4J: Jiménez se perfila como vencedor, pero algo raro flota en el ambiente

El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD navega con banderas desplegadas en la recta final de las campañas. Armando Guadiana y Ricardo Mejía tienen en sus manos modificar las tendencias y abrir las puertas a la alternancia. Hace seis años se frustró, pues a los opositores les faltó altura de miras

Riquelme-AMLO, la disputa por Coahuila

En Coahuila todos los caminos conducen a la deuda

En la antesala de las elecciones para gobernador más acaloradas y atípicas, el panorama luce despejado para el PRI. La ventaja de Manolo Jiménez parece inalcanzable, y muchos ya se han resignado a ver al dinosaurio seis años más en Palacio de Gobierno, con los cuales completaría un siglo. Sin embargo, el ambiente lo impregna una sensación extraña. No es de incertidumbre, propia de la democracia, ni del deseo de cambio, largamente pospuesto, sino de la eventualidad de un giro inesperado. Los próximos días serán cruciales. El futuro del estado depende de los coahuilenses que cumplan con el deber cívico de acudir a las urnas el 4 de junio. La lista nominal es de poco más de 2.3 millones de ciudadanos, pero no todos votan.

Ejercer el poder durante 94 años le concede al PRI enormes ventajas. Controla los poderes públicos, la Universidad Autónoma de Coahuila, los organismos «autónomos», las cámaras empresariales, la mayoría de las alcaldías y un sector importante de los medios de comunicación está de su lado. La hegemonía se afianzó en los tres últimos sexenios con una estructura de clientelismo disciplinada y eficiente —bajo el mismo mando vertical—. El modelo le ha permitido retener la gubernatura mientras 30 estados optaron ya por la alternancia. Las únicas entidades en poder del PRI son Coahuila y Estado de México. Durango lo ganó en alianza con el PAN y el PRD.

Empero, en la fortaleza del PRI radica también su talón de Aquiles. Gobernar por tanto tiempo provoca desgaste y hartazgo. Pero, hacerlo bajo la presión de una deuda fabulosa cuyo servicio priva a los habitantes de infraestructura, obras y servicios por el orden de los 5 mil millones de pesos anuales (desde 2011) y el malestar social por la falta de castigo para los responsables, complica la elección en puertas. El PRI conservó la gubernatura en las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, pero afrontar a un líder fuerte como Andrés Manuel López Obrador, modifica el escenario. Morena gobierna ya 22 estados.

El triunfalismo del PRI no convence a todos. Para ganar la gubernatura por sí solo le bastarían los 531 mil votos obtenidos en los comicios para alcaldes de 2021. Su alianza con el PAN es para reducir el riesgo de una derrota frente a Morena, el partido de AMLO. Ceder a la cúpula de Acción Nacional posiciones, ahora en su poder, generó enfado entre cuadros y militantes. En el personal de base existe disgusto por el trato de las últimas administraciones. Repartir puestos y diputaciones por amiguismo e imponer a júniores y a miembros de otros partidos, sin formación ni experiencia, podría cobrarse en las casillas. Adicionalmente, el voto de las poderosas Secciones 5 y 38 del sindicato magisterial, históricamente alineadas al PRI, ahora parece orientado hacia la 4T, en particular al candidato del PT, Ricardo Mejía.

Morena es el segundo partido más votado en Coahuila, pero ir solo a la cita del 4 de junio, es un anticipo de derrota. Armando Guadiana no creció, arrastra los pies y no ha logrado conectar con los votantes. Mejía ha generado más expectativa por ser el candidato antisistema, como AMLO lo fue para ganar la presidencia. Su desempeño en los debates de Torreón y Saltillo, organizados por el Instituto Electoral y la Coparmex, le atrajeron simpatías. Antes de postular a Mejía, el PT era inexistente en el estado. Ser el aspirante con menor intención de voto le permite a Evaristo Lenin Pérez (Partido Verde-UDC) actuar sin presión. Una alianza opositora pondría al PRI contra las cuerdas y a Coahuila en la ruta de la alternancia.

El enemigo silencioso

¿Bajo qué argumentos apela el PRI al voto de los coahuilenses para cubrir un ciclo de 100 años en la gubernatura? El primero es la seguridad, tema en el cual jamás se puede cantar victoria. La vecindad con Zacatecas, virtualmente en llamas, y la violencia en los estados gobernados por Morena, se utiliza para contrastar la baja incidencia de homicidios dolosos en Coahuila. Sin embargo, el suicidio, las adicciones y los delitos contra a la población de menos ingresos (asalto, robo a casa habitación…) registran índices alarmantes. La inversión extranjera directa y el empleo son las otras palancas para ganar votos.

La posibilidad de que Morena postulara al lagunero Ricardo Mejía desató una campaña de miedo según la cual el entonces subsecretario de Seguridad Pública representaba un peligro para el estado. Pues, en caso de ser electo, la violencia volvería a apoderarse de Coahuila. Organismos empresariales como la Coparmex y asociaciones civiles proclives a la coalición PRI-PAN-PRD pagaron anuncios espectaculares en Saltillo, Torreón y otras cabeceras. El mensaje, con un tufo amenazante mal disimulado, recordaba los años aciagos, cuando varias ciudades del estado figuraban entre las más peligrosas del planeta. La fama agravó el estancamiento de Torreón, ahuyentó el capital y expulsó a legiones de jóvenes. La propaganda, instalada aún en bulevares y calzadas, omite mañosamente un detalle: esos tiempos se vivieron durante el moreirato.

La embestida se adaptó al cambio de escenario, pero sin variar el tono intimidatorio. Frente a los anuncios donde el candidato de Morena, Armando Guadiana, promete un «cambio verdadero» (no como el del PAN) y el fin del prianato, se instalaron espectaculares favorables al PRI con leyendas como esta: «Y llegaremos nosotros para… transformar Coahuila en Zacatecas. Ya viene el cambio Morena». En los anuncios, firmados por el Frente Nacional anti-AMLO (Frena), se simulan impactos de bala de alto calibre. La seguridad en Coahuila la ponderan no solo los aliados del PRI en el sector privado, a quienes menos afecta, sino también por el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero atribuir el mérito únicamente a la administración local, sin dar crédito al Gobierno federal, ha generado fricciones. Para evitar nuevos conflictos con la 4T, el gobernador Miguel Riquelme empezó a destacar en sus discursos el apoyo de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.

El comportamiento de Riquelme, a lo largo de su Gobierno, juega en favor del PRI y de su delfín, pues reduce el margen de castigo en las urnas. De haber seguido la conducta atrabiliaria y arrogante de su predecesor habría ahondado el disgusto político y social y proporcionado más armas a la oposición. Mantener el orden y la disciplina financiera, forzadas por el elevado endeudamiento y el alto costo del servicio, cifrado en 6 mil 700 millones de pesos este año —equivalente al 10% del presupuesto—, también le favorece. A cambio se sacrificó la inversión social y en infraestructura.

Para tener un juicio menos severo como gobernador, Riquelme cuidó cada área de la administración. La pandemia de COVID-19 le cayó como anillo al dedo, pues la estrategia de comunicación le dio liderazgo. Sofocar los brotes de violencia en la frontera y mantenerse alejado del escándalo también subieron sus bonos. Sin embargo, existen factores que escapan de su control. El hartazgo social y la polarización representan los mayores riesgos para su proyecto. La sombra del clan Moreira tampoco ayuda. En 2017 estuvo a punto de provocar la derrota del PRI y el 4 de junio podría ser peor.

El fiel de la balanza

Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) no ganarían cada uno por su lado la gubernatura, a menos que se unieran. En la misma tesitura, el PRI atrajo al PAN —la votación del PRD es marginal y su dirigencia siempre ha girado en la órbita de los Moreira— para acorazarse y afrontar a la poderosa maquinaria de la 4T, la cual, en apenas cinco años, se ha hecho con 22 estados. En noviembre pasado, la coalición tripartita y el partido guinda estaban empatados técnicamente en la intención de voto, con el 39.1% y el 38.4%, respectivamente (Massive Caller, 15.11.22). De haber mantenido el impulso e incorporado al PT y al PVEM, Morena tendría hoy una ventaja de cinco o seis puntos. Así ocurre en Estado de México, donde Delfina Gómez supera a Alejandra del Moral, de la alianza PRI-PAN-PRD-Panal, por 5.8% (Massive Caller, 30.04.23). En la encuesta de El Universal, la ventaja es de 20 puntos (02.05.23).

En Coahuila —a diferencia de Edomex— el escenario cambió cuando la coalición PRI-PAN-PRD y Morena anunciaron a sus candidatos. En la medición del 20 de diciembre, las intenciones de voto por Manolo Jiménez eran del 34.7% y por Guadiana del 26% de acuerdo con la misma fuente. Las preferencias disminuyeron en ambos casos con respecto a noviembre, pero Morena resultó más afectado, pues el favorito era Ricardo Mejía. La postulación del exsubsecretario de Seguridad Pública, por el PT, le restó a Guadiana más de 15 puntos. El PVEM, otro aliado de Morena, se decantó por Evaristo Lenin Pérez, líder de Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

La ventaja de Jiménez sobre Guadiana aumentó 22.2% (45.4 contra 23.2, respectivamente) en el primer mes de campaña, según Massive Caller. Mejía ocupa el tercer (18.1%) y Pérez, el cuarto (5.7%). La coalición PRI-PAN-PRD parece haber llegado a su techo; si es el caso, la tendencia podría empezar a declinar. Pero aun así llegaría al 4 de junio con un margen suficiente para obtener la gubernatura. El aparato del estado se ha volcado con Jiménez, quien además cuenta con el apoyo de las élites económicas. Sin embargo, en el PRI hay fisuras.

La única manera de cerrar la competencia sería con un frente opositor Morena-PT-Verde, lo cual implicaría la declinación de un par de candidatos. La menos difícil sería la de Pérez, dada su posición en las encuestas. Empero, en Coahuila, el PVEM siempre ha sido comparsa del PRI. Las dirigencias nacionales de Morena y el PT podrían haber iniciado ya negociaciones para retomar la coalición que le ha permitido al presidente López Obrador ganar la mayoría de los estados y el control de la Cámara de Diputados. Las encuestas prefiguran el triunfo de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral en Estado de México, pero Morena no ha renunciado todavía a Coahuila.

El fiel de la balanza para una eventual coalición opositora en el estado es el presidente. Tras convalecer de un tercer contagio de COVID-19 y ante las especulaciones sobre su retiro del poder, AMLO reanudó actividades con mayor enjundia, dispuesto a afianzar la 4T y asegurar su consolidación en el próximo sexenio. Ese fue el propósito de la reunión que celebró en Palacio Nacional el 26 de abril con gobernadores y legisladores de Morena, el PT y el Verde. También participaron los aspirantes presidenciales, encabezados por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Después del encuentro, los senadores aprobaron al vapor un paquete de reformas, impugnadas por las oposiciones. En ese contexto, Coahuila recobra importancia. Perder las elecciones de gobernador con el PRIAN no alteraría la sucesión presidencial, pero se tomaría como una afrenta. E4

---

Riquelme-AMLO, la disputa por Coahuila

El proceso para elegir gobernador entra en su etapa crítica e incierta; todo puede suceder. Los poderes fácticos se alinean al poder, pero la 4T no se da por vencida

Treinta y dos mil votos impidieron la alternancia en Coahuila hace seis años. Con esa diferencia el PRI conservó la gubernatura el 4 de junio de 2017 en un proceso salpicado de irregularidades y denuncias. Miguel Riquelme obtuvo 482 mil sufragios y Guillermo Anaya (PAN), 452 mil. Ha sido la elección más apretada. Las oposiciones superaron al partido en el poder por más de un cuarto de millón de votos, algo nunca antes visto. Una alianza entre los dos candidatos contrarios al PRI más votados (Armando Guadiana y Javier Guerrero) con Anaya, e incluso de uno solo, habría cambiado la historia y puesto fin al moreirato. Anaya puso todo lo que estuvo de su parte para lograr ese fin, pero ninguno cedió. Las vanidades y los egos pudieron más.

La situación se repite seis años después, pero con una variante entonces inimaginable: el PAN, con el pretexto de frenar a Morena, fundió sus siglas con las del PRI para sumarle los votos a su candidato Manolo Jiménez. ¿Cuántos de los 164 mil ciudadanos que sufragaron por Acción Nacional en las elecciones para alcaldes de 2021 lo harán de nuevo el 4 de junio? Si en los cuadros del partido blanquiazul existe desaliento, entre sus simpatizantes la decepción es mayor por esta rendición humillante. La votación por el partido que estuvo a unos pasos de la gubernatura podría caer más todavía, pues abandonó el trabajo. En las negociaciones con el PRI logró más de lo que merecía.

Entretanto el Gobierno y el PRI reforzaron sus estructuras territorial y de control, atrajeron a las élites económicas —adversas al presidente Andrés Manuel López Obrador— y reforzaron los pactos con los poderes fácticos. Así pudieron elevar su votación, recuperar la mayoría en el Congreso local y las alcaldías en poder del PAN y de Morena. También capitalizaron la animadversión hacia la 4T. La cúpula empresarial ha formado causa común con el Gobierno de Miguel Riquelme y su partido. La alianza no es nueva: se inició con el ascenso de Humberto Moreira al poder. No de balde la crítica del sector ha permanecido ausente en los 18 últimos años. La megadeuda y otros escándalos han sido olímpicamente ignorados.

El PRI parece encaminado hacia una victoria fácil, como en los viejos tiempos. Aun así, hay preocupación e incertidumbre. El presidente López Obrador y su movimiento no aceptan derrotas por adelantado. Riquelme y sus operadores lo saben. Un desliz o un suceso inesperado pueden alterar las tendencias electorales. El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD fue arrinconado en los tres debates, pero las intenciones de voto casi no se movieron. El segundo y último mes de campaña inició con una ventaja sólida para Jiménez. Armando Guadiana (Morena) no despega. Ricardo Mejía (PT), quien aprovechó mejor los debates, avanza, pero continúa lejos del primer lugar.

Si Guadiana, Mejía y Evaristo Lenin Pérez (Partido Verde-UDC) permanecen dispersos, pasará lo mismo que hace seis años: las oposiciones le allanarán el camino a Jiménez para hacerse con la gubernatura. Una coalición Morena-PT-Verde-UDC sacudiría los cimientos del poder y abriría la oportunidad de sumar a Coahuila a los 30 estados donde la alternancia terminó con la hegemonía priista. Pero si Guadiana y Mejía no ponen a Coahuila por encima de sus intereses, la culpa no será del PRI, sino de ellos. El partido de Riquelme ha mantenido la unidad y la disciplina, y logró lo que Morena no pudo: evitar fracturas para sortear una elección que hasta hace poco parecía de pronóstico reservado. E4

---

En Coahuila todos los caminos conducen a la deuda

El moreirazo terminará de amortizarse —si bien nos va— en los cuatro próximos sexenios. Jiménez mira para otro lado, mientras Mejía, Pérez y Guadiana dicen basta a los banqueros y apelan al voto de castigo

El gobernador que más obra realizó en Saltillo —después de Óscar Flores Tapia— fue Humberto Moreira, con una diferencia: el primero lo hizo con un presupuesto modesto y sin hipotecar al estado. A Flores Tapia se le recuerda por transformar la capital y detonar el boom industrial. La imagen de Moreira la sepultó la megadeuda, no obstante la inversión en infraestructura y equipamiento urbano. El apellido fue vapuleado por tirios y troyanos en los debates de los candidatos a la gubernatura. Frente a las acusaciones de corrupción, nepotismo y enriquecimiento, ni por asomo se defendió a Humberto y Rubén Moreira. La marca es un estigma y un lastre para el PRI.

El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, mira hacia el futuro: «Pa’ delante», pero la sombra del moreirato no lo deja a sol ni a sombra. Armando Guadiana (Morena), Ricardo Mejía (PT) y Evaristo Lenin Pérez (Verde-UDC) ofrecen abrir e investigar el expediente de la deuda en vez de pasar página. Los coahuilenses han pagado 40 mil millones de pesos en 12 años por un pasivo equivalente y aún deben 38 mil millones. El moreirazo también está adelante, pues, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, terminará de amortizarse en los próximos 24 años. Es decir, dentro de cuatro gobiernos.

Los candidatos de oposición lanzaron en los debates un «basta ya» a los banqueros —«corruptos», los llamó Mejía— por haber hecho la vista gorda al conceder créditos avalados con decretos falsos. Los bancos, algunos de ellos vinculados al grupo político del expresidente Peña Nieto, figuran entre los principales beneficiarios. Además de los políticos y autoridades que urdieron la deuda para enriquecerse con la complicidad del Congreso. Jiménez niega haber aprobado el moreirazo, como Mejía asegura.

Jiménez no formó parte de la LVIII legislatura, la cual debió autorizar la deuda, pero ese requisito constitucional tampoco se cumplió. A los diputados del PRI se les tomó en cuenta solo para legalizar los pasivos contratados de manera irregular. Jiménez ingresó al Congreso en el primer año del Gobierno de Rubén Moreira, quien renegoció el débito dos veces con el visto bueno de bancada. Los legisladores nunca movieron un dedo para investigar el moreirazo; al contrario, bloquearon toda iniciativa. El Sistema Estatal Anticorrupción, controlado por secuaces de los Moreira, es tapadera del clan, acusa el candidato del PT.

En los debates organizados por el Instituto Electoral de Coahuila y la Coparmex, así como en la conversación pública, todos los caminos conducen a la deuda. Imposible evadir el tema mientras permanezca impune y el estado dedique hasta el 10% de su presupuesto al pago de intereses. El moreirazo estalló a mediados de 2011, poco antes de que Rubén Moreira fuera impuesto en la gubernatura. Entonces se supo que Banorte e Interacciones, de la familia Hank Rhon, habían otorgado más del 50% de los créditos. Un trabajo periodístico reveló que el entonces secretario del Sistema de Administración Tributaria del Estado, Javier Villarreal, recibió más de medio millón de pesos diarios en efectivo durante tres meses (Investigan a Banorte e Interacciones por coahuilazo, Contra Línea, 29.11.11).

Coahuila pierde recursos ingentes por la deuda y le impide responder a la demanda de infraestructura, obras y servicios de una sociedad y una economía en crecimiento constante. El escándalo tuvo poco impacto en las elecciones de 2011, pues aún no se dimensionaba la magnitud del quebranto. Sin embargo, pero seis años después, estuvo a punto de hacerle perder al PRI la gubernatura. La megadeuda es una de las banderas de candidatos antioficialistas. Mientras no haya justicia, los abusos del poder pueden castigarse en las urnas. E4