La aprobación de la reforma al poder judicial mexicano y la eliminación de organismos descentralizados del Gobierno federal en el poder legislativo federal no sólo generó el rechazo de los involucrados o directamente afectados, también de sectores productivos y de la academia, pero al parecer el verdadero «tiro» como se dice popularmente será con Estados Unidos y Canadá que ya establecieron su postura ante la decisión del actual y el próximo poder presidencial.
Más allá de las defensas y rechazos a ambas iniciativas cuyo objetivo final pretende un control político y legal de la gobernanza sin permitir equilibrios de la oposición o de quien difiere de las formas de administrar los recursos públicos, ahora la postura podría arriesgar el futuro económico de nuestro país por las reacciones que se podrían generar del principal socio de la economía mexicana.
El humilde escribiente pretende el análisis con los lectores para establecer posibles escenarios del futuro de acuerdo a los contenidos de las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos y los comunicados de Canadá respecto a las modificaciones constitucionales que se concretarán durante el mes de septiembre.
Las señales de tensión en la relación política, comercial y de seguridad son evidentes y las declaraciones dejan claro que ambas posturas difícilmente podrían cambiar en el fondo y si acaso solamente en las formas que resultarían probablemente intrascendentes para el futuro de la relación entre los tres países.
Los antecedentes son muchos y encontraron un punto de inflexión en la desconfianza después de la captura de Ismael Zambada y uno de los hijos del Chapo Guzmán.
El hecho generó sorpresa y provocó que el Gobierno federal mexicano se mostrara contrariado incluso al fincar el delito de traición a la patria contra uno de los presuntos narcotraficantes y que el verdadero problema no fue la operación ilícita o los delitos cometidos por los personajes detenidos por el Gobierno norteamericano, el verdadero problema es que no se avisó y este generó desconfianza y enojo.
Los bloques políticos, económicos, de Gobierno y ciudadanos a favor y en contra de las reformas están definidos y perfectamente delineados y el problema no es para la actual administración federal que está por terminar, si no para los que llegarán y pretenden gobernar los próximos seis años un país endeudado y con un panorama financiero complicado al menos durante el primer año de Gobierno.
Es necesario que los promotores y detractores de las modificaciones constitucionales, establezcan además las realidades de los impactos financieros y políticos que implican los cambios que no necesariamente deben estar ligados al control total del poder y convertir el sistema político mexicano en un Gobierno absolutista.
Los riesgos son altos y sin parecer alarmistas sí es prudente visualizar escenarios de una relación de alta tensión y la pregunta es qué países perderán más con un eventual rompimiento de tratados comerciales y relaciones político-económicas en el futuro.
Sin duda que los tiempos que se viven y se vivirán serán parte de la historia y será interesante en el presente y el futuro quién y quiénes tendrán la razón al tomar decisiones que no solo afectan a los sistemas de gobierno y grupos de poder sino también a los ciudadanos que trabajan todos los días para mejorar sus vidas.
