadie, absolutamente nadie, debe quedar al margen de una lucha que no admite mezquindades. Atrevámonos a salvar a la política con la ciudadanización de la política, los partidos de oposición hoy resisten los embates del autoritarismo galopante, una tiranía insaciable que chantajea a legisladores para consumar la demolición del INE», agregó.
Pagés mezcla «ciudadanización de la política» con «partidos de oposición», los cuales, dice, unirán fuerzas para participar de las elecciones del año próximo. «Hoy inicia (…) la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24. Desde hoy llenemos las urnas para votar por México (…) votemos para decir a los cercenadores de la democracia: ¡No pasarán!», espoleó.
Amnesia política y «plan C»
Si bien tanto Pagés como Cossío y los demás ciudadanos que participaron de la marcha tienen derecho a manifestarse y expresar sus creencias políticas, la mezcolanza de figuras políticas, líderes de asociaciones y periodistas beneficiarios del erario y que hicieron la vista gorda sobre la corrupción, el nepotismo y la violación de los derechos humanos en los tres últimos sexenios, manchan el ejercicio ciudadano y le dan más argumentos a AMLO para tacharlos de conservadores «ardidos» por la pérdida de privilegios
El caso más emblemático quizás sea el del expresidente Felipe Calderón que propone la unión del PAN con el PRI como única opción para detener a Morena, cuando fue justamente esa alianza entre ambos partidos (electoral, legislativa e ideológica) para frenar a la izquierda la que terminó por minar la confianza ciudadana no solo en el PRIAN, sino en la clase política en general. Este contexto favoreció la creación del Movimiento de Regeneración Nacional y su llegada al poder bajo el estandarte de la Cuarta Transformación.
Y ni qué decir tiene de «Alito» Moreno, quien en un video publicado en Twitter el 27 de febrero habla en nombre de la «sociedad organizada» que «reventó el zócalo» para exigir «elecciones (erecciones, dijo en un lapsus) limpias».
El exgobernador de Campeche, investigado por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, dice que un mes después de la primera marcha para defender al INE —el pasado 13 de noviembre— los priistas «mandamos esta reforma (electoral) al basurero de la historia en la Cámara de Diputados». Olvida que fueron él y su partido los que pusieron en riesgo la alianza con el PAN y el PRD por negociar con Morena el apoyo legislativo a la reforma sobre seguridad pública.
Y lejos de estar en el basurero de la historia, la versión «B» del paquete de reformas entró en vigor el pasado 2 de marzo al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 28 de febrero, el DOF publicó un acuerdo del Consejo General del INE «por el que se presentan las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023».
La oposición trabaja ahora en el plan «plan C», que es básicamente un conjunto de medidas jurídicas para acelerar la revisión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos y asociaciones ante la SCJN con el objetivo de evitar que el «Plan B» se aplique en las elecciones del año próximo. En este sentido, el plazo límite para lograr una suspensión por parte de la Corte sería el 2 de junio.
Por lo pronto, las medidas de la primera parte del plan no se aplicarán en Coahuila y Estado de México, donde ya iniciaron los procesos electorales, pues el pasado 21 de febrero el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad —tramitadas por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el partido Hagamos, así como por senadores y diputados de oposición.
Los recursos son contra los cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas —que pone a salvo a funcionarios que emitan opiniones políticas en veda electoral— y contra la Ley General de Comunicación —que establece un límite de gasto en comunicacional social de 0.1% anual de los presupuestos federal y locales.
La segunda parte, la más cuestionada, tiene que ver con los cambios a la estructura del INE y del tribunal electoral. La Corte tiene la última palabra. E4
Morena y Trife chocan por renovación de consejeros electorales
El pasado 24 de febrero, el Comité Técnico Evaluador (CTE) de la Cámara de Diputados recibió de la Secretaría Técnica un dispositivo de almacenamiento USB encriptado y un sobre cerrado con la contraseña para acceder a los expedientes de cada uno de 664 aspirantes a las cuatro posiciones como consejeros electorales del INE, las cuales quedarán vacantes el próximo 3 de abril, tras el término de los ejercicios de Lorenzo Córdova (presidente), Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña.
Entre las 204 mujeres y 460 hombres que pasaron la primera etapa de evaluaciones, hay de todo: desde perfiles afines a la 4T hasta consejeros y exconsejeros electorales que buscan la presidencia del órgano, como Carla Humphrey (en el cargo) y Javier Santiago.
Entre los perfiles afines a la 4T destacan los tres presentados por la Junta de Coordinación Política: el economista y articulista Enrique Galván Ochoa, la exfuncionaria de la Guardia Nacional Evangelina Hernández y el abogado Andrés Norberto García, cercano a la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, y a quien se le atribuye la frase adoptada por Morena de «El INE sí se toca».
La Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso al sociólogo Ernesto Isunza y a la docente Araceli Mondragón, en sustitución de María del Socorro Puga, cuya designación no pudo sostener la CNDH, por tratarse de una especialista en yoga de la risa y sin experiencia en temas electorales (Reforma, 20.02.23)
Por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recomendó a la politóloga María Esther Azuela y al doctor en Derecho Sergio López Ayllón.
El pasado 28 de febrero, la Cámara de Diputados rechazó que el CTE informe a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre el perfil de los candidatos para entregarlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con 474 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados rechazaron el requerimiento del Tribunal Electoral, que pedía la captura de pantalla de la información que debían proporcionar los aspirantes para garantizar la paridad de género.
En este sentido, el diputado de Morena, Ignacio Mier, señaló que el Congreso estudia la posibilidad de presentar recursos legales contra el Tribunal Electoral por invadir facultades en el proceso de elección de los consejeros. Esto se suma al choque entre diputados y magistrados del TEPJF luego de que éste último ordenara que la quinteta para elegir al presidente INE esté integrada solamente por mujeres.
La resolución judicial fue notificada el 27 de febrero, cuando debió hacerse antes del 23 de febrero, al vencer el plazo para el registro.
El CTE tiene hasta el próximo día 26 para definir a 20 finalistas en cuatro quintetas (5 hombres, 5 mujeres, otra de 5 cinco hombres y 5 candidatos a presidencia del INE —2 de un género y 3 de otro—). El 29 es la fecha límite para un acuerdo y propuesta de la Jucopo. En caso de no lograr el voto calificado de dos tercios del pleno de los diputados, la elección se hará se definirá por tómbola el 31 de marzo. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.